Cada semana se presentan 40 casos de extorsión en Bogotá, advierten en el Concejo

Según la Fiscalía, ha incrementado en más del 90% este año y se focaliza en las localidades de Kennedy, Suba, Bosa, Los Mártires y Barrios Unidos.

Foto: redes

Recientemente, Probogotá publicó, por quinto año consecutivo, el Informe Anual de Seguridad, esta vez con un consolidado de los índices relacionados durante el 2024. Este documento, señalan, tiene el fin de ser una herramienta clave para el análisis en materia de seguridad urbana para la ciudad.

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Como era de esperarse, de acuerdo al comportamiento de las denuncias el año pasado, indicaron que cuatro de los once delitos de alto impacto aumentaron en Bogotá: homicidios (11,07 %), extorsión (63,52%), delitos sexuales (34,28%) y violencia intrafamiliar (15,93%).

Según explicaron, el delito de homicidio responde a disputas entre estructuras criminales por el control de economías ilegales, el narcotráfico y contrabando y a conflictos de convivencia e intolerancia, “muchas veces relacionado con el consumo de alcohol”. Mientras que la extorsión “presentó cifras históricas y se debe al aumento de acciones de organizaciones criminales que se financian a través de este delito”.

Con las cifras relacionadas con el delito de extorsión coincide la concejala del Pacto Histório, Quena Ribadeneira quien señaló, desde el cabidl distrital, “el preocupante abandono de la administración distrital ante la grave crisis de extorsión que vive la ciudad”.

Según señala, cerca de 40 casos de extorsión se presentan cada semana en la ciudad, siendo las localidades de Suba (61 casos), Kennedy (51 casos), Santa Fe, Engativá (42 casos) y Usaquén (40 casos) las que concentraron el mayor número de denuncias en el primer trimestre del 2025.

Además, los índices de este delito se agravan durante las tardes y las noches, especialmente los días lunes, jueves y viernes. En cuanto a las modalidades, la llamada telefónica sigue encabezando las denuncias, seguida por las redes sociales y la amenaza directa, lo que revela que el crimen organizado también ha adaptado sus métodos a las nuevas tecnologías.

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Ante ese panorama, desde el Concejo insisten en la implementación de una ruta integral que se encargue de atender exclusivamente a las víctimas de extorsión para tener una trazabilidad y un seguimiento más certero de las minucias relacionadas con este delito.

¿Están bajando los casos de extorsión o las víctimas están dejando de denunciar ante la falta de respuestas efectivas? No podemos seguir aceptando como “mejoras” lo que, en realidad, puede ser solo el silencio de una ciudadanía resignada. En lo corrido del 2025 se han reportado 464 casos de extorsión en Bogotá, lo que quiere decir que cada 4 horas una persona es extorsionada”, advierte la concejala del Pacto Histórico.

Recomendaciones de Probogotá para mejorar la seguridad

Por otro lado, cabe mencionar las recomendaciones que Probogotá le entrego al gobierno distrital, a propósito de la publicación del Informe Anual de Seguridad, para fortalecer las estrategias de seguridad en la ciudad:

1. Desmantelar los mercados de armas ilícitas e integración de información criminal para desarticular las estructuras no será suficiente, el escalamiento de la violencia y la incidencia de grupos armados en las ciudades contribuye al aumento (de homicidios). Se requeriere de acciones coordinadas con la nación. 
2. Se necesita una estrategia para desarticular estas estructuras extorsivas, identificar intentos de falsificación de marcas criminales, golpear a centros de fraude o los llamados call centers de la extorsión y controlar el acceso de los reclusos en centros de detención a dispositivos móviles. 
3. Es necesario fomentar una transformación cultural que fortalezca la tolerancia y disminuya los conflictos de convivencia que generan un gran número de homicidios en la ciudad. 
4. La violencia contra la mujer, expresada en delitos sexuales 106 y violencia intrafamiliar, es una de las manifestaciones más graves de esta crisis. Las autoridades han perdido la confianza de las víctimas, debilitando la capacidad institucional de respuesta. Mejorar el acceso a la justicia. 

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