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Pasados más de 10 años de la licitación que abrió el Distrito para la prestación de los servicios de patios y grúas en Bogotá –que contemplaba recursos por $89.000 millones– este miércoles la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a varias empresas que participaron en ese proceso. ¿La razón? El organismo determinó que esas compañías conformaron un cartel para que la empresa que resultara ganadora le cedería a la que perdiera el 30 % del valor del contrato. Todo, en el marco del denominado carrusel de la contratación.
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Según la Superintendencia, los hechos se remontan a 2007, cuando la Secretaría Distrital de Movilidad abrió una licitación para elegir a una compañía que manejara los servicios de patios y grúas en la capital. Al proceso se presentaron varias empresas, entre ellas Ponce de León y Asociados S.A. (compañía de los Nule), JV Inversiones Jaime Hernando Lafaurie Vega S.A.S., J.V. Parking, Orlando Riascos F. Dismacor S.A.S. y la Sociedad López y López S.A.S.
En desarrollo de la licitación, la entidad logró determinar que entre Ponce de León y Asociados S.A. (que resultó haciéndose al contrato) y la estructura empresarial conformada por Jaime Hernando Lafaurie Vega y Orlando Riascos F. Dismacor S.A.S., se habría gestado un acuerdo para no competir a cambio de una compensación correspondiente al 30 % del contrato para aquel que no resultara ganador.
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“Se estableció que esas organizaciones se habrían presentado como competidores a la licitación, pero en el curso del proceso celebraron un pacto ilegal que denominaron ‘acuerdo comercial interno’, en virtud del cual se comprometieron, recíprocamente, a que cualquiera fuera el adjudicatario del contrato, el ganador le cedería al ‘perdedor’ el 30% del valor del contrato, a cambio de que el uno se comprometiera con el otro, a no presentar observaciones sobre las propuestas u ofertas que cada uno había presentado”, sostuvo la Superintendencia.
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Tras resultar ganadora de la licitación, la organización Ponce de León y Asociados, a través de contratos de cuentas de participación, se encargó de concretar la compensación. Por ello, al hallarlas responsables del delito de colusión o cartelización, la entidad decidió sancionar a cada una de esas empresas con multas superiores a $28.000 millones.
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Adicionalmente, sancionó a Guido Alberto Nule, Manuel Francisco Nule y Miguel Eduardo Nule, así como a Jaime Hernando Lafaurie, Antonio José Rodríguez, Orlando Oviedo Herrera y Fernando López Rojas, en su condición de personas controlantes o altos directivos de las empresas sancionadas.
“La cartelización en procesos de contratación pública es de las conductas más perjudiciales para la economía y el país, toda vez que no solo viola la libre competencia económica como columna vertebral de la economía social de mercado, sino que afecta los recursos públicos destinados a la satisfacción de las necesidades de todos los colombianos”, recordó la Superintendencia de Industria y Comercio.
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Por -Redacción Bogotá - bogota@elespectador.com
