La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) informó este lunes que ordenó el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental contra la sociedad Urrá S.A. E.S.P, que opera la represa de Urrá, en el centro de la polémica por su posible implicación en la emergencia por lluvias que está viviendo Córdoba.
Irene Vélez Torres, directora de la entidad, aseguró, citada en un comunicado de prensa, que “como Autoridad ambiental hemos hecho seguimiento riguroso a las actuaciones de la empresa Urrá. Nuestra responsabilidad institucional consiste precisamente en hacer valer los instrumentos de manejo y control ambiental. Por eso, una vez presentada la emergencia en Córdoba, ordené a mi equipo realizar una visita a territorio. En ella pudimos identificar que cientos de familias, que han perdido sus hogares y sustento, no fueron notificadas oportunamente y están siendo atendidas en albergues con condiciones inadecuadas”.
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La ANLA detalla que, desde 2020 y hasta la fecha, ha monitoreado los componentes hidrológicos e hidráulicos del embalse de Urrá I. De este seguimiento, confirma la entidad, se “registró un comportamiento recurrente de sobrepasar las reglas de operación del embalse”. Según agrega la entidad en un comunicado, en lo corrido de todo este tiempo, y durante periodos seguidos, fueron sobrepasados los valores de Curva Guía Máxima (CGM), es decir, el nivel máximo del embalse que garantiza poder contar con un volumen vacío en caso de que ocurra una creciente.
Frente a estos hallazgos, la ANLA señala que durante todo este tiempo ha emitido seis conceptos técnicos remitidos a la empresa operante, URRÁ S.A. E.S.P., exponiendo las inconsistencias de la regla de operación y solicitando requerimientos sobre las mismas. En el concepto técnico emitido en diciembre de 2025, “se concluyó que, a partir del análisis de los niveles de operación asociados al volumen máximo, el sobrepaso identificado se explica en mayor medida como una decisión operativa y no como una respuesta excepcional de contingencia frente a eventos de crecientes”. En otras palabras, Urrá no habría tenido que exceder esos niveles por fuerza mayor, sino que lo hizo por la forma en que operó el embalse.
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Con respecto al comportamiento del volumen del embalse durante 2025, la ANLA encontró que la empresa nuevamente incumplió los máximos. Según la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales (SIPTA), una fuente que cita la Anla, se evidenció que durante el año 2025 se presentó una superación cercana al 20 % respecto de los valores de referencia. Dicho patrón, asegura la ANLA, “se ratifica al examinar el segundo semestre de 2025, periodo en el cual se registró la superación de la Curva Guía Máxima en el 30,6 % del tiempo evaluado”.
Esta práctica, confirma finalmente la entidad, siguió hasta 2026, “cuando la saturación hídrica aumentó súbitamente y el embalse tuvo que descargar aguas abajo”. “El Plan de Emergencia y Contingencia que debe implementar la empresa no puede convertirse en un simple protocolo ni una mera formalidad; debe traducirse en acciones responsables que permitan salvar vidas ante un desastre como el ocurrido. Desde la ANLA seguimos monitoreando los demás embalses, seis de los cuales se encuentran en alerta roja. A sus operadores les hemos insistido que activen sus planes de contingencia de manera oportuna e integral”, finaliza Vélez.
¿Por qué está en el centro del debate?
En una publicación en X, el presidente Gustavo Petro calificó como un “crimen ambiental” cualquier vertimiento de Urrá “sobre los campesinos”. El mandatario agregó que “el gerente debe renunciar de inmediato, y asumir sus responsabilidades penales”. La empresa dueña del embalse es propiedad en un 99% del Estado.
La lógica detrás de lo que dice el presidente es que las descargas que hizo el embalse contribuyeron a la emergencia que vive Córdoba por las lluvias.
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Para los expertos el punto clave es: ¿las lluvias que llevaron al embalse a altos niveles eran previsibles? La pregunta no es menor. Si esas precipitaciones podían anticiparse, la empresa habría tenido margen para ordenar descargas graduales y controladas semanas antes, reduciendo el volumen almacenado y el riesgo aguas abajo. Si no lo eran, y se trató de un evento realmente excepcional, la decisión de descargar de forma abrupta podría entenderse entonces como una respuesta de emergencia y no como una eventual falla en la operación del embalse.
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