Parece una radiografía. Lo sucedido la noche de este sábado 26 de marzo fue muy parecido al atentado del pasado 5 de marzo. Eran un poco más de las 7:30 p.m. cuando un artefacto explosivo detonó cerca del CAI del barrio Arborizadora, en la localidad de Ciudad Bolívar, lo mismo que sucedió hace 21 días, pero esa vez fue en cercanías a la estación de Policía de Sierra Morena.
El primer atentado dejó afectaciones estructurales en los predios cercanos adonde detonó la bomba, y “no se registraron heridos de gravedad”, manifestó la alcaldesa Claudia López en su momento. Pero lo que pasó este fin semana tiene en luto a una familia, ya que un menor de edad de doce años perdió la vida, una niña de cinco años está grave y bajo pronóstico reservado y otras 34 personas resultaron afectadas
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“De acuerdo con el reporte de las Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS), fueron atendidas 35 personas (33 civiles y dos policías), de los cuales 17 no se encuentran hospitalizados, los otros 17 requirieron atención médica adicional. De ellos, once ya fueron egresados y seis siguen en los centros médicos, entre ellos un policía”, se lee en un comunicado de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Además de las afectaciones humanas, el hecho dejó, según el Cuerpo Oficial de Bomberos de la Estación, el Equipo Técnico de Rescate, los Gestores de Convivencia y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), 66 viviendas y tres vehículos averiados.
Hoy la comunidad del sur de Bogotá vive entre un sentimiento de zozobra y desazón, porque a pesar de que el primer atentado pudo haber sido interpretado como una amenaza, las “medidas” que tomaron no tuvieron efecto para evitar esta segunda explosión.
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“Lo que pasó en la estación de Sierra Morena era un aviso de lo que se venía y no se tomaron cartas en el asunto; debían tener una segunda alerta y una vida de un infante para tomar acciones”, manifestó una residente.
De acuerdo con el pronunciamiento de la alcaldesa, en los próximos días se irán reincorporando 160 policías a las filas de los uniformados que ya patrullan por las calles de la localidad 19 de Bogotá, para prestar apoyo a los diez CAI que tiene esta zona. Si bien las autoridades prometen hacer frente a la delincuencia, la comunidad insiste en que no es suficiente porque están mediados por la falta de confianza hacia la fuerza pública.
Dos bombas y un operativo
En una cámara de seguridad quedó registrado el estallido del pasado sábado 5 de marzo. Según se ve en el video, en la transversal 70 con calle 54 sur, un hombre, momentos previos a la explosión, camina en sentido opuesto a la detonación y ante el estruendo sigue su paso desapareciendo de la toma. Ese sujeto, por su actuación, sería uno de los participantes de ese primer atentado, según los avances de la investigación; pero han pasado 23 días desde ese ataque y no hay noticias nuevas.
Horas antes de este atentado, tras un aviso que recibió la Policía, se realizaron diligencias de registro y allanamiento en un predio de la misma localidad, en donde la Fiscalía encontró once barras de un elemento explosivo llamado indugel, una granada y 21 cartuchos de fusil. En el sitio fueron capturadas tres personas, a quienes les imputaron el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, además del uso de municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas y explosivos.
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Este sábado, bajo condiciones similares, un nuevo artefacto explotó a unos quince minutos de ese primer punto. Esta vez se trató de un ataque directo al CAI del barrio Arborizadora, el cual está rodeado por una cancha deportiva, el Centro Educativo Distrital Gimnasio Sabio Caldas, el Centro Educativo Manuel Elkin Patarroyo y el centro comunal del sector, sitios que a la hora del atentado tenían una alta afluencia.
Horas después del último atentado, el presidente Iván Duque estuvo en el CAI Arborizadora y manifestó que, junto con el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, visitó el sitio afectado para “coordinar las investigaciones y hallar responsables”.
Por este último caso, el Distrito, como apoyo al Gobierno Nacional, ofreció una recompensa de hasta $300 millones, por cualquier información que permita dar con el paradero de los responsables. Pese a que hay un antecedente similar, y está el incentivo económico, no hay indicios de quién podría estar detrás de esta situación. Desde diferentes sectores han manifestado rechazo ante lo sucedido, pero en realidad no hay determinaciones mayores para fortalecer la seguridad.
Antecedentes
Estos dos casos se dan en el marco de una alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo, en donde se menciona que, en la localidad de Sumapaz (contigua a Ciudad Bolívar) se evidenció la presencia de grupos al margen de la ley que integran al Clan del Golfo, disidencias de Gentil Duarte e Iván Márquez, y del Eln, que estarían trabajando de manera articulada con redes urbanas de microtráfico y sicariato.
Investigaciones preliminares, hasta ahora, no han podido confirmar esta hipótesis, pero tampoco se descarta que la actividad delictiva esté rodeando a la capital, debido a que terrenos vecinos en Cundinamarca están en la mira de cultivadores de hoja de coca.
Esa versión es respaldada por otra alerta de la Defensoría, emitida durante el primer semestre de 2021, en el que se estipula que organizaciones habrían abierto corredores de expendio y transporte, que irían por la zona occidental de Bogotá, desde Sibaté hasta Chía, con el fin de ejercer control por medio de la instalación de laboratorios móviles para procesar estupefacientes.
En la capital, y otras zonas del país, en época electoral, como es lamentablemente tradicional, se han presentado atentados contra la ciudadanía con el fin de afectar el orden, pero esta situación que vive la localidad de Ciudad Bolívar podría no estar directamente relacionada con el ejercicio de las elecciones. Según cifras de la Secretaría de Seguridad, durante lo corrido del año se han presentado cinco casos de extorsión, frente a los catorce que hubo en el mismo período del año pasado.
Además, el homicidio y el hurto a personas se han reducido en un 50 % aproximadamente, lo que podría indicar que la labor que adelanta la fuerza pública para contener la criminalidad estaría teniendo una respuesta violenta por parte de estas redes.