La sentencia que declaró al río Atrato como sujeto de derechos sigue andando. El Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, presidió la primera sesión de la Comisión de Guardianes del río Atrato, una de las principales ordenes de esa sentencia. (Puede leer: El río Atrato ya tiene comisión oficial que lo cuide)
La Comisión está integrada por 14 representantes de las comunidades y el Gobierno Nacional, liderado por el Ministerio de Ambiente, acompañado por la Comisión Intersectorial para el Chocó. Si bien la Comisión se conformó poco tiempo después de que el fallo se hiciera público, este viernes fue su primera sesión oficial. (Para saber, lo invitamos a leer los perfiles de los guardianes encargados de salvar el Atrato)
Manuel Romaña, guardián del río Atrato, dijo en la reunión que “Saludamos este escenario como un escenario importante desde esta primera sesión porque creemos que frente a lo que hemos reiterado se han tomado elementos importantes para la inclusión con un contexto de territorio. Debemos tener sinergia para definir la intervención clara y concisa para el río, y que podamos dejar lineamientos”.
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Por su parte, Ingrid Katherine Asprilla, guardiana del río añadió que “ya hemos iniciado a articular nuestro proceso de planeación para darle cumplimiento a la sentencia con varias instituciones como el Ministerio de Ambiente. Esperamos dejar el trabajo plasmado para que continúe en el otro gobierno y poder darle cumplimiento a la sentencia”.
En la reunión, el Ministerio presentó además un balance actualizado del cumplimiento y la presentación de la propuesta del plan de descontaminación del río Atrato. Otras entidades, como la Procuraduría, también le han dado cumplimiento a sus respectivas órdenes.
Además de adquirir la personería jurídica del río, el Ministerio ya le presentó a la Corte Constitucional, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al comité de verificación de la sentencia la propuesta del plan de descontaminación, tal como quedó establecido en la quinta orden del fallo (aunque se atrasó un mes la entrega, pues de acuerdo con el fallo, debia estar lista para el 5 de junio).
Este plan de descontaminación está en revisión de los expertos y guardianes para que se pueda concertar e implementar.
Murillo explicó para redactar ese plan de descontaminación, “se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la comunidad y se hicieron diversas mesas de trabajo con sus representantes y con instituciones como la Gobernación de Antioquia, de Chocó, Codechocó y Corpourabá, entre otros, para hacer el diagnóstico y definir acciones conjuntas. También se firmó un convenio con el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacifico (IIAP)”.
Fue así como se identificaron los principales problemas de esta región: la deforestación y la minería ilegal. Para solucionarlas, el gobierno ha tomado diversas medidas, como la suspensión de la minería en río Quito.
En el mismo sentido, el IDEAM está cerrando una licitación por cerca de 1500 millones de pesos para la modelación del río Atrato, es decir, para hacer un modelo que permita identificar con detalle eventos extremos del clima que, unido a una evaluación de ecosistemas y el comportamiento de suelos, será una herramienta clave para la planificación ambiental del río.
El plan de acción que ordenó la Corte Constitucional se ha venido implementando, de acuerdo con el Ministerio, mediante programas, proyectos, contratos y convenios, como el Proyecto GEF 5 que tiene como objeto proteger la biodiversidad en la región del Chocó de los impactos directos de la minería de oro, plata y platino y de los efectos indirectos de la misma.
Asimismo, el ministerio logró la creación de la Comisión Intersectorial para el Chocó, que abordará los problemas más urgentes del departamento del Chocó junto a todos los ministerios, la Presidencia y Planeación Nacional.
Pero el Ministerio de Ambiente no fue la única entidad a la que se le dieron órdenes en el fallo. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, diseñó el plan de erradicación de la extracción ilícita de minerales, el Ministerio de Salud sigue debiendo los estudios epidemiológicos y toxicológicos de las personas de la zona, y la cartera de Agricultura del plan de seguridad alimentaria.
“Este es un proceso que se inicia hoy, pero es a largo plazo, lo que tenemos previsto es que se van a asegurar para la próxima vigencia con distintas fuentes, como presupuesto general, regalías y cooperación, recursos cerca de 60 mil millones de pesos para el cumplimiento”, finalizó Murillo.