Gustavo Petro se quita otra multa de encima: la que le impusieron por rebajar el pasaje de Transmilenio

El ex-candidato a la presidencia había sido multado por un supuesto detrimento patrimonial.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El exalcalde Gustavo Petro le va ganando el pulso a la Contraloría Distrital, frente a la multa de $217.000 millones que le impuso por el supuesto detrimento por haber rebajado la tarifa de Transmilenio durante su administración. Y lo va ganando, porque el Consejo de Estado, tras revisar el caso, ratificó la suspensión de la sanción, que ya había ordenado en primera instancia el Tribunal Adminsitrativo de Cundinamarca en 2017. La noticia la dio a conocer el propio exmandatario y actual senador, a través de sus redes sociales.

El caso puntual, que desencadenó todo este proceso judicial, surgió cuando Petro redujo la tarifa del transporte público y estableció un esquema de franjas horarias, rebajando en su momento la tarifa $50 en horas pico y $350 en horas valle, lo que influyó directamente en las proyecciones de recaudo en Transmilenio. La decisión, a pesar de que la celebraron los usuarios, llevó a la Contraloría Distrital a abrir una investigación fiscal, al considerar que la modificación de la tarifa se configuraba como un subsidio ilegal y que el exalcalde no contaba con respaldo fiscal que evitará un detrimento a la ciudad.

Dicha hipótesis la ratificó después, a través de un fallo de responsabilidad fiscal, que el excontralor Juan Carlos Granados (hoy investigado por el escándalo de Odebrecht), el cual fue demandado por el exalcalde ante la justicia administrativa, a la que le pidió suspender la multa y anular el fallo. A la petición inicial accedió inicialmente el Tribunal y ahora el Consejo de Estado.

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Tras conocerse la reciente decisión, que lo salva de pagar la multimillonaria multa, el hoy senador no solo lo aprovechó para celebrar, sino para referirse al excontralor Granados y hoy magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a quien desde un comienzo señaló de haber emitido dicha sanción con fines políticos.

“Es una sanción moral contra el actual disciplinador de jueces, el contralor de Odebrecht, Juan Carlos Granados, quien con el objetivo de inhabilitarme, rompió toda normatividad y sentido de las proporciones al imponer una multa de 80 millones de dólares” escribió en su Twitter.

De esta forma, el ex-candidato presidencial se libraría de otro proceso en su contra, como el de las presuntas irregularidades en el modelo de recolección de basuras durante su alcaldía y el de otro supuesto detrimento patrimonial pero con la compra y venta de acciones de la empresa Transportadora de Gas Internacional (TGI).