Mónica Mosquera, mujer pescadora y representante de la Federación de Pescadores Artesanales del Litoral Pacífico Colombiano (Fedepazcifico), tiene claro que la principal problemática que enfrentan quienes se dedican a la pesca de pequeña escala (PPE) en Colombia es el deterioro ambiental de los ríos, mares y ciénagas donde adelantan sus faenas.
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En su región, ha visto cómo los múltiples dragados que se hacen para asegurar la navegabilidad de los cinco terminales portuarios que hay en Buenaventura han aumentado la cantidad de los sedimentos que dificultan la labor de las piangueras, mujeres que se entierran en el barro del manglar buscando el pequeño molusco.
Mosquera, comisionada de la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos, también ha visto cómo la erosión costera y la contaminación de los cuerpos de agua por la ausencia de plantas de tratamiento de residuos sólidos, entre otras problemáticas ambientales, han afectado a sus compañeros y compañeras de pesca al punto que, para ella, el sector se “encuentra en una UCI”.
Omar Guarín Villazón, oriundo de Magangué (Bolívar) y presidente de la Confederación Mesa Nacional de Pesca Artesanal de Colombia, coincide con el diagnóstico de Mosquera y agrega un elemento que dificulta la labor que cumplen las 350.000 personas que se estima se dedican a la pesca artesanal en el país: hay una total desarticulación de la institucionalidad que debería unirse para ayudar a resolver los problemas del sector.
Antes de mencionar esos retos, Natalie Sarmiento, representante regional para América Latina y el Caribe del Instituto Danés de Derechos Humanos (IDDH), menciona dos “particularidades” que tiene la pesca de pequeña escala en el país. La primera de ellas es que en el país no hay datos suficientes que permitan dimensionar la magnitud que representa esta actividad en términos económicos porque, además, no se sabe cuántas personas se dedican a esta. La cifra de los entre 300.000 y 350.000 pescadores artesanales sale de la última estimación realizada por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2019.
La segunda particularidad que menciona Sarmiento apunta a una dimensión más básica: en Colombia no existe una definición específica sobre qué es la pesca en pequeña escala. Las definiciones más cercanas que existen al respecto son la pesca de subsistencia y la pesca comercial artesanal.
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Tanto las problemáticas identificadas por Mosquera y Guarín como las particularidades señaladas por Sarmiento hacen parte de un reciente análisis adelantado por la IDDH y el Centro para la Justicia Marina sobre la pesca a pequeña escala en Colombia. Tras la presentación del documento, en un evento que reunió a líderes del sector y a pescadores de varias regiones del país la semana pasada, los pescadores artesanales le hicieron un llamado al nuevo gobierno para atender las múltiples barreras que enfrentan.
“Derechos reconocidos, garantías pendientes”
En 2024, el IDDH adelantó un análisis sobre la pesca industrial en el país. Lo que encontraron en esa primera etapa, resume Sarmiento, “fue una multiplicidad de vulneraciones de derechos humanos de una población en alta condición de vulnerabilidad”, haciendo alusión a los pescadores artesanales.
De acuerdo con el análisis más reciente (el de la Aunap y el PNUD), el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para la población pesquera en 2019 se ubicó en el 23,57 % para marítimos y 47,57 % para continentales, cuando el promedio nacional se ubicaba en el 19,1 %. Otra forma de evidenciar la alta vulnerabilidad de las comunidades pescadoras artesanales está relacionada con el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), cuyos porcentajes alcanzaron el 68,46 % en los marítimos y el 87,7 % en los continentales.
Los hallazgos del IDDH y las condiciones de vulnerabilidad de la población pescadora artesanal del país, recuerda Sarmiento, “fueron un llamado natural para que prestáramos atención a esta pesca”.
El primer hallazgo del estudio adelantado por las organizaciones apunta a la necesidad de actualizar el marco jurídico y de política pública que regula la pesca en el país. De acuerdo con el documento, el Estatuto General de Pesca (Ley 13 de 1990) “resulta insuficiente para responder a los desafíos en materia de gestión pesquera, sostenibilidad ambiental y garantía de derechos”.
“Al día de hoy, si uno revisara esa ley a la luz de la Constitución de 1991, la primera capa ausente transversal es el tema de los derechos humanos. ¿Dónde quedan las personas que permiten que el pescado llegue a nuestra mesa?”, apunta Sarmiento al respecto. Lo segundo, continúa la representante regional del IDDH, tiene que ver con los factores de degradación ambiental que hace 36 años, cuando fue expedida la ley, no eran tan graves o exacerbados como lo están hoy. “En esa medida, dentro de la ley no se estaba considerando una visión de cómo hacer un uso responsable y sostenible del recurso pesquero”.
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El segundo hallazgo, recogiendo las declaraciones de Mosquera y Guarín, reconoce que, a pesar de que Colombia cuenta con importantes avances normativos, existen obstáculos en su implementación. Entre esos avances recientes, el documento rescata la Ley 2268 de 2022, que aborda la sostenibilidad socioeconómica de la pesca artesanal con un enfoque diferencial, la creación de la Mesa Nacional Integral Permanente de Pesca en 2023 y el acto legislativo 01 de 2023, que reconoce constitucionalmente al campesinado y abre la puerta a que los pescadores de pequeña escala sean considerados sujetos de especial protección.
Pese a este y otros avances, las organizaciones advierten de problemas de coordinación entre instituciones, limitaciones de financiamiento y falta de información. Un ejemplo claro es la Ley 2268 de 2022, que ordenó realizar el Censo Nacional de Pesca y Acuicultura. A casi cuatro años de su expedición, esta todavía no se ha llevado a cabo.
Para Sarmiento, una de las problemáticas adicionales frente al tema normativo es la “centralización” que existe en el Ministerio de Agricultura y la falta de instrumentos que le permitan a esa cartera articularse con otros ministerios o direcciones.
El tercer hallazgo está justamente relacionado con la “brecha crítica en información y género”. “La falta de un censo nacional actualizado de los hombres y las mujeres de la pesca en pequeña escala limita la capacidad de planificación del Estado, ya que impide conocer con precisión quiénes participan en la actividad, dónde se encuentran y en qué condiciones trabajan”. Sin esta información, agrega el análisis, las políticas se implementan con información incompleta, afectando de manera diferenciada a las mujeres, “cuyo rol en toda la cadena de valor del sector sigue sin estar adecuadamente registrado y reconocido”.
A las tres problemáticas identificadas, el documento agrega múltiples desafíos en la gestión ambiental. Uno de los fenómenos que resalta el análisis apunta a la contaminación que, pese a los instrumentos para vigilar y controlar la contaminación de océanos y aguas continentales, datos de monitoreo, como el Estudio del Agua del 2022, “evidencian problemas recurrentes de calidad ambiental y limitaciones en la efectividad de las medidas”.
Otro de los asuntos ambientales que preocupan a los pescadores artesanales, como advierte Mosquera, es el cambio climático. En resumen, reconoce que ni ella ni sus colegas saben bien qué hacer frente a los cambios que están evidenciando en sus territorios. “Las comunidades pesqueras siguen altamente expuestas a eventos climáticos extremos, sin cobertura adecuada de sistemas de alerta temprana ni mecanismos de respuesta efectivos”, señala el documento.
Con base en las barreras identificadas, tanto el IDDH como el Centro para la Justicia Marina y los pescadores y pescadoras artesanales proponen una serie de medidas concretas que podrían ayudar a mejorar las condiciones del sector. En primer lugar, piden actualizar el Estatuto General de Pesca con la incorporación de un enfoque de derechos humanos, al tiempo que solicitan que se reconozca explícitamente la pesca en pequeña escala como categoría diferenciada, así como a las mujeres y hombres de la pesca como sujetos de especial protección constitucional.
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Además, piden que se ejecute el Censo Nacional de Pesca y Acuicultura y se fortalezcan los sistemas de información, así como que los espacios de participación tengan incidencia efectiva en la toma de decisiones públicas.
Tanto Mosquera como Guarín coinciden en un llamado para el gobierno de Abelardo de la Espriella, que se posesionará en menos de un mes: “Se necesita articulación urgente”. Para la lideresa pesquera del Pacífico, la urgencia radica en que “si no atacamos lo más pronto posible el problema, lo más probable es que en cinco años no vayamos a tener muchas posibilidades de dejarle a las futuras generaciones nada de recurso pesquero”.
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