El río Bogotá es el principal afluente de la región, con una extensión de 357 kilómetros, que recorren 47 municipios de Cundinamarca y el Distrito Capital. Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), este cuerpo de agua abastece a 26 acueductos comunitarios, de los cuales 25 no requieren procesos de purificación debido a la óptima calidad del agua en sus puntos de origen.
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Para comprender su dinámica, el río se divide en tres cuencas: Alta, que comprende el municipio de Villapinzón hasta el puente La Virgen Cota; Media, que se extiende desde Cota hasta el Salto del Tequendama; y Baja, desde el Salto del Tequendama hasta el municipio de Girardot.
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Este río es el motor del 32% del PIB nacional e influye en la vida de 12 millones de personas. En sus riberas se asientan cerca de 20.000 industrias, 194.000 hectáreas de cultivos y 198.000 de uso ganadero. Además, el embalse del Muña genera el 8% de la energía del país. Sin embargo, esta intensa actividad económica lo ha convertido en uno de los ríos más contaminados del mundo, principalmente por los vertimientos de los ríos Salitre, Fucha y Tunjuelo en la capital.
El rol de las comunidades
Ante este panorama, el 28 de marzo de 2014, el Consejo de Estado dictó una sentencia histórica que ordenó acciones inmediatas para mitigar una “catástrofe ambiental, ecológica y económico-social”, producto de décadas de negligencia institucional.
Si bien la responsabilidad recae en los municipios y la capital, surge una pregunta clave: ¿dónde quedan las comunidades? Una investigación académica liderada por María Camila Costa, magíster en Derecho Ambiental y docente de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cundinamarca, analizó los acueductos de las veredas Tierra Grata (Facatativá) y Cascajal (Subachoque).
El estudio recalcó que vecinos y familiares son quienes se organizan para proteger y conservar cuencas abastecedoras, para luego distribuir con la sanidad suficiente este preciado líquido. Un ejercicio que la Corte Constitucional reconoció en 2019 como respuesta cuando el Estado no puede garantizar este servicio público, y que reafirmó en 2024, sobre la necesidad de fortalecer su apoyo institucional para que puedan subsistir con los recursos técnicos, operativos y económicos necesarios.
“Nos quedamos cortos al preguntar a las personas cuáles eran las preocupaciones sobre sus territorios; quedaron rezagadas en ese modelo”, señala Costa.
En el caso de la vereda Tierra Grata, el diagnóstico permitió establecer que la comunidad colaboraba con la de Tierra Morada (donde se ubica la fuente y la planta de tratamiento de agua potable) para proteger los recursos de manera compartida, priorizando la conservación de las partes altas de las cuencas y el control de los usos del suelo para prevenir riesgos de contaminación por actividades agropecuarias.
Sin embargo, según su indagación, las comunidades no siempre cuentan con el respaldo institucional necesario para sostener este servicio por falta de una ley, una barrera para acceder a los recursos públicos y pedirles las mismas exigencias regulatorias que a grandes empresas de servicios públicos.
“Lo que nosotros proponemos es crear un modelo que los reconozca como actores clave, articular la gestión de las microcuencas con las cuencas y fortalecer la participación comunitaria en la toma de decisiones. Las entidades tienen que ir al territorio, no al revés”, enfatizó Costa.
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Los resultados del estudio ya avanzan al punto de implementar un observatorio ambiental que les permita a las comunidades tomar decisiones desde conocer el territorio, saber dónde nace el agua, para qué se necesita, hasta cómo la van a administrar y utilizar, con base en datos reales tomados en campo. “Cuidar la cuenca del río Bogotá también es fortalecer a las comunidades que la cuidan. Ellos llevan generación tras generación diciéndonos cómo debemos cuidar el agua”, concluyó la docente.
¿Y las instituciones?
Desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) destacan la meta de llegar a 800 acueductos comunitarios con acciones que mejoren la calidad y la cantidad de agua que producen sus fuentes abastecedoras. Para octubre de 2025, ya habían implementado planes de adecuación ambiental en 98 acueductos comunitarios de 12 regionales y 44 municipios del territorio CAR.
El programa, que cuenta con aliados estratégicos como PNUD (cuyo acuerdo de intención se firmó en el marco de la COP 16), Agua Somos e Idaco, ha permitido a las comunidades recibir enriquecimiento forestal de 223 hectáreas, plantación de 245.761 árboles, instalación de 74 km de aislamiento protector, puesta en marcha de 316 colmenas, dotación de 96 tanques de agua potable, con capacidad de 911 mil litros, entrega de 111 kits de monitoreo de agua y siembra de 4.761 árboles frutales, entre otros.
¿En qué va la recuperación del río Bogotá?
Pese a que en 2019 el entonces secretario de Ambiente de Cundinamarca, Eduardo Contreras, proyectó un río totalmente descontaminado para 2026, la realidad actual plantea retos mayúsculos. Si bien el afluente nace cristalino en el páramo de Guacheneque, su degradación comienza apenas unos kilómetros río abajo, en Villapinzón y Chocontá. Allí, el agua sucumbe ante vertimientos de curtiembres, aguas residuales urbanas, minería extractiva, disposición de escombros y captaciones ilegales que fracturan su ecosistema desde el origen.
“La deforestación, el desorden en el ordenamiento territorial, la ocupación en la ronda del río y la contaminación son factores que continúan. Por ejemplo, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Salitre (Ptar) costó COP 2.6 billones y lo que recibe son toallas higiénicas, pañales, condones, colillas de cigarillos, aceite usado”, denunció Ricardo Rodriguez, exgerente del Río Bogotá, quien recibió la sentencia del Consejo de Estado y actualmente es director del proyecto Fondos para la Vida y la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente.
En paralelo, las instituciones han adelantado acciones como la ampliación de su cauce en más de 68 km en la cuenca media para evitar inundaciones; la construcción de senderos, miradores y muelles, permitiendo el regreso de aves y visitas de locales y turistas. Y la extracción de más de 12 millones de metros cúbicos de basura y lodos contaminados del fondo del río.
El éxito de este avance también recae en la anhelada Ptar Canoas, que ya está en su recta final para el inicio de construcción y que tratará el 70% de las aguas residuales de la capital y el 100% de Soacha.
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Es claro que, de acuerdo con el estudio, las comunidades de Tierra Grata y Cascajal son ejemplo de cooperación para proteger las partes altas de las cuencas, frente a riesgos asociados a actividades agropecuarias o sedimentos.
Una muestra de cómo el fortalecimiento de los acueductos rurales ayuda a la recuperación del río Bogotá al convertir a las comunidades en guardianes locales que gestionan, protegen y planifican el uso del agua desde su origen en las microcuencas.
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Por Redacción Bogotá
