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El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que continuará demoliendo los predios adquiridos para construir el TransMiCable Potosí, pese a las preocupaciones de habitantes de Ciudad Bolívar por posibles afectaciones estructurales, acumulación de residuos e inseguridad. La entidad reportó 100 inmuebles demolidos y otros 10 en alistamiento.
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La respuesta se conoció después del plantón que habitantes del barrio Potosí realizaron el 24 de agosto. Los manifestantes solicitaron suspender las intervenciones mientras se instala una mesa de trabajo sobre titulación, avalúos, compra de viviendas y medidas para proteger las construcciones que permanecen ocupadas.
El IDU reconoció que la adquisición predial no siempre comprende manzanas completas, una circunstancia que deja viviendas habitadas junto a lotes demolidos. Según la entidad, las inquietudes de los propietarios han sido atendidas en espacios de diálogo y se han definido medidas de manejo para reducir los impactos.
Demolición, cerramiento y vigilancia de los lotes
El Consorcio Predios Bogotá tiene a su cargo las demoliciones, la limpieza, el cerramiento y el mantenimiento de los inmuebles adquiridos. Una interventoría supervisa estas actividades y el IDU asegura que realiza seguimiento permanente a su ejecución.
Después de cada demolición, los lotes desocupados deben quedar cerrados. El Instituto también informó que dispone de un contrato de vigilancia móvil para custodiar estos terrenos y evitar su ocupación irregular.
La entidad defendió la continuidad de las intervenciones al considerar que mantener en pie inmuebles desocupados también puede generar riesgos. “No hacerlo implicaría un impacto negativo en términos de basuras, invasiones y peligro en el sector”, señaló en la respuesta enviada a El Espectador.
El pronunciamiento no detalla cuántos vigilantes cubren el sector, la frecuencia de sus recorridos ni los protocolos específicos para intervenir viviendas que comparten muros con predios habitados. Tampoco presenta un balance técnico sobre daños estructurales ocasionados por las demoliciones realizadas hasta ahora.
Vecinos temen daños en casas contiguas
La protesta comenzó ante el anuncio de nuevas demoliciones en el barrio Potosí. La lideresa social Tatiana Bojacá Hernández aseguró que las intervenciones aisladas podían afectar la estabilidad de casas vecinas y exponer a niños y personas mayores al polvo y otros residuos.
“Esto genera afectaciones a la comunidad, afectaciones estructurales, en términos de salud, pero también de seguridad”, afirmó Bojacá durante la manifestación.
Los residentes también alertaron sobre el ingreso de personas a los terrenos desocupados, la acumulación de escombros y el posible debilitamiento de muros compartidos. Hasta ahora no se conoce un concepto técnico público que confirme afectaciones estructurales derivadas de las intervenciones.
El IDU aseguró que mantiene una interlocución “permanente y cercana” con los habitantes de Potosí. La comunidad, por su parte, solicitó una mesa directa para revisar individualmente los procesos de titulación, oferta, compra y demolición.
La respuesta no resuelve la solicitud
Otro punto central del reclamo corresponde a las familias que ocupan viviendas sin contar con un título formal. Los residentes piden que el Distrito asuma gratuitamente el proceso de titulación para que puedan negociar sus inmuebles y acceder a una compensación adecuada.
La respuesta del IDU se concentra en el manejo de los predios adquiridos y las condiciones de seguridad durante las demoliciones. El documento no establece una ruta de titulación gratuita ni precisa cuántas familias enfrentan dificultades para demostrar la propiedad de sus viviendas.
También existe una división institucional en la gestión del suelo. El IDU adquiere los predios necesarios para estaciones, pilonas y demás infraestructura del sistema de transporte. RenoBo compra los inmuebles destinados a los nodos de cuidado y otros equipamientos complementarios.
En junio de 2026, RenoBo informó que había notificado ofertas sobre 37 predios de La Estancia, equivalentes al 80,43 % del suelo requerido para el nodo de ese sector. Las propuestas sumaban cerca de $14.591 millones y 15 propietarios habían aceptado ofertas por más de $5.800 millones. Estas cifras no representan la totalidad de los terrenos requeridos para construir el cable.
Obras comenzarían entre finales de 2026 e inicios de 2027
El IDU justificó la continuidad de las demoliciones en la necesidad de preparar el terreno para iniciar las obras entre finales de 2026 y comienzos de 2027. El nuevo plazo confirma el desplazamiento del cronograma presentado cuando se adjudicó el proyecto.
La programación inicial contemplaba comenzar la construcción en enero de 2025, terminarla en enero de 2027 e iniciar la operación ese mismo año. En abril de 2026, la concejal Diana Diago aseguró que el contrato de obra, por cerca de $529.532 millones, se encontraba suspendido y no registraba ejecución física.
Esa cifra corresponde a los estudios, diseños y construcción. El presupuesto inicial del proyecto completo, incluyendo interventoría y adquisición predial, fue calculado en alrededor de $780.000 millones. Para la compra de terrenos se habían estimado $155.060 millones.
Si los trabajos comienzan al cierre de 2026 o durante los primeros meses de 2027 y conservan los 24 meses previstos para la construcción, la terminación podría desplazarse hasta 2028. El IDU no incluyó en su respuesta una nueva fecha de entrada en operación.
Así será el TransMiCable Potosí
El cable tendrá 3,3 kilómetros y cuatro estaciones: Portal Sur, Tres Reyes, Santa Viviana y Potosí. Su capacidad proyectada es de 4.000 pasajeros por hora y sentido, con una demanda estimada de 32.500 usuarios diarios.
El sistema tendrá 189 cabinas para diez pasajeros cada una y beneficiaría a más de 600.000 habitantes de Ciudad Bolívar y sectores vecinos de Soacha. El IDU calcula que el recorrido entre el Portal del Sur y Potosí bajará de aproximadamente 40 a 12 minutos.
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Por Redacción Bogotá
