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4 Jan 2021 - 10:43 p. m.

Durante el 2020, cerca de 295 empresas de Cundinamarca fueron multadas por afectaciones ambientales

Superando los $9.400 millones en multas, la CAR sancionó a distintas empresas por actividades como tala, ocupación ilegal de cauces y captaciones ilegales, minería ilegal e incumplimiento de obligaciones en permisos y licencias otorgadas.
Las sanciones impuestas son las más altas desde que la Corporación es autoridad
ambiental.
Las sanciones impuestas son las más altas desde que la Corporación es autoridad ambiental.
Foto: CAR

El 2020 fue el año en el que la CAR ha impuesto más multas en toda su historia. Durante el pasado año, la entidad sancionó a distintas empresas de Cundinamarca y Boyacá, fundamentalmente por ejecutar acciones que afectaban el aire, agua, flora, fauna y suelo.

Las principales razones por la cuales se sancionó a estas empresas fueron: intervención de área de ronda, ocupación de cauces sin autorización, captación ilegal, emisiones atmosféricas sin cumplir con los requisitos de ley, tala de bosque nativo sin permiso, exploración de pozos profundos, movilización de especímenes, ocupación de cauces e incumplimientos de obligaciones en el manejo de residuos o de permisos y licencias.

Según Camilo Ferrer, director jurídico de la CAR Cundinamarca, estas sanciones corresponden al ejercicio de la autoridad ambiental de la Corporación y con ellas se busca sentar un precedente para evitar más afectaciones a recursos del medio ambiente. “En el 2020 las multas ascendieron a $9.416 millones, los cuales se invertirán de manera prioritaria en la restauración de los ecosistemas afectados con estas infracciones ambientales”, mencionó.

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Según la CAR, la multa más alta impuesta en el 2020 fue por $2.372,2 millones. Quien tendrá que pagar la suma es una empresa bogotana, que incumplió las obligaciones adquiridas en un permiso de adecuación de tierras con fines agrícolas. “Se verificó disposición inadecuada de residuos sólidos ordinarios y el incumplimiento de los requerimientos de la autoridad ambiental respecto al Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIR) al disponer escombros de manera inadecuada en un predio de la localidad de Suba”, argumentó Ferrer.

A esta le sigue un establecimiento del municipio de Fusagasugá, el cual fue sancionado por superar los niveles permitidos de emisión de ruido, y tendrá que pagar cerca de $1.171,3 millones. Mientras que, en tercer lugar, a un habitante del mismo municipio se multó con $947,8 millones por realizar descarga de vertimientos sin permiso, producto de actividades domésticas.

Ante esto la entidad recomienda cumplir con las normativas de protección ambiental, recordando que seguirá reforzando las acciones de control, a través de sus oficinas regionales, contra quienes pretendan causar afectaciones a los recursos naturales del departamento.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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