Las principales ciudades del país elevaron su voz frente a los ajustes propuestos al tope de la vivienda de interés social (VIS) y la vivienda de interés prioritario (VIP), durante una mesa técnica con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que buscaba ordenar el borrador de decreto nacional.
La Alianza por la Vivienda y el Hábitat, integrada por las secretarías de Vivienda de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, presentó recomendaciones técnicas enfocadas en proteger a las familias, cuidar la estabilidad del mercado y fortalecer la política pública de vivienda social.
El contexto en Bogotá ha sido especialmente sensible. La capital cerró 2025 con un récord histórico de ventas de unidades VIS —alrededor de 40.000— impulsadas por subsidios distritales y nacionales, y cerca de 17.000 subsidios ejecutados solo en la ciudad. Este dinamismo consolidó a Bogotá como uno de los mercados más activos de vivienda social en Colombia.
Sin embargo, el reciente aumento de casi 23 % en el salario mínimo para 2026 y las propuestas del borrador de decreto han reconfigurado el debate sobre cómo se fijan los topes de precio y los subsidios.
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La situación en Bogotá
El principal punto de tensión radica en que, bajo el esquema anterior, muchos subsidios y topes de precio de la VIS estaban indexados al salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV). Con cada alza del salario mínimo —como la registrada de casi 23 % para 2026—, el valor de los subsidios y los topes en salarios aumentan automáticamente en pesos, lo que en un presupuesto fijo reduce la cantidad total de subsidios que puede entregar el Distrito, afectando la cobertura y el acceso a la vivienda social.
Frente a este panorama, las capitales insistieron en que cualquier ajuste normativo incluya un régimen de transición claro que brinde seguridad jurídica a las familias que compraron vivienda antes de 2026 y que todavía no han escriturado, evitando cambios abruptos a mitad del proceso.
“Las familias necesitan seguridad y confianza. La política de vivienda debe garantizar que quienes ya iniciaron su proceso no vean modificadas las reglas a mitad del camino”, afirmó la secretaria distrital del Hábitat de Bogotá, Vanessa Velasco, durante la mesa técnica.
Además de enfatizar la necesidad de reglas claras desde la preventa, las ciudades compartieron experiencias, herramientas de gestión y sistemas de información desarrollados por Bogotá para la implementación y seguimiento de programas VIS y VIP, con el propósito de que estos modelos puedan ser replicados y adaptados en otros territorios. También destacaron la importancia de estrategias de mejoramiento de vivienda para fortalecer las condiciones de habitabilidad en contextos urbanos.
Durante el diálogo, las capitales pusieron sobre la mesa tres prioridades: un régimen de transición confiable, reglas transparentes desde la preventa y la permanencia de topes diferenciados, particularmente el de 175 SMMLV para VIS en proyectos de renovación urbana y el de 90 SMMLV para VIP. Estas recomendaciones no solo buscan proteger a los hogares, sino equilibrar los incentivos para los constructores y evitar que una regulación demasiado rígida reduzca la oferta de proyectos en las ciudades más dinámicas.
Vivienda VIS y salario mínimo
El borrador de decreto, que propone fijar los precios de la VIS en pesos desde el inicio de la promesa de compraventa y eliminar la indexación automática al salario mínimo, también ha generado debate entre constructores y analistas, quienes advierten posibles efectos sobre la oferta, los costos y la seguridad jurídica del sector si no se articulan mecanismos técnicos y financieros adecuados.
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Por Redacción Bogotá
