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El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, presentó una demanda de nulidad contra la Ordenanza 002 de 2024 al señalar que descuentos para atraer matrículas de vehículos sería ilegal. Por esta estrategia Bogotá supuestamente ha perdido $1,1 billones en impuestos.
El cabildante presentó en las últimas horas una demanda de nulidad contra la Ordenanza 002 de 2024, al afirmar que el departamento habría puesto en marcha un “matriculazo” para atraer registros automotores y apropiarse de recursos que, según él, deberían fortalecer la infraestructura bogotana. La cifra es contundente: $1,1 billones que, según Quintero, Bogotá habría dejado de recibir desde 2015.
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La Ordenanza 002 de 2024, expedida por la Asamblea Departamental de Cundinamarca, regula las tarifas de matrícula vehicular e impuestos sobre los automotores registrados en ese departamento. La norma introduce incentivos como descuentos del 50 % en el primer año y del 20 % en el segundo para ciertos conductores, medidas que según sus promotores tienen como objetivo captar nuevos registros vehiculares en municipios de Cundinamarca.
Según el cabildante de la bancada del Nuevo Liberalismo, el esquema operó en dos movimientos. En primer lugar, algunos municipios de Cundinamarca ofrecieron tarifas de matrícula artificialmente bajas, captando tres de cada diez vehículos que circulan a diario en Bogotá.
Luego, en segunda instancia, habrían entregado descuentos del 50% y 20% en el impuesto vehicular durante los dos primeros años—a pesar de que el Consejo de Estado los declaró ilegales en decisiones de 2014 y 2022. “Es un plan cuestionable e ilegal para quedarse con los registros y los impuestos de los carros que usan la infraestructura de Bogotá”, afirmó.
Las consecuencias, según el concejal, son profundas: 241.000 vehículos menos matriculados en la capital desde 2015 y una pérdida fiscal equivalente a la construcción de seis Centros Felicidad completos. Mientras tanto, insiste el cabildante, “miles de automotores registrados en Cundinamarca utilizan a diario las vías bogotanas sin aportar a su mantenimiento, generando un desequilibrio tributario que la administración local insiste en corregir”.
El reclamo se enmarca en un ambiente de tensión creciente entre Bogotá y Cundinamarca por el uso, la regulación y el recaudo del parque automotor regional.
El debate resurgió el viernes pasado con la polémica medida que anunció la Alcaldía de Bogotá de pico y placa sabatino para vehículos foráneos, una medida percibida por expertos y parte de la ciudadanía como un mecanismo de recaudo más que una solución al trancón. Para varios analistas, la disputa por los automotores revela una competencia silenciosa entre territorios por los recursos que deja la movilidad.
Bajo esta misma línea, el concejal Quintero anunció dos rutas de acción: una demanda formal de nulidad contra la Ordenanza 002 y una propuesta para que los municipios que nivelen sus tarifas de matrícula con Bogotá reciban como incentivo la exención del pico y placa los sábados.
La intención, afirma, es corregir el desequilibrio tributario y evitar que la capital siga perdiendo recursos estratégicos. “Actuaremos jurídicamente contra estos descuentos ilegales y promoveremos soluciones que restauren el equilibrio del sistema automotor”, concluyó.
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Por Redacción Bogotá
