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El futuro energético de Bogotá y de gran parte del centro del país está en entre dicho. Cada año se necesita más electricidad para mover a la capital, pero las líneas de transmisión, que la garantizan, están llegando al tope de capacidad. La preocupación por un eventual apagón (o racionamiento, como el del agua) llevó a que la Cámara de Representantes y el Concejo retomara la discusión en torno al futuro de tres proyectos (que cumplen 10 años estancados), que apuntan a ampliar la red y a mitigar la crisis. Si en algo están de acuerdo las bancadas pro gobierno y de oposición es que no se trata de una simple alerta.
Y así lo indican los datos. Bogotá, junto a Cundinamarca, Boyacá y Meta (que integran la zona de distribución Oriente) consumen el 24,9 % de la electricidad que produce el país, la cual llega a cada hogar gracias a las torres y a líneas de trasmisión. La preocupación radica en que hoy esas líneas pueden transportar 3.500 megavatios y la demanda es 3.100 mv. Para ilustrar, piense en que traen energía para 3.500 bombillos y ya hay 3.100 encendidos.
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El tema es que la demanda aumenta cada año y será mayor debido a nuevos proyectos inmobiliarios, el auge de los carros eléctricos y los proyectos ferroviarios, como el metro. De no ampliar la red no habrá manera de atender la nueva demanda. Ante la coyuntura actual, es que la Alcaldía, el Congreso y el Concejo piden al Gobierno ayuda para poderlos destrabar.
Planes que no dieron luz
Esta situación se tenía prevista y desde 2013 el Grupo de Energía de Bogotá (GEB) viene tramitando tres proyectos para ampliar las redes de transmisión con 1.250 nuevas torres, pero una serie de dilaciones y líos jurídicos con las comunidades han impedido que vean la luz. Se trata de los proyectos Chivor II Norte Bacatá (162 km, que atraviesan 13 municipios de Cundinamarca y 7 en Boyacá); el proyecto Sogamoso (382 km, que atraviesan Santander, Boyacá y Cundinamarca), y el proyecto Virginia – Nueva Esperanza (8,37 km, que atraviesan Soacha, San Francisco y San Antonio del Tequendama).
Para Heidy Sánchez, concejal del pacto y citante del debate de control político en el Concejo este miércoles, señala que dicha crisis responde a dos factores: “el primero, el crecimiento de infraestructura de movilidad, principalmente debido a Transmilenio y Metro y la construcción de viviendas desaforadas en la Bogotá-Región, y el segundo, es la pésima gestión del Grupo de Energia de Bogotá (GEB) respecto a las comunidades y los ecosistemas que se pueden ver afectados por dichos proyectos de expansión”, indicó la concejala.
Los proyectos Chivor y Sogamoso, que interesan especialmente a la capital y que el mismo alcalde Carlos Fernando Galán pidió desenredar, tienen licencia ambiental, pero de todas las torres que se necesitan hay 300 que no se han podido instalar por falta de permisos o choques con la comunidad, en especial con las veedurías ciudadanas de cada municipio por donde pasarán las redes, que denuncian conflictos frente a los proyectos. Por ejemplo, las comunidades de Soacha resaltan el impacto en flora y fauna, así como en acuíferos como Chicaque, San Francisco y el Salto de Tequendama. “Somos 13 municipios los que nos opusimos a las torres del proyecto Chivos, por el atropello a las comunidades”, dicen los veedores.
La “piedra en el zapato”
Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, habló ante el Concejo y reconoció la mala gestión del pasado y pidió disculpas a las comunidades. “Es tarde para hacer las cosas bien, como se querría, pero estamos en un problema difícil, porque hay una inercia de 10 años y tenemos solo dos para terminar las torres que faltan o tendremos consecuencias inmensas en el suministro de energía para Bogotá, Cundinamarca y Guaviare”.
Ante el llamado de urgencia, las veedurías aclaran que reconocen la importancia de los proyectos, pero no pueden pasar por encima de la gente y el ambiente. “Estos proyectos han sufrido cambios, que muestran la improvisación y falta de rigor al cumplir las normas ambientales. Hay estudios de la U. Nacional que demuestran que entre las torres 65 y 105 existe un corredor del Trigrillo Lanudo; hay torres que tienen medidas preventivas, y otras que se han caído causando, incluso, muertes. Esos detalles los omite la GEB cada vez que dice que los intereses de particulares se superponen al interés nacional de energía”.
La concejala Heidy Sánchez (Pacto Histórico) añade que aparte de los proyectos de transmisión necesarios, se debe pensar en una cultura de ahorro energético para que las soluciones no se limiten a los proyectos de infraestructura. “Bogotá tiene que producir energía propia, avanzar en transición energética. Señor gerente de la GEB, lo invitamos a dialogar con las comunidades y resolver los conflictos, no puede ser que el GEB sea odiado por las comunidades y visto como un depredador ambiental”, señaló la cabildante.
Las comunidades han presentado planes para mover algunas torres, en zonas de cuidado ambiental, como los famosos Bosques de Niebla, que algunos consideran ríos voladores. No obstante, el presidente del GEB insistió en que es casi imposible hacerlo. “No tengo vehículo alguno para mover una torre. Solo una fuerza mayor podría hacer el cambio. De las 300 torres serán unas 20 que requieren concertación, pero jurídicamente no lo puedo hacer”.
Enel respondió a El Espectador sobre lo que está haciendo para responder a las necesidades energéticas en la región: “como parte del plan para atender la creciente demanda de los clientes en la Sabana y Norte del departamento de Cundinamarca, Enel Colombia está adelantando un programa de mantenimiento de cuatro de las principales líneas eléctricas de alta tensión a 115 kV de la Compañía. Son trabajos de mantenimiento general, mediante actividades de reposición y renovación de estructuras y elementos, especialmente del cable conductor por uno de mayor capacidad de transporte de energía, sobre el mismo corredor existente y sobre las mismas estructuras (torres y postes)”.
Añade que estas líneas son una de las fuentes principales del suministro de energía de la Sabana y Norte de Cundinamarca, por lo que su mantenimiento beneficiará a cerca de 500.000 personas. “Así mismo, mejorará la confiabilidad del Sistema de Transmisión Regional – STR. En total se intervendrán cerca de 70 kilómetros de línea de Alta Tensión”.
Mientras tanto, para mitigar el déficit energético de Bogotá, desde el 2023, la planta termoeléctrica de Zipaquirá ha entrado en operación máxima, generando a diario aproximadamente 90 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂), una cantidad que solo podría ser compensada con 15 días consecutivos sin circulación vehicular en la ciudad. Sin duda, el debate debe destrabarse y tanto el Gobierno, como la GEB y las comunidades cumplirán un rol importante para que hagan las previsiones necesarias, con el ánimo de evitar que la capital padezca de racionamientos de agua y energía hacia donde el tiempo y las gestiones deficientes nos van llevando cada día.
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Por Juan Camilo Parra
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