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Recientemente se cumplieron 5 años de la firma del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, el cual, oficinalmente no entró en vigor sino hasta el 4 de noviembre de 2016. Treinta días después de que se reunieran las condiciones de la ratificación para lograr la aprobación por parte de un conjunto de países (que al final fueron 55), que representarán como mínimo el 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI). En Colombia, el Acuerdo fue aprobado mediante la Ley 1844 de 2017.
Este instrumento, que reemplazó al Protocolo de Kioto, compromete de forma jurídicamente vinculante a todos los Estados miembros para reducir significativamente sus emisiones de GEI de forma que la temperatura global no ascienda por encima de los 2oC, al tiempo que, adelantan acciones para fortalecer las capacidades de adaptación de sus territorios y sectores. Entre líneas, este Acuerdo plantea el cambio en el modelo de desarrollo del mundo, promoviendo transformar las economías desde modelos carbono-intensivos y lineales caracterizados por la secuencia: producir-consumir-desechar, hacia economías circulares y carbono-neutras, donde la electricidad y otros combustibles como el hidrógeno, muevan al mundo.
Los ecos de las alertas enviadas por la ciencia, han puesto en marcha iniciativas económicas y políticas globales para lograr que el mundo sea una sociedad carbono-neutra en 2050, es decir, un mundo sin emisiones netas de GEI. Este compromiso global es liderado por actores tan relevantes como el Foro Económico Mundial, El Fondo Monetario Internacional, los bancos internacionales de desarrollo (Banco Mundial, BID, CAF, AFD, BMU, entre otros) y un grupo importante de grandes empresas multinacionales, sin dejar de contar, por supuesto, a la Organización de las Naciones Unidas y las agencias de cooperación técnica internacional.
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En otras palabras, los nuevos escenarios políticos y económicos impondrán de manera extensiva lógicas comerciales y de financiamiento novedosas, u otras que hasta ahora son de limitada aplicación, para construir este nuevo modelo que concilie el crecimiento económico globalizado, el bienestar humano y la protección del medioambiente: serán frecuentes la evaluación de impactos territoriales como factores condicionantes para recibir créditos, la evaluación de las huellas ecológica y de carbono de los productos como aspecto clave en la posibilidad de exportación, la evaluación de características medioambientales como elementos clave para evaluar la competitividad de un país o una región, entre otros muchos instrumentos.
En este escenario, Colombia ha adquirido un compromiso internacional sin precedentes en su ambición a mediano plazo, el de reducir en 51% las emisiones de GEI respecto del escenario de referencia en 2030 (proyectado a partir de un período base 2010-2014), es decir, se propone emitir 169 MTonCO2eq en lugar de las 345.8 MTonCO2eq inicialmente proyectadas. Este nivel de compromiso y ambición era impensable sólo hasta hace unos cuantos meses dados los enormes retos que implica.
Sin embargo, no puede pensarse que esta reducción tan significativa de emisiones GEI es caprichosa, por el contrario, responde a la necesaria ruta que Colombia debe seguir si quiere convertirse a mediados del Siglo XXI en una sociedad carbono-neutral, tal como lo ha expresado el Señor Presidente Duque en reiteradas ocasiones. Precisamente, para completar la planeación de este camino hacia la carbono-neutralidad, Colombia avanza de forma complementaria en la formulación participativa de su Estrategia Climática de Largo Plazo E2050 (www.e2050colombia.com), la cual se enmarca también en los compromisos adquiridos con el Acuerdo de París, y que será una política de Estado que orientará las transformaciones profundas que la nación y cada una de sus regiones requerirán durante los próximos 30 años para convertirse y mantenerse como una sociedad resiliente al clima.
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Este instrumento, más que un simple documento, deberá ser asumido nacionalmente como un proceso que deberá mantener abiertos los diálogos nacionales con los territorios, las comunidades y los sectores productivos, para fortalecer las capacidades, impulsar las innovaciones, acompañar las transformaciones y posicionar los mensajes clave, que construyan cultura de carbono-neutralidad. Al mismo tiempo, las sucesivas NDC que Colombia irá estableciendo durante las próximas tres décadas, así como las actualizaciones de los Planes Territoriales y Sectoriales de Gestión de Cambio Climático (PIGCC) y los Planes de Ordenamiento Territorial, serán algunos de los principales instrumentos para implementar la E2050 de Colombia.
El camino de transformación hacia la carbono-neutralidad es posible, pero no es sencillo, Colombia requiere enfrentar y acompañar a los sectores productivos y a los territorios para disipar los miedos iniciales que acompañan toda gran transformación. Requerimos que exista coherencia entre los sucesivos planes de desarrollo y los incentivos y políticas a crear. Este gran objetivo debe ser protegido de la banalización en que pueda caer producto de opiniones politiqueras y anti-técnicas, simplemente porque “a mí me parece…”. Es cierto que el país debe trabajar en cerrar muchas brechas que aún impiden algunos grandes cambios, pero es mentira que nada puede cambiar.
Por ahora, se hace urgente comenzar a concentrarse en tres temas principales: 1. Promover cambios en la mentalidad y las prácticas corporativas e institucionales, de manera que el territorio entre a formar parte integral de la gestión; 2. Desarrollar y adecuar un conjunto amplio de medios de implementación que faciliten y respalden los cambios necesarios; y, 3. Luchar frontalmente contra la ilegalidad que deforesta y degrada masivamente nuestros valiosos ecosistemas.