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A buen ritmo y con la presión de entes gubernamentales e internacionales avanzó la investigación por fuerza desmedida en la muerte del lider comunitario del municipio de Soacha. La captura de cuatro policías por la muerte de Donovan Balanta Paz llegó 29 días después de que el joven afrodescendiente fuera reducido durante un procedimiento en Caracolí, en el límite entre Ciudad Bolívar y el vecino municipio. En ese lapso de tiempo, además de la veeduría de varios entes, hubo videos grabados por vecinos, denuncias de la familia, la separación de siete uniformados, llamados de la ONU y una petición de la Defensoría para indagar un posible perfilamiento racial.
La Fiscalía informó este lunes 19 de octubre que fueron detenidos un mayor, un subintendente y dos patrulleros. A los cuatro les imputarán homicidio agravado y tortura, mientras sigue vigente una quinta orden de captura contra otro uniformado.
Caso Donovan Balanta: la precisión sobre las capturas
La Policía Metropolitana de Soacha informó inicialmente, en un comunicado, que cinco uniformados habían sido capturados por su presunta relación con los hechos. Sin embargo, la Fiscalía precisó después que, hasta ese momento, se habían materializado cuatro capturas y que una quinta orden judicial continuaba pendiente.
La información fue entregada durante una rueda de prensa por funcionarios de la Fiscalía y del CTI. De acuerdo con el ente acusador, los detenidos son un mayor, un subintendente y dos patrulleros que serán llevados ante un juez para responder por los delitos de homicidio agravado y tortura.
La diferencia entre ambas comunicaciones importa porque una orden de captura no equivale a una detención efectivamente realizada. Por ahora, tampoco se han divulgado los nombres de los cuatro policías ni las decisiones que adopte el juez durante las audiencias.
La noche en que murió Donovan Balanta
Donovan Balanta tenía 34 años, era padre de dos hijos, trabajaba en una farmacéutica y cursaba estudios de criminalística. La noche del 20 de septiembre regresaba a su casa, en Caracolí, cuando se encontró con un procedimiento policial que la institución describió como la atención de una riña entre vecinos.
Según la versión de la Policía, durante la intervención hubo una confrontación con civiles y Balanta habría lanzado un objeto contra los uniformados. La institución confirmó que utilizó un dispositivo de inmovilización electrónica y que, después, trasladó a Balanta y a José Luis Guerrero Moreno a la Estación de Policía de Cazucá.
La familia sostiene una versión distinta. Sus allegados han dicho que Donovan no participaba en la riña y que, tras romper una botella, fue perseguido y reducido. Además, denuncian que recibió golpes y descargas eléctricas cuando ya estaba esposado, así como expresiones racistas durante el procedimiento.
La Policía afirmó que Balanta sufrió una afectación repentina de salud dentro de la estación y fue llevado con vida al Hospital Cardiovascular Luis Carlos Galán de Soacha. La familia, por su parte, asegura que ingresó sin signos vitales. El dictamen de Medicina Legal que establezca la causa de la muerte no se ha divulgado públicamente.
De la separación de siete policías a la investigación penal
Tres días después de la muerte, la Policía Nacional apartó temporalmente del cargo a siete uniformados que participaron en el procedimiento. La medida se tomó dentro de una indagación disciplinaria. En ese momento, la familia reclamaba conocer quiénes eran los agentes, qué función cumplió cada uno y qué pasó dentro de la estación de Cazucá. También pidió acceder a la minuta de ingreso, a los videos del sector y a los registros del táser utilizado durante la captura.
La separación del cargo abrió una actuación interna, pero no resolvía la investigación penal. Las capturas anunciadas este lunes trasladan el caso a una etapa judicial distinta, en la que la Fiscalía deberá sustentar ante un juez los elementos que vinculan a cada uniformado con los delitos imputados.
La ONU y la Defensoría pusieron el foco en la custodia policial
El caso trascendió el ámbito local cuando la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó preocupación por la muerte de Donovan Balanta bajo custodia policial. El organismo recordó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la vida e integridad de una persona detenida y pidió una investigación exhaustiva en la justicia ordinaria.
La Defensoría del Pueblo también acompañó a la familia y solicitó que la Fiscalía establezca si, durante el procedimiento, existieron conductas asociadas con discriminación o perfilamiento racial. Esa posibilidad hace parte de la investigación y no constituye, hasta ahora, una conclusión judicial.
La entidad relacionó el caso con los hallazgos generales del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de la ONU sobre justicia e igualdad racial en Colombia. Tras su visita al país en mayo de 2026, el mecanismo reportó denuncias de perfilamiento racial, uso excesivo de la fuerza contra jóvenes afrodescendientes y prácticas discriminatorias en comparendos y traslados.
Otros casos que reaparecen en la discusión sobre uso de la fuerza
La muerte de Balanta reabrió referencias a casos ocurridos en Bogotá y Soacha, aunque cada expediente tiene hechos, responsables y decisiones judiciales diferentes.
Uno de ellos es el de Javier Ordóñez, quien murió en septiembre de 2020 luego de ser sometido con descargas eléctricas y golpes durante un procedimiento policial en el CAI de Villa Luz, en Bogotá. En 2021, el expatrullero Juan Camilo Lloreda aceptó responsabilidad y fue condenado a 20 años de prisión; además, la Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad de los dos patrulleros involucrados.
También está el incendio del CAI San Mateo de Soacha, donde murieron ocho personas detenidas en septiembre de 2020. En 2024, un juzgado declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Policía por la muerte de dos internos y las lesiones sufridas por un sobreviviente, dentro de uno de los procesos derivados de esa tragedia.
En julio de 2026, además, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la responsabilidad de la Nación y de la Policía por la muerte de Dilan Cruz, herido durante una protesta de 2019. El Tribunal calificó ese caso como una grave violación de derechos humanos.
Los tres antecedentes no prueban lo ocurrido en Caracolí, pero muestran por qué la muerte de Donovan Balanta abrió de nuevo el debate sobre el uso de dispositivos eléctricos, la atención médica de personas bajo custodia y los controles sobre la actuación policial.
Qué sigue en el expediente de Donovan Balanta
La Fiscalía deberá presentar a los cuatro capturados ante un juez de control de garantías e imputar los delitos anunciados. La quinta orden de captura sigue pendiente de hacerse efectiva, según la información entregada por el ente investigador.
Mientras tanto, permanecen abiertas varias preguntas centrales del caso: la causa médico-legal de la muerte, el alcance de las lesiones denunciadas por la familia, el uso que se dio al táser, lo ocurrido dentro de la Estación de Cazucá y la eventual existencia de un componente de discriminación racial.
Sin embargo vale la pena resaltar que la captura de los uniformados no implica una condena. Su responsabilidad deberá definirse dentro del proceso penal, con las pruebas de la Fiscalía y los argumentos de la defensa.
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