Desde que comenzó la migración masiva de venezolanos, en Bogotá se decidió que todos los niños extranjeros podrían ingresar a los colegios públicos así no contaran con documentos que regularan su situación en la ciudad. Hasta la fecha, según la Secretaría de Educación, son 54.552 menores de edad extranjeros los que se encuentran estudiando en instituciones públicas de la ciudad.
Entre los datos, se destaca que la mitad de los niños migrantes se encuentran inscritos en las localidades de Kennedy (8.914), Bosa (5.442), Suba (5.406), Engativá (5.063) y Ciudad Bolívar (4.998), mientras que en 2020, 89.589 fueron beneficiados con bonos alimentarios durante la pandemia.
Además de acceder a este derecho, la Secretaría facilita bonos de alimentación y en el caso de los niños, niñas y jóvenes que acuden presencialmente a las aulas, les entrega desayunos, almuerzos o refrigerios.
Más de 54 mil migrantes reciben una educación de calidad en Bogotá.
— Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) September 17, 2021
Actualmente, en el sistema educativo público están matriculados 54.522 estudiantes de ciudadanía venezolana, quienes son acogidos en los colegios con todas las garantías de bienestar.
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Así mismo, se ha iniciado la estrategia de “Búsqueda Activa”, con la cual se realiza un registro “casa por casa, barrio por barrio” para identificar la población migrante que no ha accedido a la educación pública. De igual forma, con la implementación de los ‘Modelos Educativos Flexibles’ cerca de 83 adultos migrantes han podido continuar y finalizar su trayectoria académica.
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“La mejor educación es intercultural y debe construirse con ideales de libertad, justicia, igualdad y dignidad humana. Bajo este principio, los y las estudiantes pueden aprender con y del otro desde la coincidencia y la diferencia, con respeto y amor”, indicó Edna Bonilla, secretaria de Educación.
La ruta de ‘Atención Educativa a Estudiantes Migrantes’ busca que los estudiantes extranjeros y sus familias sean reconocidas como sujetos de derechos, por ende, además de propiciar espacios para el intercambio de saberes y experiencias, se busca realizar una articulación interinstitucional que permita hacer seguimiento a la política pública distrital de flujos migratorios mixtos, para que así, no solo se les garantice el derecho a la educación sino se puedan beneficiar con programas que aseguren otro tipo de derechos.
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Es por esto que, los 399 colegios públicos cuentan con una política inclusiva y un enfoque diferencial, que permite generar lineamientos de protección constitucional, no solo para la población nacida en otros países sino también para las víctimas del conflicto y personas con discapacidades.
