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Entre los ecos de las investigaciones judiciales y las diferencias políticas desatadas a raíz de los graves sucesos del pasado miércoles en Bogotá, quedó en evidencia que las decisiones de la Alcaldía de Bogotá, la Policía y el Gobierno nacional no marchan por el mismo camino. Sin embargo, no es asunto nuevo. Casi desde que inició su mandato, la alcaldesa Claudia López ha exteriorizado sus discrepancias con respecto a la seguridad, y esas diferencias se acentuaron desde el escandaloso capítulo de abuso policial en el que murió Javier Ordóñez..
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Los anuncios separados en la noche de los disturbios, la falta de unidad en el puesto unificado que estuvo atento al desarrollo de los acontecimientos y el refuerzo de seguridad que dispuso el ministro de Defensa después de que la alcaldesa denunció que la Policía había desobedecido su orden de no disparar contra los manifestantes son evidencias de la tensa relación institucional. Una atmósfera que se enrareció más por el acento político que han tenido algunas declaraciones y encuentros públicos.
La ausencia del presidente Iván Duque en la ceremonia de reconciliación que organizó la Alcaldía el domingo, acompañada de una silla vacía con el nombre del mandatario, le puso más candela al debate. En contraste, en la madrugada del miércoles, el jefe de Estado se puso un chaleco de la Policía para visitar varios CAI vandalizados y saludó a los agentes, un gesto que, según los entendidos, formalizó su respaldo a la Policía. De paso, sin decirlo, le hizo saber a la alcaldesa quién es el jefe de la Policía.
A su vez, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que pidió perdón por la muerte de Javier Ordóñez y reconoció que se trató de un homicidio, instó no crucificar a toda la institución por la acción de unos agentes que deshonraron el uniforme. La alcaldesa le replicó: “Mindefensa reconoce que lo asesinaron. Por eso la reacción indignada y violenta contra los CAI, que dejó otros nueve ciudadanos muertos, 75 heridos por arma de fuego y 165 policías lesionados. Los CAI los recuperaremos pronto, pero la desconfianza por el reiterado número de casos de abuso policial y la gran impunidad tomará más tiempo”.
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La pregunta que hoy ronda es si era necesaria esa pelea o si es un pleito mal casado. Un interrogante que conduce a un dilema paralelo: ¿es la alcaldesa la jefa de la Policía en la capital? En criterio del analista en políticas públicas, Johan Avendaño, “la Constitución y el Estatuto Orgánico de Bogotá plantean que, en el caso específico del Distrito, el alcalde es el jefe de policía, aunque hay una discusión semántica si es ‘jefe de Policía’ o ‘jefe de la policía”. Un terreno para la interpretación, pero, como anota el experto, “la Alcaldía está a cargo del orden público y las directrices sobre las políticas de seguridad. Por eso, cada municipio saca un plan de seguridad y convivencia”.
Para el analista y catedrático Jairo Libreros, las normas sí son claras e indican que el alcalde, más que jefe, es la primera autoridad de policía; es decir, es quien toma decisiones de política sobre la seguridad en su distrito. Incluso, este modelo donde el alcalde es responsable de la seguridad es admirado a escala internacional. “Esa facultad se expresa en la formulación del Plan Integral de Convivencia y en la conducción de estrategias de vigilancia del espacio público. Por último, en Bogotá hay un fondo que financia programas, que es el segundo más importante de América Latina por sus cuantiosos recursos”.
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No obstante, hay un vacío que se genera a partir de la interpretación de la competencia para manejar el orden público en momentos críticos. “Para imponer su visión de seguridad, usan la línea de mando, que es Presidencia, Ministerio de Defensa y el director de la Policía. En este escenario, pierden competencia los alcaldes. Y esta semana, esa visión de la Casa de Nariño llegó al extremo de tomar la conducción de la seguridad en Bogotá, desconociendo la competencia de la alcaldesa”, insiste Libreros.
En opinión de Henry Cancelado, profesor de Ciencias Políticas de la U. Javeriana, esa circunstancia inusual tiene una explicación: el alcalde es el jefe de policía en las ciudades, pero no es el comandante de las Fuerzas Armadas, como lo es el presidente. “Esto ocurre porque hay componentes de la Policía que un alcalde no puede tocar, como los asuntos de seguridad nacional, que son competencia del Ministerio de Defensa, como combatir el crimen organizado transnacional, el crimen organizado local y el conflicto interno”.
Hay otras opiniones no precisamente técnicas para explicar el enfrentamiento entre la alcaldesa, la Policía y el Gobierno. El analista en seguridad John Marulanda, por ejemplo, considera que es una pelea mal casada. “Es un error porque envía un mensaje de desconcierto a la gente. Ver al alcalde, el responsable constitucional de la seguridad, en una actitud en contra de la Policía, que es la que ejecuta las acciones para garantizar la seguridad de la ciudadanía, no está bien. Eso, seguramente traerá malos efectos en su política de seguridad”.
En su opinión, la alcaldesa López le pudo dar mejor manejo, “más tranquilo, más de gobernante. Ahora es probable que ella se ponga de acuerdo de nuevo con el comandante de Policía, pero el mensaje caló en el uniformado que está en la calle. Imagínese, escuchar a la alcaldesa tratándolos de asesinos y menospreciando su trabajo. Eso tendrá efecto en la moral de estos servidores. Se va a deteriorar el servicio que presta y este terrible manejo va a pasar cuenta de cobro en aspectos de seguridad”.
En otras circunstancias, los alcaldes de Bogotá han manejado la situación de manera diferente, recordó John Marulanda. “Enrique Peñalosa siempre acompañó a la Policía, y Gustavo Petro, ni la inmiscuyó. Creo que ahora es una pelea mal casada. Hay formas de exigir el respeto a la política de seguridad, pero echarse encima el principal cuerpo de policía, pues no es buena cosa, sobre todo por el ambiente que hay en la ciudad. Siempre se le puede dar un mejor manejo. Lastimosamente, se nota más un afán de protagonismo político, y eso no ayuda a la administración”.
En contraste, Libreros sostiene: “La desobedecieron. Debió haber ido a las instancias correspondientes, para ver qué está ocurriendo con la obediencia de la Policía”. En el mismo contexto, cree que la confrontación planteada por la alcaldesa era necesaria, oportuna y prioritaria, pues si bien la Policía es reconocida por su profesionalismo, necesita corregir su vigilancia del espacio público como garante de la convivencia. “El peor escenario es tratar de apagar el fuego con salidas como la de las manzanas podridas. Es el momento de llevar a discusión pública la necesidad de una reforma policial”.
De una u otra forma, desde ambas orillas los analistas coinciden en que ha llegado el momento de buscar caminos para sacar adelante la política de seguridad. “Tanto la Alcaldía como la Policía han tramitado esas tensiones con profesionalismo”, dice Libreros. Por eso, sugiere buscar una fórmula de entendimiento, pues la crisis creada a raíz de los abusos policiales, en el marco de la preservación de los derechos humanos, deja un vacío de confianza entre los ciudadanos y su percepción sobre la seguridad. Finalmente, Cancelado indica: “Posiblemente se tendrá que definir si se cambia o no el esquema de los CAI. Si esto se define, se deberá hablar con la Policía y ver cómo garantizar la seguridad sin CAI o cómo se pueden mejorar los cuadrantes o el patrullaje. Avendaño dice que es momento de transmitir a los agentes un mensaje de compromiso para lo que viene. “En el plan integral de seguridad y el plan de desarrollo de la ciudad se habla de formación en DD. HH. de la Policía. Creo que ahí se pueden mejorar muchas acciones”.
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