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El Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. ESP (CGR), que opera el relleno sanitario de la ciudad, ahora se defenderá ante la justicia penal. Además de los múltiples pleitos que ha enfrentado en 12 años, ante diferentes autoridades y organismos de control, ahora tendrá que enfrentar a la Fiscalía, que acusó a Mauricio Bernal Marcucci, presidente y representante legal de la compañía. El 27 será la audiencia preparatoria.
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Aunque este episodio parece uno más de la colección de multas, sanciones administrativas y pronunciamientos contra los presuntos incumplimientos en la ejecución del contrato por CGR (que viene acumulando casi desde el primer día que asumió la tarea en 2010), hoy el asunto es a otro precio. En esta oportunidad, sus acciones u omisiones, ya nos las pagaría con dinero, si no que las podría pagar con cárcel.
Los delitos por los que irá a juicio son contaminación ambiental agravada y daño a los recursos naturales, que contemplan cada uno una pena máxima de casi 12 años de prisión y de ser declarado responsable, de cierta manera, se confirmaría lo que han dicho en múltiples ocasiones otros entes administrativos y de control como la Contraloría, la Personería, la Superintendencia de Servicios Públicos y el propio Distrito a través de la Uaesp.
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Vale recordar que los líos con CGR prácticamente comenzaron desde que asumió la operación en 2010 y desde entonces, tres administraciones han intentado quitarle el manejo de Doña Juana, pero ninguna ha podido. Los términos del contrato y su argumento de que el dinero que reciben del Distrito no alcanza para una óptima operación, lo han mantenido al frente.
El proceso penal
El proceso penal comenzó en agosto de 2017, luego de una de las tantas crisis ambientales que se han reportado en inmediaciones del relleno. En esa oportunidad, una nube de moscos se expandió por el sur de la ciudad. En su oportunidad, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Uaesp multaron a CGR, al encontrar que todo era producto de la falta de un adecuado manejo de las basuras y del tratamiento de los lixiviados (líquidos que se desprenden de la basura).
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A raíz de la situación, una comisión integrada por un fiscal y peritos expertos en delitos ambientales, del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se tomaron el relleno Doña Juana, para realizar una inspección y verificar si los incumplimientos de CGR se enmarcaban en el código penal. “Se busca confirmar la gestión ambiental en el relleno, para determinar los daños al medio ambiente. Según lo que se encuentre en la diligencia, la Fiscalía proferirá nuevas órdenes”, explicó entonces la Fiscalía. En resumen, quería saber si detrás de los aparentes líos administrativos y logísticos, había una desidia criminal, contra el medio ambiente.
Tres años después de la inspección, la fiscal de caso quedó convencida y halló méritos para llevar ante un juez al representante legal del CGR Doña Juana y en octubre de 2020 le formuló imputación. Determinó que el operador era responsable de los problemas con la disgregación, compactación y cubrimiento de residuos; los líos en el manejo de lixiviados, y en la inestabilidad de taludes, lo que aumentaba la presencia de vectores (ratas y moscas) y malos olores en la zona.
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“La investigación estableció que el funcionario, en su calidad de representante legal, tendría la responsabilidad en un presunto incumplimiento en el marco de la licencia ambiental y de las normas que protegen el medio ambiente”, dijo Ángela Chacón, directora nacional de la Dirección de Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos, durante la imputación. La funcionaria siguió investigando y el año pasado, con la certeza que le dieron las pruebas, acusó formalmente a Bernal Marcucci.
“La situación que advierten los profesionales es altamente gravosa para el medio ambiente y los recursos naturales, ya que con este tipo de manejo se aumenta de manera exponencial la producción de lixiviados, así como vectores, los cuales, por la concentración de los residuos sólidos y su ubicación frente al vagón de vientos, es muy fácil que lleguen a las zonas residenciales, las cuales están muy cerca del relleno sanitario”, señaló el escrito de acusación.
Ahora, todo parece listo para el juicio. El siguiente episodio se vivirá el 27 de enero, fecha en la que se realizará la audiencia preparatoria, en la que se relacionarán todas las pruebas, tanto del ente acusador como de la defensa, con las que tratarán de convencer al juez del caso sobre la responsabilidad o la inocencia del procesado.
Un largo historial
Al revisar el historial de CGR ante las autoridades, el panorama no es mejor. Desde que le adjudicaron el contrato en 2010, sus competidores (Ecoparque y Gestión Ambiental) denunciaron posible manipulación del proceso. Desde entonces, los pleitos de CGR por varios frentes no han cesado. Ha enfrentado sanciones de la Superintendencia de Servicios Públicos; multas de la Uaesp; Investigaciones de la Contraloría, la Fiscalía, la Personería, la CAR y el Distrito. Todo, enmarcado en un extenso laudo arbitral, aun sin resolver.
En materia fiscal, han enfrentado frecuentes las advertencias de la Contraloría, que ha señalado falta de claridad en las cuentas del esquema de aseo; problemas con los lixiviados; incumplimiento en el aprovechamiento de residuos, y preocupación frente a la vida útil del relleno. Incluso, emitió un fallo de responsabilidad fiscal contra funcionarios de la Uaesp, porque no se sabe qué hicieron con $4.100 millones, que giraron para construir una planta de lixiviados, que el operador no hizo.
Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos lo ha sancionado por fallas operativas. En 2015 abrió un proceso por problemas en la prestación del servicio de aseo y en la disposición final, al no cubrir a diario los residuos, y no realizar control de gases. Luego le impuso una multa por $1.060 millones, al declararlo responsable del derrumbe que se registró en 2015. La CAR, por su parte, ha adelantado investigaciones por afectación del agua, el suelo y la flora.
En 2017 fue, tan vez, su año más crítico. Las cifras mostraban un endeudamiento del 90 %; cuentas con proveedores que superaba los $22.000 millones y retrasos en el pago de impuestos por $4.000 millones. Como medida, CGR tuvo que presentar un plan de mejora a la Superintendencia de Servicios Públicos, que le sirvió para mantenerse a flote. Luego, autorizó un aumento en la tarifa de aseo, con lo que se esperaba, pudiera corregir el rumbo y optimizar la operación.
No obstante, los pleitos no han cesado. Con la nueva administración ha tenido varios enfrentamientos. No solo volvieron a citarse ante un tribunal de arbitramento, que hoy tiene maniatado al Distrito para adelantar procesos administrativos contra CGR, hasta tanto no se resuelva el pleito arbitral, sino que tanto el operado CGR y el Distrito se han denunciado penalmente.
La alcaldesa insiste en que CGR no ha cumplido con la construcción de la planta de lixiviados ni con los estándares de tratamiento en el relleno Doña Juana en cuatro años. Según la versión del Distrito, CGR se ha embolsillado $163.000 millones, con un 42 % de incumplimiento en sus obligaciones adquiridas, y por eso los denunció por peculado por apropiación, fraude procesal y fraude a resolución judicial.
Por su parte, el CGR niega el incumplimiento y acusa al Distrito de no haber destinado los recursos que necesita el relleno sanitario. Cada que salen a flote sus incumplimientos, explican sus directivos que todo tiene origen en los inconvenientes con pasada administración; el cambio de reglas de juego, y la falta de pagos a tiempo, lo que retrasó inversiones clave para prestar un buen servicio.
Hoy, con un juicio ad-portas, los pecados de Doña Juana retoman vigencia. Parece momento para que el tribunal de arbitramento se pronuncie y ponga fin a un largo problema del que solo están pagando los platos rotos, los ciudadanos y el medio ambiente.
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Por Alexánder Marín Correa
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