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Con el cierre de septiembre, los sistemas de regulación hídrica del centro del país reportaron un panorama favorable que, en principio, ofrece un respiro para Bogotá y los municipios de la sabana. Sin embargo, lejos de celebrar cifras altas, las autoridades ambientales lanzaron una advertencia directa: confiarse del buen momento de los embalses y relajar el consumo sería un error crítico frente a la temporada de sequía que pronostican los expertos para finales de año.
En contexto: Sequía en el Tequendama: CAR podría suspender concesiones de agua en 35 municipios
Al entregar el balance mensual de los embalses de la región, la dirección general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) señaló que los volúmenes actuales han permitido una operación controlada y satisfactoria de las descargas, pero insistió en que el agua disponible no es una licencia para el desperdicio.
Balance positivo, pero condicionado
Los datos de cierre de septiembre muestran que el sistema Chingaza alcanzó un promedio del 94 % de su capacidad, mientras que el Agregado Sur llegó hasta el 101 %. Por su parte, los embalses del agregado Norte —como el Neusa y el Sisga— se mantuvieron firmes por encima del 85 %.
Durante las cuatro semanas del mes, los embalses operados directamente por la corporación mostraron una tendencia equilibrada, con leves descensos marcados por la ausencia de lluvias registrada en la segunda mitad del mes. Una dinámica similar se vivió en los embalses de Chuza, San Rafael, Chisacá y La Regadera, administrados por la Empresa de Acueducto de Bogotá.
No obstante, la aparente solvencia en el papel contrasta con una actualidad regional complejo. “Mientras medio país ya padece estrés hídrico sería irresponsable vender una ilusión de abundancia inagotable en el centro del país. Esta estabilidad no es una fiesta para gastar, es una ventana de oportunidades para blindarnos”, advirtió la dirección de la entidad.
La lupa sobre 35 municipios: la inminente suspensión de concesiones de agua
Detrás de la tranquilidad que reflejan los grandes embalses de la sabana, la realidad en las regiones es diametralmente opuesta. La caída crítica en los caudales de las cuencas llevó a la autoridad ambiental a poner la lupa sobre 35 municipios de Cundinamarca y Boyacá que ya encienden alarmas por desabastecimiento, una situación que obligará a revisar a fondo las concesiones de agua otorgadas a la industria, el comercio y la agroindustria para blindar, por encima de todo, el consumo humano.
La medida no operará con una prohibición generalizada, sino con un pulso técnico a través de sus 14 direcciones regionales distribuidas en todo el territorio para vigilar de cerca las cuencas locales. Los equipos de campo evaluarán expediente por expediente para determinar qué actividades ejercen mayor presión sobre las bocatomas comunitarias, con la facultad legal de recortar volúmenes o suspender de manera temporal los permisos de captación.
Paralelamente, la entidad recomendó frenar nuevas solicitudes en zonas críticas y abrió mesas de acompañamiento técnico para explorar alternativas —como el uso regulado de aguas subterráneas, pozos profundos y sistemas de recolección de lluvias—, buscando equilibrar la supervivencia económica de la región con el derecho fundamental al agua potable.
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