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El Departamento Nacional de Planeación (DNP), publicó el borrador del CONPES sobre la política de Transición energética en Colombia, un documento que, si queda bien estructurado, será clave para que el país cumpla con el compromiso de reducir el 51% de sus emisiones de gases efecto invernadero para 2030.
Como lo comentó Alejandra Botero Barco, directora del DNP, a través de Twitter, las personas que quieran enviar sus comentarios sobre este documento lo podrán hacer al correo grupoconpes@dnp.gov.co.
El CONPES, de 103 páginas, dedica su último capítulo a plantear cuáles son las líneas de acción que se deben seguir para la transición energética en Colombia y que, según explica, se deben desarrollar en seis años (2022-2028), lideradas por 17 entidades.
En el primer punto, donde se señalan las “estrategias y acciones para incrementar la seguridad y confiabilidad en el desabastecimiento energético”, se proponen cuarto cosas: promocionar e incrementar la eficiencia energética; fortalecer la planeación y los mercados energéticos; implementar iniciativas para la incorporación sostenida de reservas de gas y crudo y, finalmente, acceder a infraestructura de abastecimiento seguro y eficiente de hidrocarburos.
En el segundo punto, relacionado con “mejorar el conocimiento y la innovación en transición energética”, también hay cuatro líneas de acción: investigación y formación de capital humano para un sistema de cero y bajas emisiones; fortalecer las capacidades regionales de movilidad sostenible; contar con herramientas de innovación para la gestión de cierre y restauración de áreas con minería y, cuarto, la aplicación de nuevas tecnologías en minas, hidrocarburos y uso alternativo de biocombustibles. (Lea también: ¿Eliminar el carbón? Discusión incómoda en Colombia)
El tercer punto, según el documento, está asociado a los “instrumentos para incrementar el desarrollo y crecimiento económico apalancados del sector minero – energético”. Estas son las cinco líneas de acción: iniciativas para incrementar la cobertura de energía eléctrica y mejorar la calidad del servicio en Zonas No Interconectadas; eficiencia en el servicio de alumbrado público; implementar medidas de fiscalización, digitalización y gestión de la información del sector minero-energético; desarrollar instrumentos para promover la industria y el mercado de movilidad cero y bajo en emisiones y, finalmente, incentivar mayores producciones de carbón y promover la diversificación económica de las regiones con dependencia a actividades extractivas. (Lea también: (Le puede interesar: 2022, año límite para que las empresas miren de frente el cambio climático)
El cuarto y último punto está relacionado con un “sistema energético con bajas emisiones” de gases efecto invernadero, que tiene cinco acciones: definir cómo lograr el ascenso tecnológico en el sector transporte; también lograrlo en el transporte fluvial, férreo y aéreo; ampliación de la demanda de gas como combustible de la transición; fortalecer programas para sustituir leña por gas; aseguramiento y control de calidad de combustibles y biocombustibles y, por último, establecer lineamientos de buenas prácticas de proyectos de economía circular mineros y de transporte.