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El Metro de Bogotá ya tiene constructor, cronograma de obras y solo resta que se firme el contrato para que el proyecto sea irreversible. A este punto se llegó luego de cerca de 80 pasos y más de tres años de gestión de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y, sin embargo, es un proyecto que cuenta con gran oposición, no solo ciudadana sino también en el Concejo de Bogotá y en el Congreso.
En las últimas horas la justicia falló dos acciones judiciales interpuestas en contra del proyecto que si bien tenían motivaciones y solicitudes distintas, apuntaban a lo mismo: la interrupción el proyecto.
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La primera fue una acción popular interpuesta por tres representantes a la Cámara por Bogotá: David Racero y María José Pizarro (Colombia Humana) e Inti Asprilla (Alianza Verde). En su solicitud, los congresistas pidieron decretar medidas cautelares de urgencia para suspender la licitación del metro y el contrato de consultoría para asesorar a la EMB en la estructuración del proyecto. La base para su petición fue el informe de la Contraloría que consignó 45 hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales.
Aunque la acción popular aclaró en su pretensión de medidas cautelares subsidiarias que, en caso de que la licitación se adjudicara, fuesen suspendidos sus efectos, dicha adjudicación fue una de las consideraciones que el Juzgado 32 administrativo tuvo en cuenta para negar las medidas cautelares. “El despacho encuentra que tanto la licitación pública como el contrato de consultoría ya fueron adjudicados. Esto implica que actualmente es inane el pronunciamiento en cuanto a las medidas cautelares solicitadas”, se lee en el texto del auto.
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Además, de acuerdo con el documento, el juez consideró que los hechos planteados en la demanda y las pruebas aportadas no permitían concluir que existiera un daño irreversible como afirmaron los congresistas y que hacían necesarias las medidas cautelares. “Al no estar acreditada la causación y/o inminencia del daño alegado por el actor popular, y que en esta etapa procesal no se ha configurado un perjuicio irremediable que afecte el interés general, se concluye que la medida cautelar solicitada no es necesaria, por lo que la misma se negará”, concluye el auto.
La segunda fue una demanda interpuesta ante el Consejo de Estado por Hollman Morris, concejal del Movimiento Progresistas y candidato a la Alcaldía, que buscaba la suspensión de los actos administrativos de los Conpes 3900, 3945 y 3921 y las actas mediante las que se declaró la importancia estratégica del proyecto y se definieron las vigencias futuras para el mismo. Además, pedía suspender las actas de los Confis que otorgaron el dinero que la Nación aportó para la primera línea del metro y las troncales de Transmilenio (TM) que funcionarán como alimentadoras.
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De acuerdo con el cabildante y candidato, los actos administrativos demandados iban en contravía de la ley debido a que se expidieron sin los estudios necesarios. Según Morris, la EMB estaba obligada a presentar el estudio de ingeniería de detalle como requisito para avanzar en los trámites ante la Nación y el Concejo. Dichos estudios apenas serán realizados por el consorcio chino que ganó la licitación, por lo que para el demandante era claro que los documentos que dieron vida al proyectos estaban viciados de nulidad.
Sin embargo, el Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión de los documentos al considerar que “no se advierte una vulneración del ordenamiento jurídico superior invocado por el accionante”. Y aunque la demanda seguirá su curso, al haber sido negada la solicitud de suspensión, el concejal se queda con el anhelo de ver detenido el proceso, algo que sin duda le hubiese dado gasolina a su candidatura que tiene como una de sus banderas la construcción de un metro subterráneo en vez del proyecto de metro elevado de esta administración.
Las decisiones, como es natural, fueron celebradas por el Distrito ya que esto significa que el proyecto logró sortear todas las demandas en su contra, aumentando así el blindaje jurídico a su favor. La secretaria jurídica del Distrito, Dalila Hernández, afirmó que “es una buena noticia para la ciudad, pues esta importante obra sigue su rumbo sin contratiempos. Lo más relevante es que el Distrito ha hecho las cosas bien en todo el proceso de la licitación del metro de Bogotá y las instancias judiciales se han pronunciado a favor de la ciudad”.
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El primer responsable del proyecto, Andrés Escobar Uribe, gerente de la EMB, indicó por su parte que “con estas decisiones ya son 19 acciones judiciales y tutelas, en que la justicia ha fallado en contra de quienes pretendían detener el proceso de selección del contratista que desarrollará el metro, confirmando otra vez el rigor técnico y jurídico que tuvimos en la planeación del proyecto”.
Así las cosas, el proyecto para llevar la primera línea de metro de Bogotá desde el Portal de Las Américas hasta la calle 72 con Av. Caracas está cada vez más cerca de hacerse realidad. Lo que sigue ahora es que el Distrito y el consorcio APCA Transmimetro (China y subcontratistas de Brasil y España) firmen el contrato y el acta de inicio de obras, algo que tiene que ocurrir a más tardar en diciembre de este año. Para que eso pase, en los próximos 40 días el conglomerado chino deberá entregar documentos como los acuerdos de garantía y permanencia, la carta de compromiso y la constitución de una sociedad comercial por acciones de nacionalidad colombiana, para ejecutar el contrato.
Si todo transcurre según el cronograma, en el segundo trimestre de 2020 empezarán las obras civiles y a finales de ese mismo año iniciaría la adecuación del viaducto y las estaciones elevadas. Así, en 2024, se estaría completando la obra e iniciarían las pruebas de carga e integración con TM, y en 2025 Bogotá estrenaría su primera línea de metro.