Desde hace varios años distintas organizaciones y comunidades locales han advertido sobre cómo los impactos del cambio climático afectan de manera diferenciada a las mujeres y niñas (así como a las comunidades más pobres). “La crisis climática no es neutra de cara al género”, señalaba ONU Mujeres en abril de este año al recordar un informe de 2024, en el que se aseguraba, entre otras cosas, que las mujeres son más dependientes de los recursos naturales, pero tienen menos acceso a ellos.
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“En muchas regiones las mujeres cargan con una responsabilidad desproporcionada para garantizar alimentos, agua y combustible a sus familias. Cuando estos recursos se vuelven escasos debido al cambio climático, las mujeres deben trabajar más duro y viajar más lejos”, asegura el informe, en el que se hacía énfasis en la presión que viven las niñas, quienes a menudo deben abandonar sus estudios para apoyar a sus madres en la carga adicional que llevan.
A mediados de este año, un informe de la Iniciativa Spotlight de la ONU concluyó que cada aumento de 1 °C de la temperatura global estaría asociado a un incremento del 4,7 % de la violencia de pareja. De seguir las tendencias actuales, que apuntan a un incremento en 2 °C, 40 millones de mujeres y niñas más podrían sufrir violencia de pareja de aquí a 2090.
Aunque cada vez más hay mayor evidencia sobre los impactos diferenciados del cambio climático, Elizabeth Patiño, subdirectora de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), advierte que el enfoque de género dentro de las emisiones de gases de efecto invernadero no ha sido tan explorado. En otras palabras, sabemos cómo los impactos pueden afectar más a las mujeres, pero no tanto sobre esa relación en las actividades que están generando el cambio climático.
Desde hace algunas semanas Colombia tiene una respuesta más clara a esa inquietud. En el marco de la COP30 de cambio climático, que se celebró en Belém (Brasil), Patiño presentó una metodología inédita en Suramérica que permite entender cómo las desigualdades de género influyen en las emisiones que se producen en el país.
Además de visibilizar desigualdades que no aparecían en instrumentos como el Inventario Nacional de Emisiones y Absorciones Atmosféricas de Colombia, los resultados de un piloto permiten ajustes en las políticas públicas. La metodología, dice Patiño, también puede ser replicada por otros países y regiones para cerrar esa laguna del conocimiento, mientras el Instituto fortalece su investigación en los impactos diferenciados de la adaptación y mitigación al cambio climático.
La desigualdad en el sector porcícola y el transporte público
El origen del ejercicio, recuerda Patiño, surgió hace tres años de la necesidad de transversalizar el enfoque de género dentro del trabajo que hace el Ideam. Uno de los documentos que elabora el Instituto es el Inventario Nacional, un pilar clave de los Informes Bienales de Transparencia (BTR) que el país debe presentar ante la Convención de las Naciones Unidas de Cambio Climático para, en palabras de la subdirectora de Estudios Ambientales, “mostrarle al mundo qué estamos haciendo y si estamos cumpliendo con la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”.
Tras desarrollar la metodología, que consta de 14 pasos y que busca tener datos cualitativos y cuantitativos, el equipo del Ideam la puso a prueba en dos pilotos en sectores estratégicos para las emisiones del país: la cadena porcícola (cría y comercialización de cerdos), uno de los sistemas productivos más relevantes de la agricultura y la ganadería, y el transporte urbano. La elección de estos sectores, aclara Patiño, siguió la metodología planteada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que también se utiliza para la elaboración de los Inventarios de Emisiones y Absorciones.
Tras tocar varias puertas, señala Leonardo Pineda, coordinador del Grupo Cambio Global de la Subdirección de Estudios Ambientales del Ideam, se abrió la puerta para trabajar con 12 empresas porcícolas en cinco departamentos del país, así como para adelantar el piloto de transporte en Cali y Medellín, aplicando 800 encuestas, adelantando 10 grupos focales y realizando 32 recorridos acompañados, además de entrevistas especializadas.
El primer resultado que obtuvieron con las empresas que crían y comercializan cerdos, apunta Pineda, evidenció “un patrón estructural en temas relacionados con la segregación de género”. Mientras las mujeres trabajan principalmente en las actividades asociadas al cuidado animal, como la cría, no participan de la ceba, una fase de alimentación para el crecimiento acelerado, que a su vez es uno de los procesos más intensivos de la cadena (en términos de GEI).
Los investigadores también encontraron que, mientras los hombres tienen más presencia en labores como la ceba o en roles de supervisión, las mujeres se ocupan del trabajo reproductivo y de cuidado, que no cuenta con un reconocimiento económico.
Para Patiño y Pineda, la segregación que se vive en la industria porcícola es clave no solo para reconocer el papel que cumplen hombres y mujeres en las emisiones de gases de efecto invernadero, sino porque también es fundamental tenerla en cuenta a la hora de pensar en la adopción de tecnologías que permitan reducir las emisiones.
El coordinador del Grupo Cambio Global lo explica con un par de ejemplos. Uno de los estereotipos que explican, en parte, la ausencia de mujeres en ciertas tareas tiene que ver con la creencia de que las mujeres son más débiles, lo que se suma al hecho de la menor formación académica de algunas de ellas que (como recordaba ONU Mujeres) tuvieron que abandonar sus estudios para asumir tareas de cuidado o apoyo. En ese sentido, si las tecnologías adquiridas por las empresas requieren un mayor esfuerzo físico o de programación o conocimiento tecnológico, las mujeres corren el riesgo de seguir siendo descartadas.
Por eso, continúa Pineda, la política pública debería apuntar a mejorar la distribución entre hombres y mujeres en las diferentes etapas de la industria porcícola, además de una mejor distribución salarial, pues el trabajo de las mujeres no siempre es remunerado. Finalmente, se debería propiciar un mayor acceso a temas de educación y capacitación para estas últimas, así se disminuye el riesgo de exclusión en algunas fases.
Frente al piloto de transporte, adelantado en Cali y Medellín, el equipo liderado por Patiño y Pineda identificó que, en ambas ciudades, las mujeres realizan viajes más cortos y fragmentados, debido a las responsabilidades de cuidado que tienen. Adicionalmente, la inseguridad en los medios de transporte y el espacio público apareció como un condicionante para que las mujeres accedan a modos de transporte más limpios y prefieran opciones más contaminantes, como vehículos o motocicletas.
Estos resultados son importantes, dicen los funcionarios, pues deberían ser tomados en cuenta para diseñar políticas públicas que permitan mitigar las emisiones que se generan desde el sector del transporte. Algunas de las recomendaciones que esbozan apuntan a mejorar las condiciones de seguridad y aumentar la frecuencia de los diferentes sistemas de transporte que existen en las ciudades del país.
Aunque Patiño y Pineda consideran que es fundamental replicar estos pilotos en otro tipo de sectores, como la ganadería, por mencionar un ejemplo, reconocen que las restricciones presupuestales a las que se enfrenta la entidad hacen compleja esa tarea.
Mientras tanto, los funcionarios ya piensan en cómo adoptar una metodología similar que permita visibilizar la influencia que tiene la desigualdad de género en la mitigación y la adaptación al cambio climático, un componente clave en países altamente vulnerables como el nuestro. Si bien todavía hace falta un largo camino para tener resultados concretos sobre esta temática, ambos investigadores hacen un llamado a reconocer y remunerar las tareas de conservación y cuidado de la naturaleza que hacen, en su mayoría, mujeres.
La herramienta desarrollada por el Ideam, concluyó la subdirectora de Estudios Ambientales durante la presentación en la COP30, permite “revelar desigualdades, comprender territorios y visibilizar a las personas que sostienen los sistemas productivos y urbanos. Cuando los datos incluyen esas realidades, las decisiones se vuelven más humanas, más justas y realmente transformadoras”.
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