
La llegada a la presidencia de Abelardo de la Espriella en materia ambiental estuvo marcada por una emergencia. Al mismo tiempo que el país conocía los efectos del sismo de magnitud 7,4 que ocurrió el 10 de agosto, el Ministerio de Ambiente y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) debían atender los más de 30 puntos con incendios que hubo en el país.
El departamento más afectado fue Tolima, seguido de otros como Cundinamarca, Valle del Cauca y Boyacá. El saldo fue de más de 30.000 hectáreas arrasadas por las llamas, afectando bosques, tierras agrícolas e incluso áreas protegidas, como el Parque Nacional Natural Los Nevados, el santuario Iguaque y el parque Isla Salamanca.
El Gobierno aseguró que fueron incendios provocados, pero algunos expertos consultados por este diario en ese momento pidieron tener en cuenta otros factores, como la degradación de los ecosistemas y la falta de medidas preventivas durante temporadas en las que se incrementa el riesgo de incendios.
Los incendios, además, fueron el primer aviso de uno de los principales retos que recibió la cartera de Ambiente, liderada por Fabio Arjona: el fenómeno de El Niño, que en Colombia genera disminución en las lluvias, sequías y estrés hídrico. La gestión durante esa emergencia fue la primera prueba, pero los expertos también hicieron un llamado a tomar medidas preventivas, teniendo en cuenta que los meses más fuertes de El Niño están por venir, entre diciembre de 2026 y febrero de 2027.
Más allá de lo que ocurrió durante los primeros días del período de Gobierno, Arjona llegó a liderar la implementación de la “estrategia Agua, Biodiversidad y Comunidades (ABC)” que él mismo formuló durante la campaña presidencial. En la práctica, el trabajo en materia ambiental se ha concentrado en revocar algunas de las decisiones de última hora que tomó el gobierno anterior y plantear modificaciones fundamentales a los procesos de licenciamiento ambiental, con el fin de incentivar la inversión privada en minería, hidrocarburos y otros sectores.
La revocatoria de resoluciones
A menos de tres semanas de haber iniciado el gobierno, el 19 de agosto, el Gobierno empezó a tumbar varias de las decisiones que el gobierno Petro tomó en material ambiental. Varias de estas significaron un giro en la mirada que desde el Ejecutivo se le da a la minería, la explotación de hidrocarburos y otros aspectos de este sector.
Una de las primeras decisiones fue otorgar una prórroga a la etapa de exploración de AngloGold Ashanti en el proyecto de minería de oro y cobre Quebradona, que se quiere adelantar en Jericó. Esta decisión extendió hasta el 8 de diciembre de 2027 el plazo que la empresa tiene para adelantar estudios geológicos, ambientales y de fuentes de agua, claves para conocer el potencial de explotación minera que tendría el proyecto.
La decisión dio un vuelco a la posición que tuvo el gobierno de Gustavo Petro sobre este proyecto. En diciembre de ese año, la Agencia Nacional de Minería (ANM) había negado la solicitud de prórroga del título minero de Quebradona, después de señalar que la empresa no había avanzado en la obtención de la viabilidad ambiental y que existían debilidades en su relacionamiento con las comunidades. Esa era la cuarta y última prórroga que podía pedir la empresa. Ahora, la misma ANM fue la que reversó la decisión, esta vez bajo la administración de De la Espriella.
La segunda tanda de revocaciones llegó frente a otro conflicto minero-ambiental, esta vez en Santander. En una serie de tres decisiones, que se firmaron entre el 19 de agosto y el 30 de septiembre, el Ministerio de Ambiente derogó tres resoluciones que dejó el gobierno Petro para la delimitación del páramo de Santurbán.
La primera fue la declaratoria de una zona de reserva natural de 1.499 hectáreas en ese ecosistema, asegurando que se adelantaría una nueva evaluación técnica y jurídica para definir si se declaraba o no como zona de reserva esa fracción de Santurbán. La segunda, declaraba una zona de reserva temporal hasta 2029, definiendo un área en la que no se podían adelantar actividades extractivas mientras se analizaba si este debía ser un ecosistema protegido o no. La última fue la delimitación parcial del páramo, argumentando que no se garantizó la participación de las comunidades en ese proceso, como lo ordenó la Corte desde 2017. Hoy ninguna de esas medidas está vigente.
Durante los primeros 100 días de gobierno, el Ministerio de Ambiente anunció otra revocatoria, pero esta aún no se ha ejecutado. Se trata del decreto que reglamentó los mercados de carbono, con el que las empresas pueden compensar sus emisiones contaminantes al comprar la captura o reducción de emisiones en proyectos que conservan el bosque o generan energías renovables. La derogatoria, aseguró la entidad en un comunicado, “busca corregir el procedimiento y construir un nuevo marco regulatorio que ofrezca mayor seguridad jurídica, fortalezca la coordinación entre las entidades competentes y garantice una participación adecuada de los sectores, territorios y comunidades involucrados".
Frente a este punto, es clave mencionar que Arjona fue durante más de 20 años el director de Conservación Internacional, una ONG que impulsa los bonos de carbono y que ha desarrollado varios proyectos al interior de ese mercado. Además, Adriana Gutiérrez, a quien Arjona nombró directora de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, fue miembro de la junta directiva de Asocarbono, el gremio de empresas del mercado de carbono en Colombia, entre enero de 2024 y diciembre de 2025.
Una última decisión que echó para atrás el gobierno de Abelardo de la Espriella en sus primeros 100 días, el 26 de octubre, fue la declaratoria de la Amazonía como una zona libre de explotación de minerales e hidrocarburos a gran escala.
El Ministerio de Ambiente de Irene Vélez, del gobierno Petro, publicó el 4 de agosto la resolución que prohibía la entrega de nuevas concesiones para la exploración y explotación minera y de combustibles fósiles en la Amazonia. Fue una decisión que, como adelantamos en El Espectador, tuvo un proceso de consulta previa apresurado y expertos tenían serias dudas sobre su efectividad, pues gran parte de la Amazonia ya contaba con figuras de protección frente a estas concesiones, mientras que no existían medidas claras para enfrentar la explotación ilegal que se desarrolla en varios puntos de los más de 480.000 kilómetros cuadrados de este territorio.
Justamente la prisa con la que se adelantó la consulta previa, que se inició a menos de un mes del final del gobierno, fue el argumento del Minambiente de Fabio Arjona para revocar la declaratoria. En la decisión, explicaron que no se había cumplido a cabalidad el proceso de preconsulta y que, a la fecha en la que se expidió la decisión, el proceso de consulta con las comunidades afrodescendientes estaba inconcluso.
Por este “vicio procedimental”, como lo califica el Minambiente de Arjona, se echó para atrás una de las decisiones que más promocionó el anterior gobierno en espacios internacionales, como la cumbre de cambio climático en Brasil (COP30) y la conferencia para la salida de los combustibles fósiles en Santa Marta.
Los cambios en el licenciamiento ambiental
Otro de los frentes en los que se ha concentrado el trabajo del Ministerio de Ambiente, en conjunto con la ANLA y la cartera de Interior, es la modificación de los procesos de licenciamiento ambiental para hacerlos “más eficientes”.
Uno de los cambios fundamentales en este sentido lleva varias semanas en discusión. Se trata de la modificación de la consulta previa, que dejaría de ser un prerrequisito para radicar una solicitud de licenciamiento ambiental, y podría ahora desarrollarse en paralelo. Esto, hasta ahora, es un proyecto de decreto.
También anunciaron, mediante una directiva presidencial, que el Ministerio del Interior tendrá facultades para terminar una consulta previa por vía administrativa cuando no se alcancen acuerdos entre las comunidades y las empresas.
Como contamos en un artículo publicado hace pocos días, el Ministerio de Ambiente ha defendido estas medidas como una forma de facilitar los procesos de licenciamiento ambiental para las empresas sin afectar los derechos de las comunidades. Sin embargo, hay organizaciones como Dejusticia, el CAJAR e Ilex Acción Jurídica que consideran que las propuestas del gobierno sí están generando un retroceso frente a los derechos de las comunidades y ponen en riesgo la rigurosidad del proceso de licenciamiento. Además, la Defensoría del Pueblo le ha advertido al Minambiente que son propuestas que modifican un derecho fundamental, por lo que deberían someterse a una consulta previa y ser tramitadas como reforma constitucional.
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜
-
NAVY(47439)•16 de noviembre de 2026 – 07:50Es necesario regular y ponerle limites a las consultas previas que en la practica se han convertido en un mecanismo de extorsion frente a proyectos de explotacion y/o ampliacion de capacidades; una minoria no puede afectar al pais completo (caso Sirius en la Guajira por ejemplo). Tambien ataque a la mineria ilegal que causa afectaciones ambientales irreversibles y es fuente de ingreso de grupos criminales. Siga Presidente
-
olga rebeca(01674)•15 de noviembre de 2026 – 08:09Pobre mi Colombia será arrazada por multinacionales extranjeras y solo nos quedarán daños y pobreza
-
Alberto(3788)•14 de noviembre de 2026 – 16:08Gestión ANTIAMBIENTAL.
-
olga rebeca(01674)•15 de noviembre de 2026 – 08:09Bien denominada
-
-
José Aurelio(91626)•14 de noviembre de 2026 – 13:50Lo peor que le ha pasado a este país. Devolviendo favores a los que lo pusieron en la Presidencia oara poder enriquecerse, pasando por encima de los colombianos
-
olga rebeca(01674)•15 de noviembre de 2026 – 08:09Que tristeza y vergüenza
-
-
osvito(10170)•14 de noviembre de 2026 – 12:33Un desastre.
-
olga rebeca(01674)•15 de noviembre de 2026 – 08:10Peor!!!
-