Bogotá

2 May 2021 - 7:03 p. m.

En Bogotá es “innecesaria” la militarización

La alcaldesa Claudia López se pronunció sobre la medida y dijo que, en materia de orden público, es innecesaria. Por su parte, mientras su secretario de Gobierno habla de la necesidad de tender puentes, el de Seguridad resalta que la ayuda se pide para casos muy puntuales.

Ante el anuncio del presidente Iván Duque sobre reforzar la seguridad del país, mediante la militarización de las ciudades en donde se han presentado más incidentes de orden público, la Alcaldía de Bogotá se pronunció y dijo que, pese a lo que se ha vivido en la capital en los últimos días, a la fecha no ha sido necesaria la intervención del Ejército. “La movilización pacífica fue mayoritaria y vibrante en Bogotá. Algunos actos vandálicos aislados obligaron la intervención policial. Pese a las dificultades del día, nuestra policía tiene la situación bajo control. No se requiere, ni he solicitado, ninguna militarización”, escribió la alcaldesa en su cuenta de Twitter.

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El mensaje de la alcaldesa lo complementó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, quien señaló que esa no puede ser la forma de responder a la protesta en las ciudades. “Hay que responder tendiendo puentes, escuchando a las voces de los marchantes, que legítimamente y en democracia han expresado su rechazo al proyecto de iniciativa de reforma tributaria, que impulsa el gobierno”.

Agregó que, desde Bogotá, siempre han trabajado muy bien con el Ejército, con la XIII Brigada, en la zona rural. Sin embargo, en los asuntos urbanos no han tenido que recurrir a su apoyo para mantener el orden público. “En los cuatro días de protestas, con la Policía y en algunos casos con el Esmad, hemos podido controlar las situaciones y garantizar el restablecimiento del orden público cuando hay vandalismos y disturbios, sin necesidad de recurrir al Ejército”.

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Por esta razón, aclaró, desde Bogotá se mantiene la posición de que es innecesaria una asistencia militar adicional. “Así se lo expresamos al ministro de Defensa, Diego Molano, durante la reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU) y él fue muy respetuoso, reconociendo que cada administración tiene el derecho de reconocerlo y de aceptarlo, en caso de requerirlo”, concluyó.

No obstante, el tema de la asistencia militar adicional va más allá, como lo explica el secretario de Seguridad, Hugo Acero, quien hizo una precisión: dijo que una cosa es la militarización, que es copar toda la ciudad ante un evento muy grave de orden público, y otra la asistencia militar de apoyo a la Policía, a la seguridad ciudadana y a acciones de socorro, que se requieren ante hechos particulares, como ha sido la pandemia.

En estos casos, el Ejército apoya acciones como entregar ayudas a los ciudadanos y controlar los aislamientos preventivos de la población. “También prestan apoyo para cuidar instalaciones estratégicas y de servicios, como es el caso de las instalaciones y equipos que garantizan los suministros de agua, energía, gas, movilidad, telecomunicaciones. En este último caso, la ciudad ha pedido apoyo al Ejército”, indicó Acero. Y puso de ejemplo el caso de los patio-talleres de Transmilenio. En momentos de manifestaciones, la Policía no tiene la capacidad operacional también para prestar vigilancia a este tipo de infraestructura, razón por la que se le pide apoyo al Ejército.

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Sin embargo, agregó el secretario, es necesario reconocer que las Fuerzas Militares desde hace décadas y, aun después de la Constitución de 1991, siguen teniendo presencia y operatividad en las calles de ciudades y municipios, con algunas labores de Policía y este fenómeno se da históricamente por dos motivos: El primero, por la interpretación errónea del “orden público”, que lo equiparó a la confrontación armada que ha tenido el país desde hace 60 años y no al “orden de lo público” establecido en la Constitución. Segundo, ante el bajo número de policías, los problemas de inseguridad y la necesidad de solucionarlos, se ha recurrido a las FF. MM. para apoyar las labores de policía en las calles, en especial en zonas donde la presencia de esa institución es insuficiente.

“El problema no es utilizarlos o no, sino saber contar con su apoyo en labores estratégicas en el marco de la Constitución y la ley, sin que la Policía y las autoridades civiles pierdan el control de la seguridad ciudadana”, agregó Acero quien, eso sí, hizo una salvedad: el apoyo no puede ser para controlar las manifestaciones.

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Algo diferente cree Jairo Libreros, profesor titular de seguridad y defensa nacional de la Universidad Externado de Colombia, quien considera que la militarización de la seguridad ciudadana, que no tiene respaldo constitucional, es una medida extrema que incorpora riesgos eventuales en materia de Derechos Humanos. “Las Fuerzas Militares no tienen funciones de seguridad ciudadana, y la activación de la figura excepcional de asistencia militar del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana no habilita a la Presidencia de la Republica a asignarles funciones que estén en cabeza de los alcaldes y de la Policía Nacional”.

De paso, considera que, en una ciudad como Bogotá, una medida de estas es innecesaria e inconveniente, porque generaría mayores riesgos y amenazas de seguridad a los manifestantes y a la sociedad civil, quienes quedarían en medio de los vándalos y las FF. MM., que no están en capacidad de manejar este tipo de crisis urbanas.

“Es una decisión excepcional, pero desproporcionada e inconveniente, que realmente busca infundir miedo en las calles, para detener el oficio criminal de los vándalos, e igualmente ese mensaje de miedo vulneraría el legítimo derecho de los colombianos a la protesta pacífica, porque pretende disuadir a los manifestantes de permanecer en las calles”, concluyó.

Por ahora, el debate se mantiene, incluso luego de la decisión del gobierno de retirar el proyecto de reforma tributaria para calmar los ánimos. Desde ya se conoce que, pese al anuncio, varios grupos ciudadanos anunciaron nuevas marchas en la ciudad para los próximos, para expresar su descontento, ya no contra la reforma, sino contra las decisiones del gobierno Nacional en general.

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