Contraloría imputa a dos funcionarios de la EAAB por $60.178 millones

La Contraloría de Bogotá imputó este 1 de octubre de 2026 responsabilidad fiscal a dos funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) por $60.178.398.000. La imputación fiscal en la EAAB se relaciona con descuentos tributarios ambientales que, según el organismo de control, fueron incluidos sin las certificaciones o los documentos necesarios para demostrar su procedencia.

La actuación fue formulada a título de culpa grave y está vinculada con el trámite y el pago de las obligaciones tributarias correspondientes a los años gravables 2018 y 2019. Sin embargo, el boletín no reveló los nombres ni los cargos de los dos funcionarios imputados.

El monto investigado tampoco corresponde al valor de los descuentos ambientales ni al impuesto que la empresa tuvo que corregir. Los $60.178 millones se componen únicamente de las sanciones y los intereses de mora que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) cobró a la EAAB.

Así se originó la imputación fiscal en la EAAB

El caso se conocía desde 2023, cuando una auditoría de regularidad de la Contraloría de Bogotá registró un hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por los mismos $60.178.398.000.

En ese momento, el organismo de control indicó que los pagos se originaron en inexactitudes relacionadas con las declaraciones de renta de 2018 y 2019, presentadas ante la DIAN durante 2019 y 2020. El hallazgo posteriormente dio paso al proceso que produjo la actual imputación fiscal en la EAAB.

El subdirector del Proceso de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, Diego Samudio, señaló que el posible detrimento se produjo porque los descuentos tributarios ambientales no tenían los soportes exigidos, lo que generó las sanciones y los intereses.

¿Cómo se distribuyen los $60.178 millones?

La mayor parte del posible detrimento señalado por la Contraloría corresponde a intereses moratorios. Para la declaración de renta de 2018, la DIAN cobró sanciones por $2.483.169.000 e intereses de mora por $37.894.518.000, para un subtotal de $40.377.687.000. En el caso de 2019, las sanciones ascendieron a $1.486.535.000 y los intereses llegaron a $18.314.176.000, lo que representó otros $19.800.711.000.

En conjunto, las sanciones sumaron $3.969.704.000 y los intereses alcanzaron $56.208.694.000, para un total de $60.178.398.000. Así, el 93,4 % de la cuantía investigada corresponde a intereses de mora y el 6,6 % restante a las sanciones aplicadas por la DIAN, según cálculos realizados a partir de las cifras publicadas por el organismo de control.

¿Qué requisitos tenían los descuentos ambientales?

El artículo 255 del Estatuto Tributario permite que las personas jurídicas descuenten del impuesto de renta el 25 % de las inversiones realizadas directamente en control, conservación y mejoramiento ambiental.

No obstante, antes de presentar la declaración de renta, el contribuyente debe contar con una certificación expedida por la autoridad ambiental competente. El documento debe acreditar que la inversión cumple las condiciones establecidas y que no fue ejecutada por una obligación impuesta para mitigar el impacto de una actividad sujeta a licencia ambiental.

Asimismo, el valor de la inversión y del descuento debe estar certificado por el representante legal y el revisor fiscal o contador público. La Contraloría sostiene que los descuentos incluidos por la EAAB no cumplían con la certificación o los soportes requeridos.

La EAAB había reconocido una corrección tributaria

Un informe de auditoría interna de la EAAB señaló que la empresa identificó un error en la declaración de renta de 2019 y realizó una corrección voluntaria. Según ese documento, esa decisión implicó el reconocimiento de la sanción por inexactitud.

El mismo informe registró que la empresa presentó en mayo de 2023 una denuncia por un posible detrimento de $60.178.398.000 y adelantó gestiones para buscar la cobertura de pólizas. Sin embargo, esas actuaciones son anteriores al auto divulgado por la Contraloría este 1 de octubre y no constituyen una respuesta de la EAAB frente a la imputación actual.

La imputación todavía no es un fallo definitivo

La imputación fiscal en la EAAB constituye una etapa del proceso y no una decisión definitiva de responsabilidad. Después de la notificación, las personas involucradas pueden presentar argumentos de defensa, aportar pruebas y controvertir los señalamientos.

Una vez concluya esa fase, la Contraloría deberá emitir un fallo con o sin responsabilidad fiscal. La Ley 610 de 2000 establece que una decisión con responsabilidad requiere certeza sobre el daño patrimonial, su cuantificación, la conducta atribuida y la relación entre esa actuación y el detrimento.

Por ahora, la Contraloría informó que continuará las actuaciones correspondientes, mientras los dos funcionarios conservan la posibilidad de ejercer su defensa dentro del proceso.

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