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16 Sep 2022 - 6:46 p. m.

“Nos disponemos a seguir con ese proceso”: minambiente sobre cierre minero de Prodeco

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, afirmó desde el Cesar que el plan de cierre de las minas de Prodeco debe garantizar la participación de las comunidades. Afirmó que esa cartera se compromete a apoyar la tutela que respalda dicha participación.
Susana Muhamad, ministra de Ambiente, se reunió en el Cesar con comunidades y autoridades locales y ambientales para hablar de la transición de vocación productiva del departamento.
Susana Muhamad, ministra de Ambiente, se reunió en el Cesar con comunidades y autoridades locales y ambientales para hablar de la transición de vocación productiva del departamento.
Foto: Ministerio de Ambiente

A principios de este mes, el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar falló a favor de una acción de tutela presentada por más de 14 comunidades, que le exigían al Estado colombiano y a la empresa Prodeco -subsidiaria de la multinacional Glencore- establecer una mesa para discutir el plan de cierre de las minas a las que esta empresa renunció hace un par de años. En esas minas se extraen más de 15 millones de toneladas de carbón al año.

Como contamos en este reportaje, que la Agencia Nacional de Minería aceptara esa renuncia abría un gran debate en el país. Uno de los aspectos que preocupaba a las comunidades cercanas a las minas, a extrabajadores y algunos expertos era cómo iba a ser el proceso de renuncia de las minas y cómo hacer para que la empresa respondiera en temas ambientales y sociales una vez se fuera. (Lea: Hambre extrema se dispara en África y el Caribe, puntos críticos de la crisis climática)

Tras el fallo de tutela del Juzgado 7 de Valledupar, las organizaciones que están siendo representadas por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna señalaron en un comunicado: “por fin se ha hecho justicia para las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, sindicatos y víctimas de la explotación minera de carbón realizada en las minas Calenturitas y la Jagua tras 25 años de operaciones”. Sin embargo, Prodeco cuestionó la legalidad del fallo y solicitó cambio de juez y nulidad del fallo. Por lo que entró el Juzgado 9 Administrativo de Valledupar y volvió a fallar a favor de la tutela de las 14 comunidades.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, estuvo reunida este viernes con comunidades y autoridades ambientales del Cesar para discutir sobre los conflictos socioambientales del departamento. Sobre el cierre minero de Prodeco, la ministra afirmó que las comunidades tienen razón, “tienen que poder participar. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ha avanzado en espacios que generan garantías sociales de participación a las comunidades, y nos disponemos a seguir con ese proceso, a apoyar obviamente la tutela”, señaló la ministra. (Lea: Estados Unidos entregó tres de los 12 helicópteros Black Hawk prometidos al país)

Según Muhamad, el departamento debe iniciar el proceso de transición de vocación productiva, que tardará entre unos 10 y 15 años. La ministra aclaró que ese periodo de tiempo, aunque parezca largo, es el propicio para dicha transición. “El departamento debe iniciar ya con ese proceso, cosa tal de que no haya mayores afectaciones de empleabilidad y de entrenamiento de la gente para otras vocaciones, en especial en un departamento paisajística y ambientalmente tan valioso”, agregó.

La ministra también señaló que a la cartera que dirige le preocupan los impactos ambientales del corredor minero del Cesar. Para Muhamad, la pregunta clave es cómo se hará la recuperación ambiental para que el cierre de las minas vaya siendo progresivo, “o sea, sector minero que vaya terminando, debe, inmediatamente, empezar el cierre y la reconstrucción ambiental. Si esto se hace, cuando lleguemos al final de la vida útil de las minas, pues ya quedará solamente un pedazo”. También insistió en que hay que evitar que queden sitios abandonados o sin manejo. (Lea: La naviera más grande del mundo cambia sus rutas para proteger a ballenas azules)

El reportaje publicado por El Espectador hace unos meses, Rosa Peña, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), afirmó en entrevista que “Prodeco está usando una figura del código de minas que es la renuncia, y no el cierre de minas. Así que se está aprovechando de esa situación para irse y, quizás, eximirse de varias responsabilidades ambientales y sociales que tiene”.

Sobre el tema, Muhamad agrega que “nos toca también normativamente ser más claros como autoridad ambiental en los instrumentos de los cierres”.

El fallo del Juzgado 9 obliga a que Prodeco y la ANLA instalen un “mecanismo efectivo de participación con publicidad y transparencia en medios digitales” para que la mesa de diálogo sobre el plan de cierre minero sea en las zonas de influencia directa del proyecto carbonífero y se deberán concertar espacios que aseguren “la participación efectiva de las comunidades y garantizar la transparencia y publicidad del proceso”. (Lea: Pakistán y la lucha por la justicia climática)

Actualmente, en el Cesar se desarrollan seis proyectos carboníferos. Pribbenow y El Descanso, a cargo de la compañía Drummond LTD; La Jagua, que lleva a cabo Prodeco; El Hatillo y La Francia, en cabeza de Colombian Natural Resourses (CNR); y La Divisa, de Norcarbón.

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