![Según las Secretaría de Salud, la cifra de contagios reportada fue de 113 casos entre los usuarios del Centro Bakatá y 18 entre el equipo de funcionarios de la entidad.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/D733CYDZY5EZZGS47MQVJDTJYE.png?auth=cc35b30d8025f73fbbb7db873ddda4d3f6235a6bf2c5573fd9ad4ef65acac6dc&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Lucía Bastidas Ubate, concejal de Bogotá, denunció que la Secretaría de Integración Social dejó vencer el contrato de transporte que presta servicios en uno de sus programas. “En la mañana del 27 de octubre en visita al centro de atención Oasis, se evidenció a los habitantes de calle llegar caminando porque las rutas no los recogieron”, informó Bastidas.
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De acuerdo con lo denunciado por la concejal, el servicio de transporte se pactó a través del contrato SDIS-SABP-002-2022 por un valor $13.000 millones por monto agotable, el cual se hizo con el comisionista Correagro con el siguiente objeto:
“Contratar un comisionista que actúe en nombre propio y por cuenta de la Secretaría Distrital de Integración Social, en calidad de comitente comprador para que lleve a cabo en el mercado de compras públicas -mcp- de la bolsa mercantil de Colombia -bmc- la negociación necesaria para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial, carga y taxis para la secretaria distrital de integración social en las diferentes modalidades: grupo 1: buses y busetas, grupo 2: microbús”.
La concejal afirma que el programa se queda sin recursos y llega una terminación anticipada a los transportadores de Unión Temporal Integración KV-E 2022. “En repetidas ocasiones he denunciado las múltiples falencias y desaciertos que ha tenido Integración Social con la falta de planeación y vencimiento de contratos que afecta a la ciudadanía más vulnerable”.
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Otra de las denuncias de la concejala es que de acuerdo con una visita a las instalaciones del Programa de “Habitante de Calle”, en donde encontró que se están mezclando los servicios en la sede carrera 35 con adultos mayores y personas habitantes de calle.
Por otra parte, también denunció que en la Subdirección de Abastecimiento no hay recursos y “no tuvo como cubrir los bonos del mes de mayo, junio, julio. Denuncias sobre el tipo de alimentación se dieron en los jardines infantiles y como la falta de mantenimiento locativo está poniendo en riesgo la salud e integridad de las personas que trabajan en estas instituciones”.
“El llamado es que la Personería y Contraloría revise y verifique cada denuncia que he venido alertando y de una solución oportuna, los más perjudicados son los ciudadanos que reciben estos servicios y la falta de garantías es cada vez más grave”, concluyó Bastidas.
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¿Qué dice sec. de Integración Social?
El Espectador se comunicó con la entidad del Distrito, la cual señala que el contrato con Correagro S.A. está vigente y que su plazo de ejecución va hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta el agotamiento de los recursos.
“De igual forma se informa que la Secretaría se encuentra adelantando un nuevo proceso contractual con el fin de dar la continuidad de este tipo de servicios para cumplir con su misionalidad”, señaló.
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