Los argumentos con los que buscan anular la elección del contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, radican en que en sus anteriores cargos en la Contraloría General de la República tuvo la capacidad de ordenar gasto y de celebrar contratos en Bogotá. Por eso, también piden que, como medida cautelar, sea suspendido del cargo de manera provisional.
La demanda fue presentada por Carlos Alberto López, contralor suspendido de Villavicencio (Meta), ante la sección primera del Tribunal Superior de Cundinamarca y en ella señaló que Ruiz trabajó como Contralor General de la República encargado, así como Vicecontralor general encargado, y en propiedad doce meses antes de que el Concejo de Bogotá lo eligiera, por unanimidad, como responsable de vigilar el presupuesto y la gestión fiscal del Distrito.
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De acuerdo con el demandante, Ruiz desplegó en Bogotá autoridad administrativa sobre el cabildo distrital potencial o materialmente, debido a que el ejercicio de esos cargos conlleva ser autoridad administrativa en todo el país y tener la capacidad de ordenar recursos y celebrar contratos en sede del ente de control, es decir: Bogotá.
La jurisprudencia citada en la demanda señala que, según la Ley 136 de 1994, Ruiz estaba inhabilitado porque “dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien, como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”.
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Una elección que fue criticada desde el principio
Los presuntos conflictos de intereses fueron los motivos para que su elección generara detractores y denuncias alrededor del proceso que inició a finales de marzo con la prueba de conocimiento. Entre las quejas estaba, por ejemplo, que en calidad de director de la oficina jurídica de la Contraloría General, haya revisado y aprobado en 2019 y 2021 las resoluciones que fijaban los términos de las convocatorias públicas de selección de contralores municipales y departamentales.
Esto se traduce en que, como servidor público, aprobó los lineamientos con los que se evaluó un proceso de selección (reglas, ponderación de pruebas y criterios de puntuación para experiencia, educación, actividad docente y producción de obras) en el que participó y resultó electo. A pesar de esto, el Departamento Administrativo de la Función Pública indicó en una respuesta al entonces candidato que “no se observaban elementos del conflicto de interés en el servidor referido”.
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Otro de los reparos fue que los ocho concejales que fueron recusados, por no haberse declarado impedidos para votar, tienen familiares que tuvieron o tienen un vínculo laboral en la Contraloría General, cuyo titular era el jefe directo de Ruiz: Felipe Córdoba. Como el caso de José Onzaga Niño, hermano del concejal de la Alianza Verde, Andrés Onzaga Niño, quien fue nombrado contralor delegado para el Sector Tecnologías de la Información y Comunicaciones por el propio Julián Ruiz, en calidad de contralor general encargado.
Una elección unánime en el Concejo
El contralor Julián Ruiz fue elegido el 17 de mayo por el Concejo de Bogotá con una votación de 29 votos a favor, mientras que los otros dos ternados no obtuvieron ningún apoyo, hubo seis en blanco y dos abstenciones de los cabildantes Carlos Carillo (Polo) y Diego Cancino (Verde), quienes se retiraron de la Plenaria.
Por ahora, en manos del magistrado Felipe Solarte, de la Sección Primera del Tribunal, deberá decidir si suspende o no al elegido contralor de la capital y si da validez a los argumentos expresados en la demanda.
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