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Las conclusiones del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el equipo de científicos que más sabe del tema, en marzo del año pasado fueron claras. La principal señala a las actividades humanas como la principal causa del calentamiento global, que ha llevado a que la temperatura de la Tierra esté 1,1 °C por encima de las temperaturas entre 2011 y 2020, si se compara con las temperaturas antes de la revolución industrial.
Pero, así como la crisis climática ha sido causada por los humanos, las soluciones, dicen los investigadores del IPCC, también están en nuestras manos. Para evitar que la temperatura del planeta supere los 1,5 °C, límite que se estableció en el Acuerdo de París en 2015, las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) —uno de los gases de efecto invernadero (GEI) más importantes—, deben reducirse en un 48 % para 2030, en un 65 % para 2035, y en un 99 % para 2050. Un proceso similar se espera que suceda con otros GEI, como el metano.
Dentro de los mecanismos que se han popularizado para hacerle frente a esta situación, se encuentran los que conforman el mercado carbono, que aún no ha sido regulado en Colombia. Entre ellos, están los impuestos al carbono y los programas voluntarios de compensación a través de la reducción o el secuestro de emisiones.
Sin embargo, como advierte un reciente informe de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN), “junto a este interés por la reducción de emisiones de carbono, están surgiendo nuevas preocupaciones que sugieren la necesidad de mejorar la integración con los objetivos de gestión de la biodiversidad y los ecosistemas”.
Un grupo de investigadores de distintas partes del mundo analizó 71 instrumentos que existen para la reducción de emisiones de carbono, entre las cuales se encuentran 34 Sistemas de Comercio de Emisiones, que incluyen los mercados de carbono, para identificar sus impactos ambientales y sociales. Sus conclusiones fueron presentadas hace algunos días en el documento ‘Un examen de los avances y las cuestiones clave en los mercados mundiales del carbono y sus posibles repercusiones en los ecosistemas’.
Las cinco afectaciones a la biodiversidad
Los bonos de carbono surgieron en la década de 1980 en Estados Unidos para frenar la contaminación del aire que estaba causaba una problemática lluvia ácida que afectaba ecosistemas e infraestructura. Años más tarde fue adaptada en el Protocolo de Kyoto (1997) y, desde entonces, ha evolucionado en diferentes mecanismos.
Los bonos de carbono, a grandes rasgos, es una estrategia con la cual empresas y Estados buscan compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. Lo que se hace es calcular la cantidad de emisiones de CO₂ absorbidas por un territorio, para luego darle un precio en el mercado.
“Si dejamos a un lado los detalles técnicos, el asunto es muy sencillo: las empresas o Estados con mayores emisiones financian proyectos que remueven o capturan el carbono de la atmósfera, permitiendo así compensar su huella de carbono”, explica Julián Trujillo, director de la Clínica Jurídica sobre derecho y Territorio de la Universidad Javeriana. “Es un mecanismo de pago por resultados ambientales en el que cada crédito de carbono representa una tonelada de carbono reducida por un proyecto. Una vez emitidos, estos créditos se convierten en mercancías que se venden en un creciente mercado nacional e internacional donde hay compradores, vendedores e intermediarios”.
A pesar de que es una estrategia que ha venido creciendo bastante en las últimas décadas, a los ojos de varios investigadores, como Trujillo —quien también trabaja en Gaia Amazonas, la organización que acompañó al pueblo indígena de Pirá Paraná en el proceso que llevó a la primera sentencia de la Corte Constitucional sobre los bonos de carbono—, “hay una paradoja, pues este mecanismo pretende mitigar el cambio climático, pero, al tiempo, sigue profundizando el sistema económico que lo ha causado”.
Según los investigadores de la UICN, para 2021 se recaudaron en todo el mundo USD 84.000 millones (dólares) en estas estrategias, de los cuales dos tercios provenían de los Sistemas de Comercio de Emisiones, que incluyen los mercados de carbono, y desde 2007 se han emitido unos 4.700 millones toneladas de CO₂ de créditos de carbono.
Lo más seguro, apunta la antropóloga colombiana Ángela Andrade, presidenta de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN y quien lideró el reciente informe, este mercado seguirá aumentando en los próximos años, “y esto tiene consecuencias positivas, pero también puede tener muchos efectos colaterales negativos a nivel ecológico y a nivel social”.
Tras analizar los 34 Sistemas de Comercio de Emisiones, que incluyen los mercados de carbono, los investigadores de la UICN concluyeron que, “si bien los enfoques del mercado de carbono han establecido metodologías y normas para la contabilidad del carbono, con frecuencia no abordan adecuadamente la conservación de la biodiversidad y las cuestiones más generales de sostenibilidad”.
En concreto, el informe destaca cinco problemáticas principales: la primera, apunta a una evaluación inadecuada de la biodiversidad en la fase de diseño y seguimiento en la fase operativa de estos programas. La segunda, son los precios inadecuados de estos créditos de carbono. La tercera hace referencia a que hay lagunas en los sistemas de contabilidad de GEI asociados a estos proyectos.
Las otras dos barreras, concluye el informe, están relacionadas con la “asignación inadecuada de los impuestos sobre el carbono y los ingresos de financiación directa para la conservación de la biodiversidad, y la falta de políticas y reglamentos adecuados para la distribución de beneficios entre las partes interesadas”.
Pese a que el documento tuvo un énfasis particular en los bonos de carbono, los científicos también abordaron los proyectos de energías renovables, como las centrales eólicas, solares e hidroeléctricas. Sobre estos proyectos, el informe señala que son también pueden ser perjudiciales para la biodiversidad de cierto tipo de fauna, como aves, murciélagos o pesquerías, si su hábitat se ve alterado por las actividades que estas generan.
“Encontramos que en el caso de la transición energética, si no se tiene en cuenta la biodiversidad, los efectos pueden ser muy perjudiciales con afectaciones a aves, peces y la destrucción del hábitat al largo plazo”, indica Andrade.
Frente a este panorama, los autores del documento recomiendan un cambio hacia la contabilización de los beneficios del carbono de los ecosistemas naturales “como parte integrante de todos los beneficios de la gestión de los ecosistemas, incluida la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, y no centrarse únicamente en la mitigación del carbono”.
Al mismo tiempo, dicen, se debe velar por la protección de los derechos humanos y los medios de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales, que habitan los territorios donde se despliegan los proyectos y que dependen de los servicios de los ecosistemas.
En otras palabras, los investigadores abogaron por un uso responsable de los créditos de carbono, que debe garantizarse mediante intervenciones creíbles. De lo contrario, concluyeron, estaría limitándose a calificar cualquier programa de carbono como bueno, lo que llevaría a un “greenwashing” o lavado verde.
¿En qué está el mercado colombiano?
En el país, de acuerdo con la última resolución de la DIAN, que regula el Impuesto Nacional al Carbono, una tonelada de carbono equivale a $25.799. No obstante, según Asocarbono, la asociación que monitorea la situación de estos mercados en el país, la no causación de este impuesto (es decir, la exención del mismo si se opta por compensar) habría disminuido el recaudo en un billón de pesos.
Aun así, como explica Johana Peña, de la fundación Censat Agua Viva, que desarrolló una plataforma para hacerle seguimiento a estos proyectos en el país, uno de los principales problemas de este sistema es la falta de acceso a la información. “Desde agosto de 2022 hasta junio de 2024, la plataforma de Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (Renare) estuvo inhabilitada, por lo que no hubo acceso a esa información. Además, este no tiene vigilancia y monitoreo significativa por parte del Ministerio de Ambiente”, indica.
Precisamente sobre el monitoreo “la Corte Constitucional, en el reciente caso del Pirá Paraná en la Amazonia, determinó que el Estado ha incumplido su deber de establecer una reglamentación y un control adecuado de los proyectos que respete los derechos de los pueblos indígenas y, sobre todo, que reconozca que los pueblos indígenas son gobiernos y autoridades ambientales en las decisiones sobre la implementación o no de estos proyectos en sus territorios”, indica Trujillo, de la Javeriana.
“Lo que vemos en general es una falta de coordinación de las reglas de juego y cooperación, en los que se están dando créditos para periodos de tiempo muy cortos, sin valor claro de lo que reciben las comunidades y sin un monitoreo adecuado de la biodiversidad”, añade Andrade, de la IUCN.
El actual Gobierno Nacional admite que hay fallas en estos mecanismos, y oportunidades de mejorar. Según le contó Mauricio Cabrera, viceministro de Ambiente a El Espectador en este momento se está“ reglamentando estos mercados de carbono para evitar esas asimetrías y conflictos intracomunitarios que están generando con la no regulación, y estamos desarrollando otros instrumentos para que comunidades con proyectos más enfocados hacia la biodiversidad también estén incluidos”.
En este momento, el Ministerio de Ambiente trabaja en la regulación del sistema de comercio de emisiones, llamado Programa Nacional de Cupos Trazables de Emisión, que, a partir de 2025, serán entregados a las industrias con topes de emisión y si no lo supera, lo podrían vender y tener mayores beneficios económicos. Con esto, buscan una mayor transparencia y control de estos mercados.
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