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El vocero oficial del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, Miller Soto, por medio de un video anunció que la consulta previa se transformará en el país. “No se acaba, se transforma para ser más clara, más eficiente y más garantista”, dijo.
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De acuerdo con el vocero, esta nueva propuesta se centra en que tanto la licencia ambiental como la consulta previa puedan avanzar de forma paralela y autónoma. Es decir, se modificaría el funcionamiento de la consulta previa para establecer procedimientos más claros y evitar que se convierta en un obstáculo para el trámite de las licencias ambientales.
“La propuesta es que la licencia ambiental y la consulta previa puedan avanzar de manera paralela y autónoma, mientras la autoridad ambiental estudia los efectos ambientales de un proyecto”, agregó Soto durante el pronunciamiento.
Entonces, el objetivo final, explicó Soto, es que, mientras la autoridad ambiental adelanta el análisis para determinar los posibles impactos de una iniciativa, la entidad encargada de la consulta previa podría establecer de manera independiente si existe una afectación directa sobre una comunidad.
“Al final, la consulta previa deja de ser un requisito que impida iniciar, evaluar o decidir sobre un proyecto en específico”, puntualizó y agregó que, en caso de que se identifique una afectación, las autoridades encargadas podrían iniciar y desarrollar su propio procedimiento de consulta, sin esperar una conclusión ambiental del proyecto.
Con este cambio, dijo Soto, también se busca diferenciar las competencias y tiempos de trámites de ambos procesos y así evitar que uno quede supeditado al otro.
Cabe recordar, como lo señala la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en su página web, que la consulta previa es un derecho fundamental y colectivo, el cual se concreta por medio de un procedimiento, donde el Estado le garantiza a las comunidades étnicas la participación y el acceso a la información sobre los proyectos, obras o actividades que se pretenda realizar en su territorio.
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Esto, agrega la entidad, se llevará a cabo cuando se determine la posible afectación directa que pueda darse a comunidades étnicas por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. La entidad encargada de liderar, dirigir y coordinar este proceso es la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior.
Una vez la DANCP determina que debe realizarse la consulta previa, convocará a las comunidades étnicas y sus representantes, entes de control (como la Procuraduría, la Defensoría o la Contraloría), las autoridades a nivel territorial (gobernaciones y alcaldía), las autoridades ambientales y los interesados en el proyecto.
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¿Y la licencia ambiental? La ANLA explica que cuando una empresa quiere acceder a una licencia ambiental para realizar una obra, lo primero que debe revisar esta entidad es si hay algún requisito relacionado con la Consulta Previa, el cual deberá ser emitido por la DANCP.
Entonces, si la DANCP determinó que se debía hacer consulta previa, la empresa deberá entregarle a la ANLA todos los documentos y pruebas que demuestren que este proceso se llevó a cabo.
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