Mientras Juan Carlos Suárez Ortiz, único procesado por el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo, compareció este jueves por tercera ocasión ante un juez, su supuesto cómplice, al cierre de esta edición, seguía sin ser capturado. Una vez más, en la audiencia virtual el detenido se mostró inexpresivo, mientras las partes intervenían y revelaban más detalles de la noche en la que mataron a golpes al joven de 20 años.
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La diligencia se citó para que el juez decidiera sobre la solicitud de la Fiscalía de dictar medida de aseguramiento contra el detenido, para evitar su fuga y su ausencia en el juicio. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por el relevo del fiscal, ante las dificultades que tuvo el primer delegado en la imputación, y el cambio de abogado de Suárez Ortiz. Todo llevó a que la audiencia se retrasara, obligando a una nueva suspensión y a convocar su continuidad este viernes.
No obstante, las horas que duró la diligencia fue la oportunidad para conocer nuevos detalles de lo que ocurrió la madrugada del 31 de octubre. El ente acusador comenzó narrando cómo, a las 3:25 a.m., Moreno y un grupo de amigos abandonaron el bar Before Club, donde fue la fiesta de disfraces, ubicado en la avenida Caracas con calle 63, punto de partida de la tragedia.
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Nuevos detalles
Según el relato, el grupo salió en dirección a una tienda Oxxo, ubicada a una cuadra del bar, donde ocurrió la primera agresión de Suárez. Narró la Fiscalía que el detenido, quien iba con el rostro pintado, estaba con otro hombre y dos mujeres. Ellas habrían señalado a Moreno “como el de la discoteca”, lo que detonó una primera agresión física.
Luego de ese prrimer golpe, que ocurrió frente a las instalaciones del INCAP, en la Caracas con calle 64, la víctima intentó huir, pero los agresores lo persiguieron y lo alcanzaron en la esquina de la calle 64 con carrera 15. “Le propinaron puños hasta tumbarlo y, ya en el suelo, lo patearon repetidamente en la cara y el cuerpo”, añadió. Una de las mujeres arengaba la golpiza y aupaba a los hombres a seguir golpeándolo.
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Un paréntesis necesario tiene que ver con la explicación que inicialmente dieron los involucrados en el caso. Justificaron la mortal golpiza en un supuesto episodio de acoso contra una de las mujeres dentro del bar, versión que refutó el delegado de la Procuraduría, al señalar que no existían evidencias del hecho. Además, de llegar a ser cierto, la reacción de Suárez Ortiz, a todas luces, había sido desmedida, ya que debió acudir a las autoridades.
Una muerte que pudo evitarse
Los testigos describieron una escena de horror: mientras Moreno sangraba por nariz y boca, asfixiándose con su sangre, los involucrados seguían en la zona como si nada hubiera pasado, reflejando, en palabras de la Fiscalía, una “frialdad alarmante” y “desprecio por la vida”. Agrega que la captura en flagrancia se dio por la acción de la comunidad y de las autoridades, y no por un acto espontáneo que reconociera la gravedad de los hechos. Así, la Policía, alertada por transeúntes y testigos, capturó a Suárez y a las dos mujeres en la calle 69 con carrera 14.
Moreno fue trasladado en estado crítico al Cami de Chapinero y luego al Hospital Simón Bolívar, donde horas después se confirmó su deceso. Los reportes médicos citados dan cuenta de la gravedad del ataque: trauma craneoencefálico severo, hematomas y contusiones múltiples. A pesar de los esfuerzos quirúrgicos, el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio a las 6:33 p.m. y falleció 30 minutos después.
La Fiscalía no descartó que en el proceso se evalúe una posible falla en la atención médica inicial, pues —según la funcionaria judicial— se investigará si una intervención más oportuna habría podido salvarle la vida. Sin embargo, aclaró que en el momento del ingreso del joven al centro asistencial su estado era complejo y representaba un peligro latente de muerte.
Violencia irracional
La fiscal imputó a Suárez Ortiz por homicidio doloso agravado, por haberse cometido con sevicia, desproporción y en estado de indefensión de la víctima. “El actuar fue motivado en una situación de absoluta desproporción”, enfatizó el ente acusador. La pena prevista para este delito oscila entre 40 y 50 años de prisión, cargo que el procesado no aceptó. Así las cosas, tras el nuevo pedido de la defensa de aplazar la audiencia, esta continuará este viernes 7 de noviembre.
Al respecto, Francisco Bernate, uno de los tres abogados de la familia de la víctima, señaló que la no aceptación era “previsible”, pese a que “las pruebas son sólidas”. Agregó que el imputado “habría podido aspirar a una rebaja importante de pena”, de haberse acogido a sentencia anticipada. Ahora, dijo, la expectativa está en la medida de aseguramiento y que el juez “mande a esta persona a prisión, con eso se enviaría un mensaje claro a los colombianos”, agregó.
Lo que se espera para este viernes es que el juez quede convencido de “que se cumplen los requisitos legales para la detención intramural del procesado, porque hay gravedad del delito, riesgo de fuga y necesidad de proteger a la sociedad”, explica Camilo Rincón, otro abogado de la familia de la víctima. Añadió que, tras el juicio, la familia “espera una decisión ejemplar, proporcional a la agresión que sufrió Jaime Esteban y que todos los involucrados comparezcan ante la justicia”.
Precisamente, sobre las demás personas involucradas, el penalista Rafael Quintero explicó que no se descarta la vinculación de las dos mujeres. El asesinato de Jaime Moreno no solo desnuda la ferocidad con la que puede estallar una riña urbana, sino la fragilidad de la convivencia en los espacios nocturnos, debate que se reabre justo cuando la ciudad define las zonas donde se extenderá el horario de rumba en la ciudad.
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