Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento contra los seis policías que el pasado miércoles fueron vinculados al secuestro y tortura de un presunto ladrón, que habría cometido un atraco en la residencia de uno de los oficiales.
Según indicó la Fiscalía, el pasado 29 de abril, el uniformado, que fue víctima del robo, salió en compañía de otros cinco policías en busca del responsable. Llegaron al barrio San Bernardino, en la localidad de Bosa y, vestidos de civil, habrían abordado al responsable del robo, al parecer con una orden de allanamiento falsa en el marco de una supuesta investigación que le adelantaban por los delitos de hurto y receptación.
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De esta forma, dos de ellos presuntamente ingresaron a la vivienda de quien sería el ladrón y tomaron $1.490.000 como elemento de prueba. Mientras tanto, los otros habrían obligado al hombre a subirse a uno de los dos vehículos oficiales en los que se transportaban preguntándole por los elementos que habrían sido hurtados de la casa del uniformado.
Además, según la investigación de la Fiscalía, posteriormente, el retenido habría sido trasladado al municipio de Cucunubá, Cundinamarca, donde se presume que fue víctima de tortura, golpes y amenazas de muerte.
De acuerdo con el hombre, la primera vez que intentó huir del lugar fue amenazado con un machete. Sin embargo, en su segundo intento logró salir y fue auxiliado por campesinos del sector.
Entre los capturados se encuentra un coronel, un intendente, dos subintendentes y dos patrulleros.
#Fiscalía logró la judicialización de un coronel, un intendente, dos subintendentes y dos patrulleros de la Policía Nacional que estarían implicados en el secuestro de un ciudadano, ocurrido el pasado 29 de abril, en el sur de #Bogotá. pic.twitter.com/6mhqJK9WKT
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 13, 2021
Ante los hechos, la Fiscalía les formuló cargos, en calidad de coautores, los delitos de secuestro simple agravado, tortura, falsedad en documento público agravada por el uso, hurto calificado y agravado, violación de datos personales agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y peculado por uso.
Aunque ninguno aceptó los cargos, el juez 71 penal con función de control de garantías les impuso la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La defensa apeló la decisión.