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El debate sobre el pico y placa para vehículos foráneos en Bogotá sube de tono. Tanto el alcalde de Soacha, y ahora el de Zipaquirá han manifestado su rechazo a la propuesta del distrito.
En una intervención contundente, el alcalde Julián Sánchez advirtió que la discusión no puede darse desde la individualidad, sino desde la construcción regional:
“Este es el espacio de la gobernanza y la integración, el espacio para tomar decisiones no desde la individualidad, sino desde la colectividad”, enfatizó Sánchez.
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El mandatario reveló cifras que muestran la magnitud del impacto: 49.000 vehículos livianos pernoctan a diario en Soacha, y el 70% de ellos tiene matrícula de Bogotá.
Si la capital impone restricciones a los carros foráneos sin concertación, advirtió, estaría afectando directamente a miles de personas que dependen de sus vehículos para sobrevivir.
“¿Qué sería la vida de esos ciudadanos si yo mañana prohibiera el ingreso de vehículos con matrícula de Bogotá? Este es el espacio para construir soluciones para la gente, no para castigar vehículos”, sentenció.
Por otro lado, en entrevista reciente con la FM, el alcalde de Zipaquirá rechazó con vehemencia la iniciativa, advirtiendo que no se puede penalizar a los usuarios de su municipio exclusivamente por cómo se registran sus carros.
El alcalde Fabián Rojas enfatizó que las reglas deben construirse con diálogo intermunicipal, porque una restricción así afecta la libertad de tránsito y podría tener consecuencias negativas para las economías locales.
Esta tensión entre alcaldías ocurre justo en un momento en que Bogotá ya enfrenta críticas por otras restricciones a vehículos foráneos. Como lo advierte El Espectador, el pico y placa los sábados para carros de fuera ha sido visto por muchos como una medida fiscal más que de descongestión urbana, y no como parte de una política de movilidad equitativa.
Para los alcaldes, restringir los vehículos no matriculados puede convertirse en un precedente peligroso: si según ellos la medida no se acompaña de planes de transporte público alternativo, de apoyo para municipios cercanos y de una diferenciación real por matrícula, podrían generarse más costos sociales que beneficios.
Por lo tanto, ambos mandatarios coinciden en que las políticas de movilidad deben discutirse en la Región Metropolitana, con datos, corresponsabilidad y pensando en la vida de la gente, no en el número de placas. Sin embargo, a día de hoy, ni la Región Metropolitana, ni la Agencia Regional de Movilidad han emitido pronunciamiento alguno.
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Por Redacción Bogotá
