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El mercado de motos en Colombia atraviesa un momento histórico, impulsado por una demanda en crecimiento y cifras que reflejan el peso real de esta industria en la economía nacional. De acuerdo con el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), solo en el primer semestre del año se matricularon más de 450.000 motocicletas nuevas, y todo indica que, al cierre de 2025, la cifra podría superar el millón de unidades vendidas.
Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca lideran el registro de nuevas matrículas y concentran más del 45 % del parque nacional, consolidando a la moto como el vehículo más utilizado en el país y, a la vez, como un verdadero motor de movilidad y empleo. Según Asopartes, este ecosistema genera cerca de 70.000 empleos directos y aporta alrededor del 2,5 % del PIB industrial.
Este panorama, aunque positivo, tiene un lado oscuro que amenaza el equilibrio del sector. Detrás de este crecimiento hay un problema que sigue tomando fuerza: el contrabando de repuestos. Un mercado paralelo que no solo golpea la economía formal, sino que también pone en riesgo la seguridad de millones de motociclistas.
Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cerca del 10 % de los repuestos que ingresaron al país durante 2024 lo hicieron de manera ilegal, lo que equivale a más de 260 millones de dólares, o unos 1,1 billones de pesos. Ese flujo de mercancía sin control afecta directamente a los distribuidores legales, limita la inversión y crea una competencia desleal que desangra a talleres y almacenes en todo el territorio.
“Colombia vive un auge en el mercado de motos, con cifras históricas que demuestran su rol como motor de movilidad y empleo. Pero al mismo tiempo debemos enfrentar el mercado ilegal de repuestos, que amenaza la sostenibilidad de miles de negocios formales. Desde Asopartes insistimos en que la protección del repuesto certificado es esencial para la seguridad de los usuarios y la salud de la industria”, señala Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes.
Pineda advierte que cada pieza ilegal o robada representa una venta perdida para el comercio formal, lo que golpea la liquidez de las empresas, frena la inversión y termina provocando el cierre de talleres, bodegas y puntos de venta que no logran competir con precios forzadamente bajos.
“Más de 70.000 empleos directos vinculados al ecosistema de autopartes y motocicletas podrían verse comprometidos si no se detiene esta cadena que erosiona la competitividad, desalienta la formalidad y pone en riesgo la sostenibilidad de la industria nacional”, enfatiza.
A esta problemática se suma el robo de motos y autopartes, que también alimenta el mercado negro. Según el Siedco de la Policía Nacional, entre enero y julio de 2025 se reportaron 19.638 motocicletas hurtadas, junto con 5.100 vehículos y 2.900 autopartes, dejando pérdidas por más de 410.000 millones de pesos.
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¿Cómo afecta el contrabando de repuestos la seguridad vial en Colombia?
El uso de repuestos de contrabando o provenientes del robo representa una amenaza directa para la seguridad vial del país. Según Pineda, componentes críticos como frenos, suspensiones o llantas falsificadas no cumplen con los estándares técnicos ni con las certificaciones exigidas, lo que incrementa de manera significativa el riesgo de fallas mecánicas, pérdida de control y siniestros en las vías.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), los motociclistas representan el 61 % de las víctimas fatales en accidentes de tránsito, y una parte importante de estos casos está relacionada con deficiencias en el mantenimiento o con el uso de piezas no certificadas. Pineda enfatiza que, aunque los repuestos ilegales suelen ofrecerse a precios más bajos, ese aparente ahorro termina convirtiéndose en pérdidas humanas, mayores costos sociales y un impacto directo sobre la confianza y la sostenibilidad del mercado formal.
Consciente de esta problemática, Asopartes ha diseñado un plan de cinco ejes estratégicos para enfrentar el crecimiento del mercado ilegal y proteger los 70.000 empleos formales que dependen del sector:
- Control y trazabilidad: fortalecer los mecanismos de registro y verificación a lo largo de la cadena de suministro.
- Compre bien, compre legal: desarrollar campañas pedagógicas dirigidas al consumidor final.
- Judicialización efectiva: brindar acompañamiento técnico a las autoridades para sancionar la comercialización ilegal.
- Compras públicas responsables: promover que las entidades estatales prioricen proveedores certificados en sus procesos de adquisición.
- Capacitación y formalización: fortalecer la red de talleres y distribuidores formales en todo el país.
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