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El caso de Hilary Castro revela una serie de falencias e irregularidades que es urgente corregir. Ella se convirtió en el rostro de las víctimas de la violencia sexual en el transporte público de Bogotá, después de que su denuncia se hizo viral en redes sociales.
El relato de la joven, de 17 años, evidenció el peligro que corren las mujeres en Transmilenio; las falencias de los mecanismos para atender las agresiones sexuales en espacios públicos; que las autoridades son efectivas cuando existe presión y la falta de control en los centros de reclusión, pues el principal sospechoso, tras su captura e imputación, fue hallado sin vida en su celda en Puente Aranda.
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Se trata de Juan Pablo González, capturado como posible responsable, quien ya tenía anotaciones por actos sexuales en las calles. Esto lo confirman las denuncias de habitantes del barrio Cedritos, en Usaquén, quienes lo habían denunciado por mostrar sus genitales y masturbarse en público. Esto sucedió el pasado 21 de octubre, pero el 31 del mismo mes ya estaba libre, pese a que había testimonios en su contra.
De hecho, la menor indica que fue ese día cuando el sujeto la amenazó con un cuchillo, la robó, la violentó sexualmente y la obligó a practicarle sexo oral en las inmediaciones de la estación de Transmilenio de La Castellana, cuando ella se bajó de la ruta B12.
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El video en el que Hilary relató lo sucedido llegó a más de un millón de reproducciones, algo que impulsó la orden a la Policía Metropolitana de la alcaldesa Claudia López y del presidente Gustavo Petro a dar con la pronta captura del agresor.
Pero ¿qué habría pasado si el testimonio no hubiera sido viral? ¿Si Castro no hubiera sido reconocida por el presidente porque lo acompañó en su campaña? ¿O si hubiera desistido de la denuncia ante las Unidades de Reacción Inmediata (URI)? Porque hubo negligencia de las autoridades cuando la menor de edad intentó reportar lo que pasó.
“Cansada de procesos revictimizantes”
Estas fueron las palabras de la joven después de intentar instaurar la denuncia en la URI de Puente Aranda, donde le dijeron que solo recibían casos de mayores de edad, por lo que la enviaron a la URI de menores (en el CDA de la carrera 30), donde tampoco le recibieron la denuncia porque era contra un adulto. “Ahí también nos dicen que no, que no reciben denuncias, porque ya son más de las 5:00 p.m. y que no es un caso de urgencia”.
Las fallas fueron reconocidas por la Secretaría de la Mujer. “Lo que vivió la joven evidencia que tenemos que seguir fortaleciendo la respuesta a las violencias”.
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En este aspecto concuerda el abogado penalista Juan José Castro, magíster en Derecho Procesal Penal, quien resalta que las mujeres y los menores de edad son sujetos de protección especial: “Por mandato legal y por interpretación constitucional, no deberían existir trabas burocráticas cuando una mujer, menor de edad, pone en conocimiento un escenario de violencia sexual. Todos los centros de la Fiscalía están instruidos para recibir cualquier denuncia sin limitaciones. Incluso, al ser una menor tienen un trámite especial”, señaló.
Ocho de cada diez mujeres, acosadas
Una encuesta realizada por la Veeduría Distrital a 3.089 mujeres, mayores de catorce años, sobre acoso sexual en el transporte y espacio público reveló que ocho de cada diez fueron víctimas en estos lugares, lo que demuestra que el caso de Castro se suma a una larga lista.
La diferencia es que su presunto victimario fue capturado el 5 de noviembre, luego de que las autoridades recopilaron testimonios, hicieron un retrato hablado y siguieron la pista de los videos de cámaras de seguridad. El sujeto no intentó huir de la ciudad, a pesar de tener varios señalamientos por actos obscenos (violentar sexualmente) en espacios públicos, según las autoridades.
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En la tarde de ayer, la Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento en concurso con hurto agravado y calificado, que el acusado no aceptó. Un juez de control de garantías lo envió a la cárcel, donde debía esperar el juicio, que pudo haber terminado con una condena de cuarenta a cincuenta años, según lo modificado en el artículo 211 de la Ley 2098 de 2021. Sin embargo, todo dio un giro en la noche del domingo, pues lo hallaron sin vida en una celda de la URI de Puente Aranda. El hecho está en investigación.
Independiente del desenlace de este caso, detrás hay 5.743 denuncias por delitos sexuales registradas este año en Bogotá, según la Secretaría de Seguridad. Además, la Veeduría resalta que hay un alto subregistro, ya que el 89,3 % de las encuestadas que fueron víctimas de violencia sexual no denunciaron.
Por eso, ante la celeridad que hubo en el caso de Hilary Castro y las falencias que quedaron al descubierto, en la actuación del Distrito y las autoridades, se espera que la respuesta no solo sea encontrar justicia para todas las víctimas, sino que los esfuerzos también se enfoquen en prevenir que casos como estos se repitan.
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