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Chaleco antibalas, un botón de pánico y un celular con una línea telefónica que permite la comunicación directa con las autoridades son los implementos que reciben algunos de los líderes sociales que denuncias amenazas en Bogotá. Pasados seis meses, dicen varios de ellos, el chaleco termina guardado, el botón de pánico inactivo y la línea de celular cancelada, debido a que estos dos últimos son desactivados por la misma entidad que se los otorgó: “Como si el peligro ya hubiera pasado”.
Ese es el panorama al que se enfrentan varios líderes y lideresas sociales de la capital, quienes durante su actividad han denunciado inseguridad, redes de microtráfico y hasta corrupción, acciones que los han llevado a convertirse en el objetivo de los supuestos responsables de cometer estos delitos.
Aunque no en todos los casos ha ocurrido igual, y a algunos actores territoriales les brindan un completo esquema de seguridad, los afectados creen que la forma en que se mide el peligro al que están expuestos, y las investigaciones que se abren por estos hechos, no están siendo tan efectivas. Por esta razón, más que solicitar una camioneta blindada con escoltas, piden una protección digna y que el Gobierno Nacional respalde con más firmeza su trabajo.
La Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, a través de la Ruta de Atención y Protección para los Defensores de los Derechos Humanos, entre enero y agosto de este año, ha atendido a 98 líderes y lideresas sociales en Bogotá. A esto se suma el seguimiento a 103 denuncias, de las cuales 34 se encuentran en orientación, para dar el respectivo acompañamiento.
“Lo que se busca con la acción de la ruta de derechos humanos es implementar de manera rápida y efectiva medidas urgentes y provisionales para la protección de lideres, lideresas, víctimas y defensores de derechos humanos que se encuentran en grave riesgo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades sociales, políticas o humanitarias”, señaló la Secretaría de Gobierno.
Las víctimas de las amenazas no niegan que se les ha brindado acompañamiento, pero insisten en que no es el mejor, o por lo menos así lo cree Germán Murillo, presidente de la Red de Alianza de Líderes por el Progreso de Colombia, quien hace tres años recibió uno de estos “kits de seguridad”, el cual llegó a necesitar hace ocho meses, pero no fue posible darle uso, debido a que el botón de pánico ya no servía y la línea telefónica figuraba a nombre de otra persona.
“Estábamos con otros líderes en la localidad de Bosa denunciando una construcción ilegal. Cuando llegó el momento de irnos, me subí a mi bicicleta y avancé unas cuadras hasta que se me atravesaron tres tipos que me dijeron: ‘Tenemos que matar a este’. Lo que hice fue esquivarlos y meterme a una tienda. Luego llegó la Policía y no le dieron mayor importancia a lo que pasó”, relató Murillo.
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Según él, esta situación es recurrente en Bogotá y sería una evidencia más de lo que pasa en todo el país. “En la localidad de Kennedy tenemos cerca de 32 líderes y lideresas sociales amenazados, en Usme son unos 17, en Soacha, Chía y Zipaquirá hay 11, y en Ciudad Bolívar al menos siete”, agregó.
Entre enero de este año y la primera semana de octubre el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró en la capital el homicidio de dos líderes sociales. Se trata de Ricardo Cortés Rozo, quien se había desempeñado como alcalde del municipio de Sesquilé en 2012, asesinado en enero de este año en Bosa. El otro caso corresponde a Jaime Cuadrado, el adulto mayor que a principios de este mes mataron con arma blanca, en un parque de la localidad de Usme.
Indepaz agrega que el año pasado se presentó la misma cantidad de hechos violentos en Bogotá: asesinaron a un integrante de la Guardia Indígena y a un activista por los derechos de la comunidad LGBTI, lo que demostraría la vulneración a la que están expuestos los líderes y lideresas sociales de la capital, y el bajo impacto que han tenido las políticas de protección. La misma entidad señaló, el pasado 18 de agosto, que en 2021 han ocurrido 141 homicidios de líderes sociales en Colombia, mientras que otras 1.256 personas han sido ultimadas desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
Hay alerta en Ciudad Bolívar
El edil Christian Robayo, de la localidad Ciudad Bolívar, señaló que este sector de la capital del país se encuentra en alerta por una serie de casos de amenazas no solo contra los líderes sociales, sino contra la comunidad en general, que se presentaron entre junio y septiembre pasado, y han tenido serias repercusiones.
Se trata de la aparición de panfletos firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), con amenazas de muerte a jóvenes migrantes, mujeres trabajadoras sexuales y personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ, esto en los barrios Sierra Morena, Santa Viviana y Santo Domingo.
En el marco de la difusión de estos carteles, denuncia la comunidad, dos jóvenes de 17 y 28 años fueron asesinados en julio pasado “a manos de un miembro de la Fuerza Pública. A otro lo dejó muy mal herido, lo cual lo hizo con sevicia y sin ningún tipo de castigo”. Además de estos dos crímenes, durante la semana del 26 de julio y el 1° de agosto pasado, se habrían visto sujetos ajenos a la comunidad recorriendo los barrios en motos de bajo cilindraje y vestidos de negro con pasamontañas, grabando y tomando fotos en espacios donde organizaciones sociales y comunitarias llevan a cabo sus actividades. “La ausencia de la autoridad es cada vez más evidente, ya no hay patrullajes, hasta el punto donde la gente de la localidad toma justicia por mano propia con los ladrones y atracadores”, dice un comunicado emitido por la misma comunidad.
Según los líderes y lideresas sociales, todo pareciera estar en su contra y que el destino, con las cifras como respaldo, les augurara un mal pronóstico para el desarrollo de sus actividades en los territorios. Aun con este panorama desolador, afirman que no darán el brazo a torcer y las denuncias sobre actos delictivos seguirán dándose hasta que la justicia llegue, así lo único que tengan como protección sea un básico “kit de seguridad”, que no les garantiza sobrevivir a un ataque.