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Los escándalos que rodean la obra adelantada en la calle 13, en la localidad de Fontibón, ubicada al occidente de Bogotá, parecen no tener fin. Han pasado apenas tres días desde la inauguración de esta nueva adecuación del bicicarril y ya se conocen nuevas denuncias que podrían tener serias consecuencias legales.
Esta vez el turno fue para la Personería, entidad que, con cifras, fue puntual en asegurar que en dicho proyecto que ya está materializado, hallaron improvisaciones e irregularidades, afirmación que argumentaron con la afectación vial, y la reubicación que tuvo que tener el bicicarril hecho que generó una millonaria pérdida.
“El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) primero contrató, el 29 de mayo de 2020, por un valor total de $1.511 millones, de los cuales se ejecutaron, $899 millones, para la instalación de barreras de segregación en concreto tipo New Jersey, con el propósito de adecuar un bicicarril en la calzada del corredor de la calle 13, entre las carreras 135 y 100”, señala el documento emitido por la Personería.
Adicional a este primer gasto, la entidad confirmó que la Secretaría Distrital de Movilidad invirtió, por su parte, $479 millones que estaban destinados para el control del tránsito, lo que compete semáforos y señalización en dicho corredor vial. Los dos gastos de la obra, que culminó en diciembre de 2020, suman $1.378 millones que habrían sido desperdiciados, pues un mes después, ya en enero de 2021, el Distrito ordenó retirar este carril debido a las afectaciones de movilidad.
Aunque el corredor dedicado a los ciclistas tuvo que ser retirado, este no fue cancelado por completo, pues de inmediato se ordenó una nueva construcción del mismo, con la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, pero esta vez ubicado en el andén de la calle 13. Para esta oportunidad, nuevamente, el dinero destinado para las obras fue de otros $1.378 millones, y se había establecido que la obra iría, esta vez, desde la avenida Boyacá hasta la carrera 135, pero solo se realizó desde la carrera 97 hacia el occidente de la capital.
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“Esta aparente falta de planeación, que no tuvo en cuenta los diseños existentes y ejecutó el proyecto en dos oportunidades, con la consecuente pérdida de recursos públicos, podría ser constitutiva de una falta disciplinaria y haber ocasionado un detrimento patrimonial”, agregó la Personería.
Como si fuera poco, además de los problemas de movilidad y el gasto de los recursos, a esto se suma que, durante la indagación adelantada por el Ministerio Público, se encontró una aparente elección irregular del contratista, motivo por el que se solicitó la apertura de la investigación que permitirá confirmar o no su existieron dichas faltas disciplinarias, y así mismo identificar los responsables.
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