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¿Autopago en concesión de El Campín? Concejal pide revisar giro por COP 26.101 millones

Cuestiona el pago a la firma APP CDEC S.A.S. por estructurar el negocio, pese a que también le adjudicaron la obra. El detalle es que la norma autorizaba ese pago solo si no ganaba el contrato, pero modificaron una cláusula que les permitió cobrar. ¿Y qué tiene que ver Sencia?

Redacción Bogotá
Así está el césped de el estadio El Campín.
Así está el césped de el estadio El Campín.
Foto: Jorge Londoño

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Políticos y autoridades siguen con los ojos puestos en Sencia, el concesionario que a través de una Alianza Publico Privada (APP) tiene la misión de renovar el estadio El Campín y sus inmediaciones. Tras el lamentable estado de la grama, que obligó la semana pasada a aplazar dos partidos, y su priorización de eventos musicales, en contravía de lo deportivo (como estipula el contrato), surge un nuevo cuestionamiento desde el Concejo de Bogotá.

El concejal Juan David Quintero pidió a los organismos de control investigar un pago por COP 26.101 millones por costos de estructuración de la APP de El Campín. El cabildante señala que, a pesar de que la norma establecía que dicho pago solo se podía hacer si la obra la ganaba otra empresa, dicha cláusula se modificó en el contrato y permitió que la firma APP CDEC S.A.S., originadora del proyecto y ganadora de la obra, cobrara esos recursos.

El pago está documentado en un informe de seguimiento del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Allí se consigna que Sencia reportó, el 28 de octubre de 2024, el giro. La discusión no está en que el pago haya ocurrido, pues el propio IDRD lo registró, sino en si el reconocimiento estaba permitido, bajo las condiciones en que fue adjudicado el proyecto. Quintero sostiene que la respuesta depende de la relación entre APP CDEC, que presentó y estructuró la iniciativa privada, y Sencia, sociedad que suscribió el contrato y opera la concesión.

Contrato de Sencia: el pago que cuestiona el concejal

Según los estados financieros de Sencia correspondientes a 2024, el contrato estableció un valor base de $20.191 millones por costos de estructuración a favor del originador, suma que debía pagarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la firma del contrato. El documento registra el valor en “pesos del mes de referencia”, mientras el informe del IDRD reportó un giro final de COP 26.101 millones.

La denuncia plantea que el contrato publicado al inicio del proceso contemplaba el reconocimiento de esos costos en caso de que el adjudicatario fuera un tercero diferente a quien estructuró la iniciativa. De acuerdo con Quintero, ese apartado habría cambiado entre la adjudicación de la concesión, realizada en diciembre de 2023, y la firma del contrato, que ocurrió el 7 de junio de 2024.

El asunto acá es que la Asociación Público-Privada Complejo Cultural y Deportivo El Campín, conocida como APP CDEC, cumplió la doble condición de estructurador y adjudicataria del proceso. Sin embargo, el contrato de concesión finalmente lo suscribió Sencia S.A.S., sociedad creada como vehículo para ejecutar el proyecto. Aunque parece una sutileza, el concejal Quintero sostiene que ambas firmas estaban relacionadas al momento de la operación y, por ello, cuestiona que una le pagara a la otra los costos de estructuración. Esa es su interpretación y no un análisis de una autoridad judicial o de control.

La Ley de APP y el debate jurídico

La Ley 1508 de 2012 establece que los particulares pueden estructurar iniciativas privadas por su cuenta y riesgo. Luego de que se presenta ante una entidad pública y esta ratifica su viabilidad, el proyecto se abre un proceso de selección, en el que puede competir cualquier sociedad por quedarse con la obra. Las reglas de este tipo de proyectos contemplan que, en caso de que el originador de la iniciativa no resulte seleccionado, quien gane el contrato le debe reconocer económicamente la estructuración.

Para Quintero, el pago a APP CDEC debe revisarse a la luz de esa norma y de la minuta publicada durante el proceso. También pidió establecer quién autorizó el cambio contractual que, según su denuncia, hizo posible el giro.

Esta controversia se incluyó en una acción popular, que promovió una veeduría ciudadana contra el IDRD, Sencia y APP CDEC. La demanda invoca la protección de la moralidad administrativa, el patrimonio público y el espacio público, y solicita, entre otras pretensiones, que se ordene el reintegro del pago de estructuración. Las solicitudes hacen parte del proceso judicial y no equivalen a una decisión de fondo.

También cuestionan el otrosí que amplió plazos del proyecto

La denuncia del concejal va más allá e incluye reparos otro frente: el Otrosí No. 1, suscrito en julio de 2025. De acuerdo con el documento divulgado por Quintero, con esta modificación se extendió la fase de preconstrucción de 12 a 16 meses y la de construcción de 42 a 44 meses y el plazo para acreditar el cierre financiero. Además, permitió que el estadio actual continuara en explotación durante las obras.

Es decir, le dio, en principio, seis meses más de plazo para entregar el proyecto terminado que, ahora incluye, la construcción de un nuevo estadio y no obras sobre el actual Nemesio Camacho. El proyecto contempla nueve unidades funcionales, entre ellas el estadio, parqueaderos, zonas deportivas, de entretenimiento, emprendimiento, auditorio y urbanismo. Quintero sostiene que esos cambios modificaron aspectos centrales del proyecto y pidió al IDRD divulgar los conceptos jurídicos que respaldaron la decisión.

Una APP de COP 2,4 billones bajo revisión

La concesión de El Campín tiene un valor estimado de $2,4 billones y está diseñada para financiar, construir, operar, mantener y aprovechar económicamente el complejo deportivo y cultural. Según información divulgada previamente, la etapa de operación y mantenimiento se extendería hasta 2053.

El debate contractual ocurre mientras la Contraloría de Bogotá adelanta una indagación preliminar por el deterioro de la grama del estadio. La entidad revisa las obligaciones de Sencia, la supervisión del IDRD y eventuales efectos sobre recursos públicos. Además, anunció una auditoría de cumplimiento más amplia sobre la APP, desde la etapa de factibilidad hasta la transición a la construcción. En enero de 2026, Corficolombiana, mediante Corfiinvest, adquirió el 51 % de las acciones de Sencia. La compañía reportó que la concesionaria está a cargo de la ejecución integral del contrato con el IDRD.

Sobre toda esta situación, de momento, no se conoce un pronunciamiento de Sencia, operador del Estadio El Campín.

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