Los índices delictivos vienen cayendo y cada semana se reporta la desarticulación de bandas delincuenciales, lo que indicaría, de manera preliminar, que mejora la seguridad en Bogotá. Sin embargo, la percepción contradice las buenas noticias y la sensación de inseguridad sigue en aumento. Tras dos años de la administración de Carlos Fernando Galán, la ciudad parece enfrentar las mismas problemáticas: robos, homicidios y la desconfianza que caracteriza a una ciudad con menos policías y los mismos temores.
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¿Bogotá camina segura?
Que “Bogotá camine segura” es un indicador difícil de ilustrar en cifras, en especial cuando la realidad no está en sintonía con las métricas. Los datos, en lo corrido del año, reflejan el esfuerzo de las autoridades. No obstante, cada vez más gente siente temor al salir a la calle. De ahí surge una pregunta, ¿qué pesa más, las cifras oficiales o la percepción? Los expertos hablan de un balance, que no existe.
Según la Policía y la Secretaría de Seguridad, están a la baja delitos como el hurto a bancos (casi 73%), a comercio (-29%) y de vehículos (22%). Delitos como el homicidio y el hurto a personas también disminuyeron (entre -2% y -5%), logrando por segundo año la reducción del atraco callejero. Esto, según Hugo Acero, experto en Seguridad, coincide con la reducción del índice de victimización de la Encuesta de Calidad de Vida 2025, de Bogotá Cómo Vamos, “que muestra cómo la ciudad pasó de una victimización del 27 % en 2023 al 15 % en este año”.
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Pero la misma encuesta devela otros dos patrones que siembran preocupación: (1) que la percepción de inseguridad llegó al 62 %, la más alta desde 2008 y (2) que disminuyó la denuncia del 46% en 2023 a 42% en 2025, apuntó Acero, quien concluye que, a pesar de que la disminución es latente, no necesariamente ha generado un mejor ambiente de seguridad. Y esto, según Julián Uscátegui, concejal del Centro Democrático, refleja el fracaso de la estrategia. “No creo que Bogotá esté condenada a la inseguridad, pero si no se corrige, con más inversión, fortaleciendo la Fuerza Pública, enfrentando con decisión a los violentos y recuperando el control del espacio público, nada va a cambiar”, señaló a este diario.
Homicidios
Juan Felipe Campos, jefe de la Oficina de Análisis y Estadística, de la Secretaría de Seguridad, dice que Bogotá tuvo uno de los años más positivos en seguridad, pese al déficit de pie de fuerza. La ciudad ha tenido una disminución de policías en los últimos años y con 198 policías por cada 100.000 habitantes, tiene la tasa más baja de las capitales del país. “A pesar de esto, hay una mejora en los principales indicadores de seguridad”.
En cuanto a homicidios, reconoció que 2024 fue uno de los años más críticos. Sin embargo, desde septiembre de ese año hubo acciones coordinadas, que permitieron que septiembre de 2025 fuera el mes menos violento desde que hay registros mensuales. Entre septiembre y noviembre de 2025 hubo una reducción de 80 homicidios frente al mismo periodo del año anterior. Frente a los homicidios asociados a atracos, señala que, aunque es grave, hay reducciones clave: en 2025 se registraron 59 homicidios por atraco, frente a 130 casos en 2021.
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¿La culpa es de la justicia?
Al diagnóstico se suma una queja recurrente de la Alcaldía: los índices de impunidad. En el imaginario, el desfile semanal de capturas, que permiten la disminución de delitos, no aporta a la sensación de seguridad. Pese a que la Policía reporta este año 28.952 capturas en flagrancia (aumentó 9 %) y 4.158 capturas por orden judicial, la justicia se vuelve un cuello de botella. El propio secretario de Seguridad, César Restrepo, ha sostenido que siete de cada 10 capturados por delitos como hurto, quedan en libertad. La Policía asegura que el 98 % de capturados por porte ilegal de armas de fuego, también quedan en libertad.
Norberto Hernández, profesor de la facultad de Ciencias Jurídicas de la U. Javeriana, explica que, para entender por qué una persona capturada puede quedar en libertad, es necesario distinguir dos momentos del proceso penal: la captura y la solicitud de medida de aseguramiento. En el primer escenario, la regla es que la aprehensión se haga mediante orden escrita de un juez, mientras que la flagrancia es una excepción regulada por el Código de Procedimiento Penal.
Pero, el docente subrayó que toda captura debe respetar derechos fundamentales: permitir comunicación con abogado y familia, y evitar el uso excesivo de la fuerza. Si la persona no opone resistencia, no puede ser golpeada. Si estos derechos se vulneran, el juez debe declarar la captura ilegal y concede la libertad.
Sobre las cifras de impunidad, Norberto señala que no existen datos claros que respalden afirmaciones como que siete de cada 10 capturados quedan en libertad. “Estas cifras parecen más opiniones que resultados de estudios rigurosos. En su opinión, la solución no pasa por reformas legales, sino por mejorar la calidad de las capturas y fortalecer el trabajo de la Fiscalía”.
Frente a la narrativa de algunos secretarios de seguridad que responsabilizan a la justicia por los problemas de seguridad, Norberto discrepa. “Los jueces no están para ejecutar políticas de seguridad, sino para actuar como terceros imparciales, lo cual es una garantía para cualquier ciudadano. Los errores son falta de personal, deficiencias en la ejecución de planes de seguridad y capturas mal realizadas por la Policía, así como fallas de la Fiscalía al sustentar las medidas de aseguramiento”.
Lo que hace falta
En suma, son varios aspectos que influyen en que la ciudadanía se sienta segura: índices delictivos, denuncias, percepción, justicia y pie de fuerza. Es claro que los índices bajaron, pero todavía 112.442 personas fueron víctimas de hurto, todo a pesar de que, según los datos, se reportaron 5.000 casos menos. De esta manera, es entendible que la ciudadanía, aún sienta que la seguridad no mejora, cuando los indicadores muestran otra realidad.
Por eso, son muchos los retos. Los entrevistados indican, pro ejemplo, la expansión del crimen organizado, el aumento de grupos delictivos y la consolidación de economías ilícitas; el incremento de la violencia asociada al hurto y al microtráfico; todo sumado a la baja inversión en seguridad, que se traduce en capacidades limitadas de las autoridades para prevenir, contener y reaccionar frente al delito.
En conclusión, llegar al equilibrio entre la seguridad tangible y la percepción, en una ciudad como Bogotá, en la que el crimen nunca ha dado tregua, obliga, cuando menos, a repensar las estrategias, no enteramente para reducir los índices delictivos, sino también para hacer que los bogotanos de verdad sientan que caminan seguros. Como señaló Uscátegui, “la seguridad no mejora con anuncios vacíos: requiere decisiones, hechos y resultados. Eso pedimos desde el Concejo y es lo que esperan los bogotanos”, cerró el concejal.
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Por Juan Camilo Parra
