Distrito rechaza militarizar Bogotá: afirma que el Ejército ya opera en la ciudad

El pronunciamiento se produjo después de que el representante José Jaime Uscátegui solicitara al presidente Abelardo de la Espriella un despliegue militar en las tres localidades. La iniciativa se suma al cabildo abierto impulsado por el concejal Julián Uscátegui, respaldado por 37.056 firmas certificadas por la Registraduría.

Por ahora, el Gobierno Nacional no ha anunciado una orden de asistencia militar para Bogotá. Además, el alcalde Carlos Fernando Galán tampoco ha informado que vaya a solicitar formalmente la aplicación de esa medida.

Distrito responde a la propuesta de militarización de Bogotá

César Restrepo señaló que la participación del Ejército en la seguridad de la ciudad no es nueva, pues la Décima Tercera Brigada mantiene operaciones coordinadas con la Policía Metropolitana y la Secretaría Distrital de Seguridad.

“Pretender que la entrada del Ejército sea una novedad es desconocer que el Ejército ya está adentro”, afirmó el funcionario al responder a la propuesta de militarización de Bogotá.

De acuerdo con Restrepo, la Brigada dispone de más de 10.000 soldados para su jurisdicción, que comprende Bogotá y Cundinamarca. Estos uniformados participan en patrullajes mixtos, controles territoriales y operaciones contra delitos como homicidio, hurto y tráfico de estupefacientes.

El secretario también afirmó que los homicidios presentan una reducción del 9 % en Ciudad Bolívar. Sin embargo, la declaración publicada no precisa el periodo utilizado para la comparación ni el número de casos que sustenta ese porcentaje.

Además, Restrepo indicó que la ciudad requiere más policías, investigadores y capacidad de respuesta judicial. Su posición es que el fortalecimiento de esas instituciones debe acompañar las acciones que ya adelanta el Ejército.

¿Qué pidió el representante José Jaime Uscátegui?

José Jaime Uscátegui radicó ante el Departamento Administrativo de la Presidencia una solicitud para desplegar a las Fuerzas Militares en Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, bajo la coordinación de las autoridades distritales y en apoyo de la Policía Nacional.

El congresista argumentó que estas localidades concentran una parte importante de los homicidios de Bogotá y enfrentan estructuras relacionadas con microtráfico, extorsión, uso de armas y otras economías ilegales.

Según las cifras incluidas en los reportes sobre la petición, Ciudad Bolívar acumulaba 126 homicidios durante 2026, mientras Kennedy registraba 105 y Bosa, 61. En conjunto, las tres localidades sumaban 292 casos.

Uscátegui también mencionó hechos recientes como el asesinato del intendente Edilberto Pinilla, integrante de la Sijín que investigaba un triple homicidio en Ciudad Bolívar, y la explosión ocurrida el 25 de agosto en el barrio El Amparo, en Kennedy.

La propuesta contempla un plan especial de intervención en los sectores con mayor concentración de violencia. No obstante, la solicitud presentada ante la Presidencia no equivale a una orden de militarización de Bogotá.

El Ejército ya participa en operativos dentro de Bogotá

La respuesta del Distrito está respaldada por varios despliegues realizados durante septiembre. En el plan de seguridad de Amor y Amistad, por ejemplo, el Ejército y la Policía adelantaron patrullajes mixtos en localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Fontibón, Santa Fe y Los Mártires.

En esas jornadas se realizaron registros a personas, verificaciones de antecedentes y controles en zonas de rumba, centros comerciales, entornos educativos, plazas de mercado y puntos con alta afluencia de público. La estrategia reunió a más de 450 funcionarios distritales y miembros de la Fuerza Pública.

Asimismo, el 25 de septiembre, tropas del Batallón de Policía Militar número 13 y del Batallón de Infantería número 37 Guardia Presidencial participaron en una intervención en el parque Tercer Milenio y el barrio San Bernardo.

La operación fue coordinada por la Secretaría de Seguridad y contó con la participación de la Policía y la Fiscalía. De acuerdo con el reporte oficial, las acciones se concentraron en puntos asociados con microtráfico, hurtos, lesiones personales y homicidios.

Por esta razón, el Distrito sostiene que la discusión no debe plantearse como el ingreso inicial de militares a Bogotá, sino alrededor del alcance que tendría un despliegue adicional y de las funciones que recibirían los uniformados.

El cabildo abierto superó el número de firmas requerido

La militarización de Bogotá también será discutida mediante un cabildo abierto promovido por el concejal Julián Uscátegui. La Registraduría revisó 52.965 apoyos y certificó 37.056 firmas válidas, una cifra superior al mínimo de 31.096 requerido para continuar con el mecanismo de participación.

La certificación obliga al Concejo de Bogotá a convocar la sesión, en la que la administración de Carlos Fernando Galán deberá exponer públicamente su posición sobre la asistencia militar.

El cabildo y la petición presentada por José Jaime Uscátegui son actuaciones diferentes. El primero busca abrir una discusión ciudadana e institucional en el Concejo, mientras que la segunda solicita directamente al presidente De la Espriella ordenar un despliegue en tres localidades.

Hasta el momento no se ha informado la fecha definitiva del cabildo abierto.

¿Qué significa legalmente la asistencia militar?

El artículo 170 de la Ley 1801 de 2016 define la asistencia militar como un instrumento temporal y excepcional. El presidente de la República puede ordenarla cuando se presenten hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia, un riesgo inminente, una emergencia o una calamidad pública.

Los gobernadores y alcaldes también pueden solicitar la medida, pero la decisión final corresponde al presidente. Además, las operaciones deben coordinarse con el comandante de Policía de la jurisdicción.

La Corte Constitucional estableció que la asistencia militar funciona como apoyo a las tareas que corresponden materialmente a la Policía. Por lo tanto, las Fuerzas Militares deben someterse a las reglas, límites y protocolos aplicables a la actividad policial.

La figura tampoco permite utilizar la capacidad bélica del Ejército contra la ciudadanía. Según la sentencia C-100 de 2022, el despliegue debe respetar la Constitución, los derechos humanos y los principios establecidos en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia.

En la respuesta entregada por el Distrito no se anunció la activación formal de este mecanismo. Las operaciones descritas corresponden a la coordinación que ya existe entre la Policía, la Secretaría de Seguridad y la Décima Tercera Brigada.

Bogotá mantiene un déficit de policías

La discusión sobre la militarización de Bogotá ocurre mientras la ciudad intenta aumentar su pie de fuerza. Al finalizar 2025, la capital tenía aproximadamente 206 policías por cada 100.000 habitantes, según el informe de gestión de la Secretaría de Seguridad.

La entidad calculó que se requerían cerca de 8.000 uniformados adicionales para alcanzar la referencia de 300 policías por cada 100.000 habitantes. Esa brecha afectaba la capacidad de vigilancia, prevención e investigación criminal.

En mayo de 2026 fueron incorporados 794 policías nuevos, distribuidos entre las localidades, la Fuerza Disponible y los grupos de prevención. Sin embargo, el alcalde Galán y el secretario Restrepo han mantenido el déficit de personal como uno de los principales problemas de seguridad de Bogotá.

La respuesta del Distrito a la petición de militarización se concentra precisamente en ese punto: mantener la coordinación con el Ejército, mientras se incrementan las capacidades de la Policía, la investigación criminal y la justicia.

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