EL futuro del antiguo complejo hospitalario San Juan de Dios sigue generando polémica. Mientras la actual administración avanza en el plan de demoler el edificio central, para dar paso a dos nuevos centros asistenciales en el terreno, el concejal de Bogotá, Carlos Carillo (Polo Democrático), radicó una denuncia contra contra la administración y el Ministerio de Cultura, al considerar que hay posibles irregularidades en el proyecto.
Según el cabildante, la decisión de demoler el Edificio Central de este complejo podría obedecer a una “falsedad ideológica en documento público y prevaricato”, puesto que, existiendo otras posibilidades para restaurar este lugar, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU) no las contempló.
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Los hechos se remontan al 9 de febrero de 2009, cuando el juzgado 12 Administrativo de Bogotá expidió una sentencia, a través de la cual ordenó al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Cultura y de Educación, al Departamento de Cundinamarca y al Distrito tomar las medidas necesarias para restaurar, recuperar, conservar y defender el patrimonio cultural de los monumentos nacionales del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil.
Con el ánimo de acatar el fallo del juzgado, se desarrolló el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, que se realizó a través de un estudio de la Universidad Nacional, por un valor de $1.650 millones. Sin embargo, la administración del entonces alcalde Enrique Peñalosa contrató además con la Universidad de los Andes un estudio técnico sobre la vulnerabilidad sísmica del Bloque Central del San Juan, cuyos resultados arrojaron tres opciones de intervención para el Edificio: la demolición y las otras dos al reforzamiento estructural
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Lo que llamó la atención del concejal Carrillo es que, según el estudio adelantado por la Universidad de los Andes, las dos opciones de reforzamiento eran más económicas, pues si bien el Edificio Central requiere un reforzamiento estructural, “es más barato y rápido preservar el patrimonio cultural”, indicó.
Para el concejal, el hecho de que la ERU afirmara que la demolición era la única opción viable según el estudio de la U. de los Andes, esto constituye una “total falacia”, pues la administración local “parece haber cometido conductas particularmente graves, ya que presuntamente se podría estar frente a la comisión de actos delictivos como falsedad ideológica en documento público y prevaricato, puesto que el contenido de varios documentos públicos expedidos por la ERU faltan a la verdad e inciden en la toma de decisiones frente a la conservación de un bien patrimonial de la Nación, documentos que, al parecer, tampoco fueron revisados exhaustivamente en el ejercicio de su deber legal, por entidades competentes como la Secretaría Distrital de Salud”.
Por estos hechos, el pasado 23 de junio el Juzgado 12 Administrativo de Bogotá admitió dar trámite al incidente de desacato por de la administración local, interpuesto por el concejal Carrillo. El mismo Juzgado trasladó la solicitud del concejal a las entidades demandadas y otorgó un término de 10 días para dar respuesta a la denuncia.
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Sobre el proyecto de restauración de este complejo hospitalario, cuyas obras iniciaron el pasado 2 de julio, a la alcaldesa Claudia López le han llovido varias críticas. El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, indicó que la mandataria local estaría impulsando la privatización del Hospital. Por su parte, López aseguró que no se demolerá ningún patrimonio y que “todos los edificios patrimoniales del complejo San Juan de Dios se mantienen”.
“El edifico de la antigua torre central no es patrimonio histórico y está abandonado. Por eso ahí se hará el nuevo hospital San Juan de Dios-Santa Clara” para mejorar la capacidad del sistema hospitalario de la capital, especialmente en el escenario de emergencia sanitaria que enfrenta actualmente la ciudad.
El Concejal Carlos Carrillo se encuentra a la espera de las respuestas de las entidades demandadas y de la autoridad judicial, e invitó a todos los interesados a “mantener el rigor en el debate y no desinformar a la ciudadanía”.
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