Hablar hoy del río Bogotá, y de cualquier intento por protegerlo y descontaminarlo, exige partir de una verdad incómoda: la región se planeó, y ha vivido durante décadas, a espaldas del agua que la sostiene. La deuda histórica que la región tiene con uno de sus afluentes más importantes es tal, que pese a los intentos, mesas técnicas y estrategias de cooperación para garantizar su protección, el río Bogotá sigue siendo sinónimo de suciedad y desamparo.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
En ese escenario crítico, la CAR y la RAP-E (Región Administrativa y de Planificación Especial), suscribieron un convenio de COP 60.300 millones, cuyo objetivo fundamental es impulsar la recuperación de las cuencas alta y media del río Bogotá. El anuncio coincide con un debate aún más profundo que ha estado marcado por múltiples tensiones: las reglas que definirán qué se puede construir en la sabana y qué se debe proteger para garantizar un futuro que no repita los errores del pasado. Esa discusión está hoy en manos del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH), entidad encargada por el Consejo de Estado de liderar un proceso amplio de concertación sobre estos lineamientos.
Lea más: Futuro ambiental de la sabana: primeros avances técnicos, pero diciembre será definitivo
Un territorio que ignoró el agua
Como lo explica el exgerente de la RAP-E Ricardo Agudelo, el problema no es nuevo ni técnico, sino estructural. Bogotá y sus municipios vecinos se expandieron ignorando su base hídrica. Borraron humedales, urbanizaron las rondas de ríos y quebradas, maltrataron los páramos y se permitió que la ciudad creciera sobre lo que antes era un sistema hídrico integrado, sin una planeación capaz de soportar semejante reto a futuro.
Con los años, la sabana terminó entendiéndose como un soporte inmobiliario y un espacio para la expansión industrial, y no como un ecosistema vivo fundamental en cuya protección recae la salud de la región. Las consecuencias son evidentes: desbalance hídrico, pérdida acelerada de ecosistemas claves en la regulación hídrica y del suelo agrícola, además de cuerpos de agua altamente contaminados y una expansión urbana sin control.
Cuando Agudelo advierte que la demanda de agua ya supera la oferta en un 43 % no exagera: resume lo que diversos estudios vienen advirtiendo hace años y es que, de seguir con ese modelo, las consecuencias en términos de suministro y contaminación serán cada vez más complejas de asumir, máxime con una región cada vez más habitada.
Más noticias: Inseguridad en ciclorrutas: ¿Funcionarán los nuevos agentes ante hurtos y violencia?
El convenio CAR-RAP-E
En este contexto, el convenio entre la CAR y la Región Central RAP-E se presenta como un esfuerzo para restaurar y conservar ecosistemas estratégicos de las cuencas alta y media del río Bogotá. Pero más allá del anuncio, este acuerdo solo puede entenderse en medio de una realidad que salta a la vista: el río Bogotá es el reflejo más evidente de una deuda histórica que el territorio arrastra desde hace décadas, y cualquier intervención que no responda a esa magnitud se quedará corta.
Así las cosas, este nuevo convenio prioriza la recuperación de páramos, rondas hídricas, bosques altoandinos y humedales, e incluye formación comunitaria, fortalecimiento de liderazgos locales y articulación institucional. En el papel es una iniciativa necesaria, pues procesos de esta naturaleza resultan insostenibles sin un trabajo de base en las comunidades que respondan a un plan integral de gobernanza del agua y los ecosistemas que participan en su ciclo.
“El factor de gobernanza social que se propone es importante. La formación de líderes comunitarios, gestores y vigías ambientales que sean parte de la comunidad aledaña a las cuencas alta y media también lo es, así como reconocer las interacciones del ecosistema nos hace más conscientes de su protección”, señaló Meliza Ordóñez Díaz, directora del programa de ingeniería ambiental de Uniagraria. Ahora, otro aspecto que resaltó es el seguimiento de las acciones y verificar, de manera rigurosa, que se cumplan los objetivos. “Eso es tan importante como la inversión misma”, advierte la profesora.
Pero, es importante señalar que el deterioro que el río acumuló por décadas supera ampliamente los esfuerzos anunciados, por lo que este convenio puede entenderse como un escalón más dentro de una transformación mayor que aún no se consolida.
Por años, resalta Agudelo, la Región Central (esquema de asociación que se agrupa en la RAP-E y que incluye a Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima), se expandió ignorando la lógica del agua. “Se destruyeron humedales, se ocuparon rondas, se afectaron páramos, se vertieron aguas sin tratamiento y se urbanizó sin medir capacidad hídrica”, sentenció Ordóñez.
De ahí que hoy la demanda de agua supere la oferta real, que los afluentes del río Bogotá presenten niveles críticos de contaminación y que los ecosistemas reguladores del ciclo hídrico estén en retroceso.
Le puede interesar: Alza inevitable en Transmilenio: déficit de $3,1 billones obliga a subir el pasaje a $3.450
Ese es el territorio en el que el convenio CAR–RAP-E intenta intervenir: más allá de la recuperación de un río histórico, es sobre un sistema hídrico fracturado.
Contaminado
En este punto es preciso señalar que la contaminación del río Bogotá tiene múltiples aristas que necesitan atención urgente. En la parte alta del afluente, las curtiembres, la minería y los escombros, entre otros agentes, generan un alto impacto. A estas fuentes se suman fertilizantes y pesticidas usados en actividades agrícolas y las aguas residuales que arrastran los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo, tres de sus principales afluentes en la parte baja del río.
Plan de Seguridad Hídrica
En medio del debate, Agudelo señala que el Plan de Seguridad Hídrica de la Región Central se convierte en el instrumento más importante para lograr impactos reales, pues se trata de la primera hoja de ruta regional para gestionar el agua como sistema. Se fundamenta en tres líneas principales:
Garantizar agua para las personas y la producción de cerca de 17 millones de habitantes de la Región Central, proteger los ecosistemas donde nace el líquido y fortalecer la gobernanza regional, pues actualmente las siete entidades autónomas presentes en esta región no tienen una articulación que permita acciones simultáneas.
“A esto se suma el Índice de Seguridad Hídrica, que mide acceso, calidad, gobernanza, riesgo climático y salud de los ecosistemas. Esta herramienta permite priorizar inversiones, corregir fallas y medir si convenios como el de la CAR y la RAP-E están funcionando”, resalta el exdirector.
La exigencia es clara: si el convenio no se articula con este plan y su índice, corre el riesgo de convertirse en otro esfuerzo aislado en una región que ya no soporta más improvisación.
Mientras tanto, el Consejo Estratégico de la Cuenca Hídrica del Río Bogotá avanza en la concertación de los lineamientos que definirán cómo y dónde puede crecer la sabana de Bogotá. Se trata de una discusión cargada de tensiones, pero que revela lo mismo que pone en evidencia el convenio CAR–RAP-E: el territorio ha crecido sin reglas claras, deteriorando los ecosistemas que sostienen el agua que alimenta al río Bogotá.
“Algo que no menciona el convenio, y que hay que tener en cuenta, es el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales que debemos tener a lo largo de las cuencas alta, media y baja. Sin ese tratamiento, las aguas residuales domésticas e industriales, que terminan vertidas en el río, la recuperación va a ser mínima”, agregó Ordóñez.
Si bien el convenio CAR-RAP-E tiene el potencial de marcar un punto de inflexión, el éxito depende de otras acciones que van más allá de restaurar hectáreas o capacitar a líderes.
Requiere articularse con el Plan de Seguridad Hídrica, alinearse con los lineamientos ambientales de la sabana, apoyarse en indicadores verificables y, sobre todo, operar con la profundidad que exige un río que ha sido víctima de abandono institucional y planificación improvisada durante décadas.
No obstante, que el río sea entendido como un basurero a cielo abierto, en donde caben escombros, muebles, aceites, desperdicios industriales y toda clase de residuos, responde también a la relación que la gente tiene con el afluente. Si bien es cierto que la inoperancia de las instituciones es una verdad a gritos, todo lo que se vierte en los desagües: inodoros, lavamanos y lavaplatos, seguramente llegarán a las aguas del maltrecho río. En poca o menor medida, todos somos parte del problema.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
