Forenses analizarán documentos del contrato de semáforos en Bogotá

Desde que surgieron los primeros reparos a la licitación para modernizar la red de semáforos de Bogotá, la Procuraduría ha jugado un activo papel. En el proceso hizo advertencias, solicitó explicaciones e incluso su suspensión. Hoy, tres meses después de la adjudicación y luego de la denuncia de El Espectador, que reveló que el socio mayoritario del consorcio ganador al parecer presentó documentos alterados para quedarse con el negocio, el ente de control le dio un nuevo impulso a una indagación disciplinaria que adelanta contra varios funcionarios del Distrito. (LEA: Contrato de semáforos en Bogotá: ¿lo ganaron con documentos alterados?)

La lista de investigados la encabeza el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, seguido por Diana Lucía Vidal Caicedo, subsecretaria de Servicios de Movilidad; Carolina Pombo, directora de asuntos legales del despacho; Jorge Castellanos Rueda, presidente de la ETB; María Teresa de Jesús Blanco Bernal, vicepresidenta de la ETB, y Carlos Mosquera, exrector (e) de la Universidad Distrital.

La indagación surgió a raíz de un informe elaborado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. En su momento el Ministerio Público informó que el proceso se inició por la presunta violación a los principios de publicidad, transparencia, planeación y economía en la contratación pública.  (LEA: Las alertas sobre el ganador del contrato para modernizar los semáforos de Bogotá)

En el documento se hizo un resumen de los cuestionamientos alrededor de la licitación, que buscaba elegir el contratista para instalar, operar y mantener el sistema de semáforos inteligentes de Bogotá. Al final, el contrato se adjudicó el pasado 28 de diciembre al consorcio Movilidad Futura 2050, integrado por la firma argentina Sutec (99 %) y la multinacional Siemens (1 %) y que se quedó con el negocio tras superar las evaluaciones y presentar la oferta más baja de todos los oferentes: $173.000 millones.  (Lea: Movilidad Futura 2050 se queda con la licitación de semáforos en Bogotá) 

No obstante, el pasado 20 de marzo se conoció que Sutec habría presentado en Colombia unos estados financieros que no coincidían con los que radicó ante las autoridades argentinas, donde está su casa matriz. Dos realidades diferentes: mientras en su país estaba al borde de la quiebra, en Bogotá se presentó como solvente y con capacidad para asumir el multimillonario contrato. Con algo adicional: pese a que los documentos estaban avalados por las mismas personas, sus firmas no coincidían.

Esta revelación y su posible incidencia en la adjudicación llevó a la Procuraduría a expedir un auto de pruebas en el que pidió a varias entidades documentos relacionados con el consorcio para someterlos a análisis. A la Secretaría de Movilidad, por ejemplo, le solicitó copia de todos los documentos presentados por el consorcio ganador y puntualmente por Sutec, y a la Cámara de Comercio de Bogotá los archivos relacionados con el registro de existencia y representación legal, así como los que adjuntó en la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP). (LEA: Luz roja a licitación para semáforos inteligentes: Distrito suspende el proceso) 

A la DIAN le pidió un informe sobre las declaraciones de impuestos de la compañía y a Colombia Compra Eficiente una relación detallada de todos los procesos contractuales públicos en los que ha participado la firma argentina. De entrada se conocen dos: la operación de patios y grúas en Bogotá, que terminó a comienzos de este año, y el que le adjudicaron el año pasado en Manizales para operar el parqueo en vía o zonas azules. (Lea: Investigan al secretario de Movilidad por licitación de semáforos para Bogotá)

Una vez reunidos los documentos, el análisis quedará en manos de peritos expertos en auditoría forense de la Dirección de Investigaciones de la Procuraduría, que verificarán la veracidad de la denuncia y establecerán si la empresa argentina incurrió o no en alguna irregularidad para quedarse con el contrato de semáforos.

¿Quién verifica?

Ante la denuncia surge una pregunta: ¿quién verifica la autenticidad de los documentos que presentan las empresas a la hora de participar en una licitación? En días anteriores, la Secretaría de Movilidad le dijo a este medio que en este caso puntual se hizo a partir de lo que radicó Sutec en el Registro Único de Proponentes (RUP), administrado por la Cámara de Comercio de Bogotá. “A partir de ahí la Secretaría encontró que el proponente cumplía con las condiciones financieras exigidas, obteniendo el resultado arrojado en la verificación que se adelantó en la respectiva oportunidad”.

Por su parte, la Cámara de Comercio explicó que su papel consiste en verificar que la información plasmada en el formulario de inscripción al RUP coincida con los documentos de soporte que presenta la empresa. Agrega que, en cuanto a la información financiera, verifican que coincida con las cuentas contenidas en los estados financieros suscritos por el contador, auditor o revisor fiscal del proponente.

“La ley no les otorga a las cámaras de comercio la facultad de hacer juicios de valor sobre los documentos. Además, las actuaciones de los proponentes en el RUP están amparadas en el principio de la buena fe contemplado en el artículo 83 de la Constitución Política. Corresponde a las autoridades competentes realizar las investigaciones por las tachas u objeciones en los documentos aportados por el proponente”, dice la entidad.

Al revisar los documentos que reposan en el RUP se encuentra que la solicitud de inscripción la firma Miguel Mariano Bertel Hoyos, como representante de la compañía, y la información la respalda Gustavo Orozco Masco, como contador. Al analizar en detalle los estados financieros presentados por Sutec se encuentra un sello de la Notaría 76 de Bogotá con la firma del notario José Francisco Varón, un sello que dice Área Legales (sin más referencia) y apostillas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.

Además tiene la firma del contador argentino Daniel L. Zunino. No obstante, un informe que acompaña el documento dice que, ante la falta de información para verificar las cuentas y “por las limitaciones en el alcance de mi examen, me abstengo de emitir una opinión profesional sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2016”.

Como lo señaló el Distrito, toda esta información ya está en manos de los entes de control. Y si bien Movilidad y el Distrito han defendido desde el principio la transparencia de la licitación, por cumplir el manual de contratación pública, lo cierto es que, de comprobarse que el integrante mayoritario del consorcio ganador presentó documentos con información y firmas falsas, queda en tela de juicio el proceso que busca suplir una necesidad para la ciudad: la renovación de la red de semáforos de la capital.

En contexto

La ciudad lleva 10 años tratando de renovar la red de semáforos, pero los intentos han terminado empantanados por denuncias. La reciente licitación que abrió la Secretaría de Movilidad, por $200.000 millones, no fue la excepción. Desde el anuncio, la Procuraduría hizo reparos y criticó la falta de claridad del secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.  El Ministerio Público cuestionó los cambios al convenio con la ETB, para operar el sistema; un posible conflicto de intereses de los que estructuraron el proceso, y que no armonizó el plan con la modernización del transporte.  (LEA: La Procuraduría encuentra posibles anomalías en licitación para semáforos inteligentes).

Los fracasos en este proceso tienen antecedentes desde 2008, cuando Movilidad abrió una licitación que declaró desierta porque nadie cumplía las condiciones. En 2009 la abrió de nuevo, por $215.000 millones, pero la cerraron por falta de presupuesto. Ante ese panorama, planteó dividir la modernización en tres fases, que culminarían en 2012, pero tampoco la realizó. El último intento lo hizo la administración Petro en 2015, pero fracasó luego de que la Procuraduría advirtió inconsistencias en los pliegos. La licitación suscitó especial interés, debido a que la Movilidad había fracasado en la compra de insumos para modernizar la red de semáforos, que le valió una investigación al exsecretario de Movilidad Rafael Rodríguez y al concejal Conservador Severo Correa, quien al parecer medió entre los contratistas y el Distrito para cerrar el negocio.

La historia parece repetirse, y lo que preocupa es que la gente debe seguir lidiando con la vieja red semafórica que atenta contra la agilidad del tráfico en Bogotá. Esta es una de las secuelas del incumplimiento de un macroproyecto que buscaba crear un Sistema Inteligente de Transporte (SIT), que pretendía controlar el tráfico desde un centro tecnológico, donde se manejarían los tiempos, de acuerdo con la situación en la que se encontraran las vías.

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Desde que surgieron los primeros reparos a la licitación para modernizar la red de semáforos de Bogotá, la Procuraduría ha jugado un activo papel. En el proceso hizo advertencias, solicitó explicaciones e incluso su suspensión. Hoy, tres meses después de la adjudicación y luego de la denuncia de El Espectador, que reveló que el socio mayoritario del consorcio ganador al parecer presentó documentos alterados para quedarse con el negocio, el ente de control le dio un nuevo impulso a una indagación disciplinaria que adelanta contra varios funcionarios del Distrito. (LEA: Contrato de semáforos en Bogotá: ¿lo ganaron con documentos alterados?)

La lista de investigados la encabeza el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, seguido por Diana Lucía Vidal Caicedo, subsecretaria de Servicios de Movilidad; Carolina Pombo, directora de asuntos legales del despacho; Jorge Castellanos Rueda, presidente de la ETB; María Teresa de Jesús Blanco Bernal, vicepresidenta de la ETB, y Carlos Mosquera, exrector (e) de la Universidad Distrital.

La indagación surgió a raíz de un informe elaborado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. En su momento el Ministerio Público informó que el proceso se inició por la presunta violación a los principios de publicidad, transparencia, planeación y economía en la contratación pública.  (LEA: Las alertas sobre el ganador del contrato para modernizar los semáforos de Bogotá)

En el documento se hizo un resumen de los cuestionamientos alrededor de la licitación, que buscaba elegir el contratista para instalar, operar y mantener el sistema de semáforos inteligentes de Bogotá. Al final, el contrato se adjudicó el pasado 28 de diciembre al consorcio Movilidad Futura 2050, integrado por la firma argentina Sutec (99 %) y la multinacional Siemens (1 %) y que se quedó con el negocio tras superar las evaluaciones y presentar la oferta más baja de todos los oferentes: $173.000 millones.  (Lea: Movilidad Futura 2050 se queda con la licitación de semáforos en Bogotá) 

No obstante, el pasado 20 de marzo se conoció que Sutec habría presentado en Colombia unos estados financieros que no coincidían con los que radicó ante las autoridades argentinas, donde está su casa matriz. Dos realidades diferentes: mientras en su país estaba al borde de la quiebra, en Bogotá se presentó como solvente y con capacidad para asumir el multimillonario contrato. Con algo adicional: pese a que los documentos estaban avalados por las mismas personas, sus firmas no coincidían.

Esta revelación y su posible incidencia en la adjudicación llevó a la Procuraduría a expedir un auto de pruebas en el que pidió a varias entidades documentos relacionados con el consorcio para someterlos a análisis. A la Secretaría de Movilidad, por ejemplo, le solicitó copia de todos los documentos presentados por el consorcio ganador y puntualmente por Sutec, y a la Cámara de Comercio de Bogotá los archivos relacionados con el registro de existencia y representación legal, así como los que adjuntó en la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP). (LEA: Luz roja a licitación para semáforos inteligentes: Distrito suspende el proceso) 

A la DIAN le pidió un informe sobre las declaraciones de impuestos de la compañía y a Colombia Compra Eficiente una relación detallada de todos los procesos contractuales públicos en los que ha participado la firma argentina. De entrada se conocen dos: la operación de patios y grúas en Bogotá, que terminó a comienzos de este año, y el que le adjudicaron el año pasado en Manizales para operar el parqueo en vía o zonas azules. (Lea: Investigan al secretario de Movilidad por licitación de semáforos para Bogotá)

Una vez reunidos los documentos, el análisis quedará en manos de peritos expertos en auditoría forense de la Dirección de Investigaciones de la Procuraduría, que verificarán la veracidad de la denuncia y establecerán si la empresa argentina incurrió o no en alguna irregularidad para quedarse con el contrato de semáforos.

¿Quién verifica?

Ante la denuncia surge una pregunta: ¿quién verifica la autenticidad de los documentos que presentan las empresas a la hora de participar en una licitación? En días anteriores, la Secretaría de Movilidad le dijo a este medio que en este caso puntual se hizo a partir de lo que radicó Sutec en el Registro Único de Proponentes (RUP), administrado por la Cámara de Comercio de Bogotá. “A partir de ahí la Secretaría encontró que el proponente cumplía con las condiciones financieras exigidas, obteniendo el resultado arrojado en la verificación que se adelantó en la respectiva oportunidad”.

Por su parte, la Cámara de Comercio explicó que su papel consiste en verificar que la información plasmada en el formulario de inscripción al RUP coincida con los documentos de soporte que presenta la empresa. Agrega que, en cuanto a la información financiera, verifican que coincida con las cuentas contenidas en los estados financieros suscritos por el contador, auditor o revisor fiscal del proponente.

“La ley no les otorga a las cámaras de comercio la facultad de hacer juicios de valor sobre los documentos. Además, las actuaciones de los proponentes en el RUP están amparadas en el principio de la buena fe contemplado en el artículo 83 de la Constitución Política. Corresponde a las autoridades competentes realizar las investigaciones por las tachas u objeciones en los documentos aportados por el proponente”, dice la entidad.

Al revisar los documentos que reposan en el RUP se encuentra que la solicitud de inscripción la firma Miguel Mariano Bertel Hoyos, como representante de la compañía, y la información la respalda Gustavo Orozco Masco, como contador. Al analizar en detalle los estados financieros presentados por Sutec se encuentra un sello de la Notaría 76 de Bogotá con la firma del notario José Francisco Varón, un sello que dice Área Legales (sin más referencia) y apostillas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.

Además tiene la firma del contador argentino Daniel L. Zunino. No obstante, un informe que acompaña el documento dice que, ante la falta de información para verificar las cuentas y “por las limitaciones en el alcance de mi examen, me abstengo de emitir una opinión profesional sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2016”.

Como lo señaló el Distrito, toda esta información ya está en manos de los entes de control. Y si bien Movilidad y el Distrito han defendido desde el principio la transparencia de la licitación, por cumplir el manual de contratación pública, lo cierto es que, de comprobarse que el integrante mayoritario del consorcio ganador presentó documentos con información y firmas falsas, queda en tela de juicio el proceso que busca suplir una necesidad para la ciudad: la renovación de la red de semáforos de la capital.

En contexto

La ciudad lleva 10 años tratando de renovar la red de semáforos, pero los intentos han terminado empantanados por denuncias. La reciente licitación que abrió la Secretaría de Movilidad, por $200.000 millones, no fue la excepción. Desde el anuncio, la Procuraduría hizo reparos y criticó la falta de claridad del secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.  El Ministerio Público cuestionó los cambios al convenio con la ETB, para operar el sistema; un posible conflicto de intereses de los que estructuraron el proceso, y que no armonizó el plan con la modernización del transporte.  (LEA: La Procuraduría encuentra posibles anomalías en licitación para semáforos inteligentes).

Los fracasos en este proceso tienen antecedentes desde 2008, cuando Movilidad abrió una licitación que declaró desierta porque nadie cumplía las condiciones. En 2009 la abrió de nuevo, por $215.000 millones, pero la cerraron por falta de presupuesto. Ante ese panorama, planteó dividir la modernización en tres fases, que culminarían en 2012, pero tampoco la realizó. El último intento lo hizo la administración Petro en 2015, pero fracasó luego de que la Procuraduría advirtió inconsistencias en los pliegos. La licitación suscitó especial interés, debido a que la Movilidad había fracasado en la compra de insumos para modernizar la red de semáforos, que le valió una investigación al exsecretario de Movilidad Rafael Rodríguez y al concejal Conservador Severo Correa, quien al parecer medió entre los contratistas y el Distrito para cerrar el negocio.

La historia parece repetirse, y lo que preocupa es que la gente debe seguir lidiando con la vieja red semafórica que atenta contra la agilidad del tráfico en Bogotá. Esta es una de las secuelas del incumplimiento de un macroproyecto que buscaba crear un Sistema Inteligente de Transporte (SIT), que pretendía controlar el tráfico desde un centro tecnológico, donde se manejarían los tiempos, de acuerdo con la situación en la que se encontraran las vías.

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