Familia de Javier Ordoñez quiere la máxima pena para policías involucrados en su muerte

Durante la imputación de cargos, los patrulleros se declararon inocentes y sus defensores solicitaron que el caso volviera a la justicia penal militar.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Han sido días difíciles para la familia de Javier Ordóñez, quien fue asesinado el pasado miércoles 9 de septiembre bajo custodia policial. El miércoles de esta semana, le dieron cristiana sepultura y, ahora, avanzan los procesos judiciales contra los sospechosos principales.

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Ayer se legalizó la captura de Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, los policías involucrados en la muerte de Ordóñez y este sábado la Fiscalía les formuló la imputación por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. Durante la diligencia, los patrulleros se declararon inocentes y sus defensores solicitaron que el caso volviera a la justicia penal militar.

El abogado de la familia de Javier, Vadith Gómez, dijo a El Espectador que este panorama fue visto por la representación de la víctima, como la pérdida de una oportunidad de reducir la pena, que puede imponerse a los procesados. “La familia, como representación de la víctima, de alguna manera considera que los procesados perdieron una gran oportunidad de reducción de pena al no aceptar los cargos, que les daría hasta un 50 % de rebaja”, explicó Gómez.

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Sin embargo, el abogado también aseguró que este tipo de beneficios no es algo con lo que la familia de Ordóñez quedaría del todo satisfecha. De hecho, aseguró que lo que desean es la máxima pena para los uniformados. “La familia ha vivido las audiencias bajo su deseo de que se aplique la máxima pena para los procesados. Es lo que ellos quieren”, expresó.

Por otro lado, dijo que, aunque los defensores siguen insistiendo en que el delito debe ser manejado por la justicia penal militar, su actuar debe ser investigado desde la justicia ordinaria. "La tortura no es competencia de esta justicia, y mucho menos por la manera irracional en la que se hizo uso de la fuerza. Esto no es considerado bajo ningún entendido como una acción de servicio. Fue agresión, una agresión irracional y violenta” aclaró Gómez.

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Enfrentándose a este argumento está la solicitud de lo defensores de los procesados como Jhon Olmos, abogado de Harby Rodríguez, que aseguró para El Espectador que el actuar de los uniformados hace parte de su servicio como policías. “Es un acto de servicio, tenían el uniforme e independientemente de lo que haya pasado y lo que lo haya desencadenado la situación, estaban prestando un servicio que debe ser juzgado por la Justicia Penal Militar. Lo que pasa es que la tortura la califica el señor fiscal bajo el presupuesto de infringir dolor o maltrato, pero no hay un elemento material probatorio que lo lleve, lo que hay es un dictamen de Medicina Legal”, justificó Olmos.

Por el momento, la audiencia de imputación de cargos seguirá este domingo a las 10:00 a.m., en la que se definirá si los patrulleros van o no a prisión.