En noviembre de 2020, Bogotá se convirtió en la primera ciudad en América Latina en declarar emergencia climática. Un logro aplaudido por los diferentes sectores en tanto se tomó esta problemática como una prioridad y se definieron una serie de lineamientos para la mitigación del cambio climático.
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Dos años después, veedurías ciudadanas, concejales y activistas ambientales sostienen que, aunque ha habido avances, el Distrito ha incumplido en algunos puntos acordados, hay desarticulación entre las secretarías, el Concejo y la ciudadanía y no existen cifras para evaluar qué tan compleja puede estar la crisis climática en la capital.
El Acuerdo 790 de 2020, mediante el cual se hizo la declaratoria, adopta un Plan de Acción Climática que es actualmente el instrumento con mayor plazo para su cumplimiento en Bogotá. Esta hoja de ruta para la mitigación y adaptación al cambio climático estipula 10 mandatos, dentro de los que se encuentra el ordenamiento territorial alrededor del agua y los socioecosistemas, la transición energética y reducción de gases efecto invernadero, la prevención y atención por riesgos en salud en cambio climático y la innovación científica y democratización del conocimiento.
Para la puesta en marcha de estas iniciativas se acordaron acciones con fechas puntuales las cuales hoy o están vencidas o han sido aplazadas. Algunas de estas acciones son la actualización del inventario de gases de efecto invernadero y la creación de un panel interdisciplinario que le haga seguimiento al Plan de Acción Climática y apoye con estudios la declaratoria.
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“Dentro del acuerdo se estipulaba la creación del Panel Distrital de Acción Climática, necesario para seguir revisando los reguladores de cambio climático y tenía vigencia de un año a partir de 2020. Llevamos más de un año y medio y aún no se he ha llevado a cabo”, dijo Daniela Silva, vocera de la Veeduría Ciudadana Emergencia Climática.
Esta medida es una de las más urgentes según las voces ambientalistas, pero en mayo se prorrogó su fecha. Se espera que antes de finalizar el año el panel sea conformado por académicos, representantes de las organizaciones ambientales, étnicas, empresariales y campesinas.
“Ahí hay un evidente incumplimiento con el acuerdo. En lugar de materializar e implementar el panel, se creó un decreto (191 de 2022) para dilatarlo”, dijo el concejal José Cuesta Novoa el pasado mes en plenaria para la rendición de cuentas de la declaratoria.
A su vez, la ausencia de estadísticas frente al panorama climático es una problemática: “Ha sido muy difícil encontrar indicadores reales porque no hay un enlace de comunicación directo con las secretarías y en las plataformas y observatorios la información está desactualizada. Por eso, hacemos un llamado a la data abierta”, manifiesta Sara Rubio, voluntaria de la organización.
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También ven como prioritario que se le informe a la ciudadanía sobre el nivel de avance en la ruta de cierre parcial y recuperación ecológica del relleno Doña Juana, las acciones para la protección de los suelos categoría I, II y III y la puesta en marcha de la Política Pública de Movilidad Motorizada de Cero y Bajas Emisiones.
Por su parte, la Administración menciona que Bogotá ha asumido las medidas necesarias para iniciar una transición urgente hacia un modelo de ciudad más sostenible.
Según cifras distritales, el transporte es responsable del 48 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en la capital; el consumo energético en el ámbito residencial comercial e institucional, del 19 %; la industria manufacturera y de la construcción, del 15 %; la disposición final de residuos sólidos, del 13 % y las aguas residuales y domésticas, del 5 %.
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La alcaldesa Claudia López expuso hace menos de dos semanas en el Congreso Internacional de Investigación e Innovación Ambiental que se ha ganado terreno en la transición eléctrica: “El transporte causa casi la mitad de los gases, por eso, construir la primera y segunda línea de Metro, el Regiotram de Occidente es tan importante. Necesitamos que la gente tenga opciones de transporte público limpio”.
De igual forma, se señala como avance el sistema de Bicicletas Compartidas; los casi 1.500 buses eléctricos en remplazo a los de gasolina y diesel; la reducción en un 37 % de la contaminación de la calidad del aire en las estaciones de Transmilenio y programas como ‘Mujeres que Reverdecen’.
Aunque el Plan de Acción Climática tiene las metas a 2050, es un hecho que el cambio climático y los estragos que ha causado, cada vez con más incidencia, no dan espera. ¿Serán suficientes los esfuerzos del Distrito para ponerle freno a la emergencia climática?
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