Como estaba previsto, este 3 de diciembre, el Ministerio de Ambiente anunció las conclusiones y la aprobación unánime del acta final que recoge los comentarios para producir una tercera versión de los lineamientos que delimitará las áreas protegidas y dónde se podría construir en la Sabana de Bogotá, donde según Bogotá Cómo Vamos, entre 2005 y 2018 la población de estos municipios pasó del 47 % al 63 %.
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Cabe recordar que estas directrices se esperaban antes de este miércoles, pues para finales de noviembre, voceros de la Empresa de Alcantarillado y Acueducto de Bogotá (EAAB) pidieron tiempo para revisar en detalle que las transcripciones coincidieran con lo dicho en las sesiones del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá. Así lo contamos en El Espectador.
Un proceso nada sencillo
Para entender cómo se llegó a este punto, hay que recordar que este año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió medida cautelar sobre el trámite alrededor de una resolución del Minambiente, con la que pretendía definir el futuro ambiental y el desarrollo urbano de la Sabana de Bogotá.
Los jueces consideraron que el trámite presentaba fallas —entre ellas una consulta pública irregular y la falta de participación de otras entidades—. Argumento que refutó esa cartera ministerial, asegurando que convocó 30 reuniones, pero que el Distrito solo envió delegados “sin poder de decisión”.
Los reparos a la norma y el cruce de señalamientos en este proceso desembocaron, por orden judicial, en la suspensión del trámite de la norma, hasta tanto no se diera una amplia concertación. Para ello, el Consejo de Estado delegó esa tarea en el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH), organismo que nació en 2014, con la misión de coordinar los esfuerzos institucionales para descontaminar y proteger el Río Bogotá. Por ello, en sintonía con su misión, fue que el mismo Alto Tribunal le delegó la misión de concertar los lineamientos de la Sabana.
¿Qué viene ahora?
Luego de siete encuentros presenciales, el Ministerio de Ambiente ahora ajustará el documento de resolución, publicará su versión actualizada y, posteriormente, abrirá un nuevo espacio para recibir aportes y comentarios que permitan, finalmente, expedir la resolución de Directrices. Esto significa que, aunque el CECH cumplió el requisito de concertación exigido por los tribunales, sus acuerdos no necesariamente serán vinculantes para la resolución final.
Eso sí, esta nueva versión, además de ser concertada y contar con la participación de todos los interesados, debe ante todo armonizarse con la sentencia sobre el Río Bogotá.
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Al respecto, Óscar Puerta, director de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente, agradeció la activa participación de los entes de control y de los consejeros: “Hemos logrado un cambio en este órgano colegiado al llegar a una decisión por consenso. Las discusiones ahora son más profundas y están alineadas con el cuidado y la conservación del río Bogotá. Asumiremos debates aún más profundos, y eso es fundamental”.
Por su parte, Jorge Cure, delegado de la Alcaldía de Bogotá, señaló que “fue satisfactorio el espacio que abrió este CECH para la participación de la ciudadanía en general. Queda claro que hay recomendaciones y observaciones que deberán ser acogidas por el Minambiente”.
La Sabana de Bogotá fue declarada como interés ecológico nacional mediante la Ley 99 de 1993. Una región que, en lo ambiental, cerca del 70 % de los humedales han sufrido alguna modificación por la expansión, y la conectividad hídrica se ha visto fragmentada un 85 %. Para completar, de 2000 a 2018 se perdieron 36.000 ha con potencial agrícola (casi el 10 % de la zona más fértil de la sabana) y el acceso al agua también se ha visto afectado: gran parte de los municipios reportan demandas muy altas, sobrepasando la oferta hídrica. De ahí, que nueve de las diez cuencas de la sabana se encuentren en riesgo.
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Por Redacción Bogotá
