Un presunto caso de matoneo escolar, que ocurrido en el colegio Los Nogales de Bogotá, derivó en un proceso ante la justicia penal. La Fiscalía acusó a Camilo Camargo, rector del plantel, y a Marcela Junguito, exvicerrectora del colegio durante el periodo 2023–2024, por el delito de injuria.
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Vale aclarar que el proceso penal no investiga los hechos de acoso escolar en sí, sino las declaraciones públicas que hicieron los directivos en 2024, cuando el caso fue abordado en medios de comunicación. Según la denuncia, las afirmaciones habrían vulnerado el buen nombre y la honra de los menores involucrados.
Todo parte de un proceso disciplinario interno que, tras la aplicación del manual de convivencia del colegio, terminó con la expulsión de dos estudiantes, involucrados en un caso de acoso. De acuerdo con la institución, la decisión se tomó luego de recopilar pruebas como grabaciones y mensajes aportados por los padres del menor afectado y de activar los protocolos establecidos, incluido el reporte al sistema de alertas de la Secretaría de Educación.
La sanción generó una fuerte controversia dentro de la comunidad educativa. Los padres de los menores expulsados emprendieron acciones legales, entre ellas, varias tutelas, que perdieron en los tribunales. En su momento, los jueces determinaron que el colegio actuó conforme a su reglamento interno y respetó el derecho a la educación.
Sin embargo, hubo un capítulo que sigue sin cerrarse: las familias de los expulsados demandaron penalmente a las directivas de la institución al señalarlos de incurrir en el delito de injuria, al exponer públicamente detalles del caso, en los medios de comunicación.
La postura de la defensa
Fabio Humar, abogado penalista y representante de la institución, confirmó que el proceso se encuentra en una etapa inicial. “Desde luego, iniciaremos la defensa de mis clientes. Es importante señalar que el proceso disciplinario se adelantó con todo el lleno de las garantías, e incluso las familias presentaron varias tutelas, las cuales siempre se fallaron en favor del colegio y sus procedimientos”, explicó.
Humar precisó que ya hubo traslado del escrito de acusación, aunque aún no hay fecha para la próxima audiencia y que el caso se encuentra en etapa previa al juicio. Eso sí, el defensor, aprovechó para cuestionar la interpretación de la Fiscalía en este caso. “Erróneamente consideró que unas declaraciones genéricas de mis clientes permitían inferir quiénes eran los menores involucrados. Desde luego, está equivocada”, afirmó.
El abogado indicó que la defensa espera conocer todas las pruebas del ente acusador. Por su parte, presentarán las tutelas ganadas durante el proceso. Añadió que, por ahora, no contemplan una vía de acercamiento con los padres de familia, aunque reiteró que el interés principal de sus representados es “el bienestar de los menores y su no revictimización”.
Finalmente, Humar advirtió que este tipo de procesos debería generar una reflexión más amplia: “La judicialización de la educación y las limitaciones judiciales a los deberes de rectores y profesores, tomadas siempre con el máximo rigor y respeto de las garantías, debe preocupar a la comunidad académica”.
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La posición de la representación de los menores
Beatriz Molina, abogada penalista y apoderada de una de las víctimas, informó mediante un comunicado que el 22 de enero de 2026 la Fiscalía formalizó el traslado del escrito de acusación, conforme a la Ley 1826 de 2017.
“Ningún rector ni funcionario de un colegio puede omitir su deber de confidencialidad y reserva de los procesos disciplinarios, y menos salir a un medio de comunicación contando hechos en donde están involucrados menores de edad, pues se vulnera su derecho al buen nombre y a la honra”, señaló.
La abogada expresó su confianza en que el proceso avance con respeto por el debido proceso y reiteró un llamado a la sociedad y a los medios de comunicación: “No revictimizar, respetar la intimidad y la honra de los menores. La justicia avanza, los niños se protegen. No más violencia para nuestros menores”.
Mientras se programa la audiencia de acusación, este caso reabre el debate sobre los límites entre la gestión disciplinaria en los colegios, el deber de confidencialidad y el rol de los directivos cuando estos conflictos trascienden al espacio público.
Por ahora, será la justicia la que determine si las declaraciones realizadas vulneraron derechos fundamentales, en un proceso que pone en el centro la protección de los menores y el alcance de la responsabilidad institucional en contextos de acoso escolar.
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Por Redacción Bogotá
