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Hoy fue aprobado en tercer debate el proyecto de ley número 261 de 2022: “Por la cual se crea el programa de esterilización quirúrgica de gatos y perros como medida de salud pública y protección animal ambiental y se dictan otras disposiciones”, que tuvo como ponente principal a la senadora animalista de la Alianza Verde, Andrea Padilla. A la iniciativa le resta solo un debate en la plenaria de Senado para volverse ley.
Padilla explicó que “es un articulado que establece competencia del Ministerio de Ambiente, crea el programa nacional de esterilización como método de control a la reproducción de gatos y perros, reduce el fenómeno del maltrato, protege la fauna silvestre y la salud pública”. La ley, tal cual está escrita hoy, dice que las esterilizaciones deben ser gratis y que la financiarán los municipios y la nación, tendrán especial atención los animales callejeros y los animales bajo cuidado de las personas rescatistas, fundaciones y la población recicladora. Este programa, que será nacional, podrá ser atendido por estudiantes de veterinaria en prácticas.
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El programa será financiado en un 100% por la Nación para los municipios de categoría 3, 4, 5 y 6, de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo y en los municipios de categoría 1 y 2 el programa será costeado en un 75% por la Nación y en un 25% por estos entes territoriales. Debido a los costos que esto podría significar para el presupuesto de la nación y de esas entidades territoriales, hace unos meses, específicamente, el 20 de septiembre pasado, el Ministerio de Hacienda envió su concepto fiscal.
En este documento, Minhacienda señala que los ministerios involucrados en esta iniciativa, en caso de que se vuelva ley, “no cuentan con la infraestructura ni los recursos necesarios para garantizar campañas de salud animal a nivel nacional”. En el concepto se recuerda además que, según las recomendaciones contenidas en los lineamientos para la Política de Tenencia Responsable de Animales de Compañía y de Producción emitidas por el Ministerio de Salud en 2017, “el control de la población de perros y gatos mediante la esterilización es una responsabilidad directa de sus propietarios, que puede ser asumida por los alcaldes, cuando se tenga identificada la superpoblación en espacios públicos y se cuente con los recursos necesarios”.
Según este concepto, la iniciativa incluye competencias y compromisos para las entidades territoriales que podrían implicar la obligación de incurrir en gastos de funcionamiento y de inversión sin que se señale una fuente de financiación. Es decir, con el contexto actual, es posible que los municipios no tengan plata para asumir ese programa de esterilizaciones. Y aunque el concepto de Minhacienda señala que es deseable incrementar los recursos para la implementación del programa con el propósito promover el acceso y la calidad en la prestación del servicio, esto no debe comprometer la sostenibilidad fiscal.
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“Por ejemplo, mejorar, generar y/o equipar los quirófanos en universidades públicas que estén en las jurisdicciones territoriales, para apoyar la implementación del programa de esterilización en sus territorios, el efecto sería un aumento en los aportes para la constitución del presupuesto de las universidades públicas”, dice el documento. Minhacienda pide entonces incluir los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el respectivo financiamiento para los futuros debates.