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El funcionamiento administrativo de la subred centro oriente se está convirtiendo en otro de los frentes de discusión frecuente entre el Distrito y el Gobierno Nacional. Además de tener bajo su tutela cinco hospitales (entre ellos el San Juan de Dios), 14 centros de salud y tres sedes administrativas, la subred se encuentra bajo el escrutinio público luego de una intervención sorpresa que ejecutó la Superintendencia de Salud el pasado 7 de mayo.
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Durante este procedimiento, que dividió las opiniones del alcalde y la Nación respecto al funcionamiento de la salud de la capital, se han llevado a cabo varias conversaciones e intentos de acercamiento para resolver el problema. El último de ellos, al menos del que se tuvo conocimiento, ocurrió el 22 de mayo, quince días después de la intervención.
En dicha reunión, el superintendente y exconcejal de Bogotá, Luis Carlos Leal, y el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, anunciaron esfuerzos compartidos, en materia presupuestal y administrativa, para zanjar la aguda crisis que motivó la intervención.
Desde ese día, es muy poco lo que se conoce sobre dichas labores de cooperación para resolver el problema de la subred y el trago amargo que representó la intervención. El lío del San Juan de Dios, y las futuras demandas por la cancelación del contrato con una firma española para la demolición de una parte del recinto hospitalario, acapararon toda la intención de la opinión pública en las últimas semanas.
Sin embargo, la aceptación de una demanda por parte del Consejo de Estado, con la cual se busca estudiar y anular la intervención de la subred, regresó de nuevo a la discusión este espinoso tema.
Después de que la Superintendencia realizara la intervención, un colectivo de abogados denominado Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) presentó una demanda ante el contencioso-administrativo para que se declare la nulidad de la intervención. De acuerdo con los argumentos de los demandantes, la intervención constituyó una violación a la autonomía territorial de la ciudad.
“Esta carencia de motivación, sumada a la imposibilidad de controvertir los hallazgos de la Superintendencia, constituyen una clara violación al derecho a la defensa y contradicción de la prueba. Además, la intervención es, en este caso, una medida desproporcionada, dado que, a pesar de las dificultades, existen evidencias sustanciales de que la E.S.E. ha venido cumpliendo de manera diligente con los estándares de atención”, apostilló la fundación que adelantó la demanda.
Cuatro meses después de la intervención y respectiva demanda, la Sala Primera del Consejo de Estado decidió aceptarla con el fin de determinar si, en efecto, procede la nulidad del procedimiento y de todos sus efectos posteriores.
De esta manera, tal y como reza la respuesta del Consejo de Estado a la demanda, la parte demandada y terceros interesados tendrán 30 días para “contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía y, en su caso, presentar demanda de reconvención”. Por el momento, no hay respuesta por parte de la Superintendencia sobre las acciones a tomar tras la decisión del contencioso administrativo.
Así fue la intervención de la subred
A las 11:00 a.m. del 7 de mayo la Superintendencia de Salud inició la intervención forzosa y administrativa para tomar el control de la Subred de Salud Centro Oriente de Bogotá, que tiene a cargo cinco hospitales, 14 centros de salud y tres sedes administrativas, que benefician a casi un millón y medio de habitantes. La decisión tomó por sorpresa a la administración de Carlos Fernando Galán, que paradójicamente presentaba en ese momento ante el Concejo el nuevo modelo de salud que sugiere en su Plan de Desarrollo.
La decisión llevó al alcalde a pedir al Gobierno “respeto” por la autonomía de su Alcaldía, la cual sintió minada, en especial porque estaba convencido de que la reunión que había sostenido una semana antes con la Superintendencia, en la que presentaron un plan de mejora, había sido exitosa. En aquel encuentro, afirmó el secretario de Salud, Gerson Bermont, explicaron como recuperarían financieramente a las subredes. Aun así, se ejecutó la intervención sin previo aviso. De ahí la molestia con la toma de la red, que atiende seis localidades.
Por su parte, el superintendente y exconcejal de Bogotá, Luis Carlos Leal, no tardó en responderle al Distrito, señalando al mandatario de no haber hecho lo suficiente para mermar la crisis a tiempo, a pesar de que la conocía. “Hay cosas que se pudieron haber mejorado, alcalde”, dijo. El talento humano de la subred también se sorprendió, solo que ellos, que ya tenían el agua hasta el cuello con los líos financieros, las renuncias de personal, demoras en pagos y desabastecimiento de medicamentos básicos, presentían que algo debía pasar.
Ante las enormes dudas de lo que pasará, en la noche del martes el agente interventor, Óscar Gálvez, aplacó las aguas, señalando que no habría mayores cambios durante el año que durará la intervención. Sobre el plan del Distrito indicó que “no fueron contundentes y, debido a la gravedad de los hallazgos, la Superintendencia decidió intervenir”. Al margen, la Alcaldía señaló que no recibió comentarios frente a su plan de mejora.
“El motivo de la intervención es estabilizar financiera y administrativamente la subred. En auditorías anteriores se revisaron unos hallazgos que, a su vez, fueron concertados con la entidad. Durante tres días haremos el levantamiento de la información y se revisará qué se necesita. Haremos lo necesario para garantizar el servicio de manera segura”, añadió el interventor.
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Por Redacción Bogotá
