Juez declina apelación de investigados por atentado en el Andino

Archivo El Espectador.

El Juzgado 48 del circuito de conocimiento de Bogotá rechazó este viernes la apelación que hizo la defensa de los implicados en el proceso judicial por el atentado del pasado 17 de junio en el centro Comercial Andino, al considerar que sí representan un peligro para la sociedad. En segunda instancia, el juez confirmó que los ocho jóvenes, de los diez investigados, deberán continuar recluidos en establecimiento carcelario, como hace cinco meses solicitó la Fiscalía, que continúa las indagaciones para establecer la responsabilidad de los implicados.

César Andrés Barrera, Lina Vanessa Jiménez, Alejandra Méndez Molano, Lizeth Rodríguez, Juan Camilo Pulido, Andrés Mauricio Bohórquez, Natalia Trujillo Nova y Boris Ernesto Rojas, son los jóvenes que actualmente están ligados al proceso, por el ataque ocurrido en el baño de mujeres del segundo piso del centro comercial, donde estalló una bomba que dejó tres mujeres muertas y otras ocho personas heridas.

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“Las circunstancias por la cuales la juez 47 de garantías impuso las medidas de aseguramiento aún se encuentran vigentes, por lo cual no existe otra medida conveniente para este proceso que la ya establecida”, manifestó el juez en su justificación. Además, indicó que los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio y falsedad en documento público, por los que deben responder los implicados, no varían y están en firme, entre otras cosas, por el miedo que generó en la ciudadanía el atentado.

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Finalmente, el juez argumentó en su decisión que no hubo irregularidades en los allanamientos, procesos de captura y legalización de pruebas halladas, como han manifestado los jóvenes desde el inicio del proceso. Según las pesquisas de la Fiscalía, los señalados pertenecerían al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), un grupo que ha reivindicado varios atentados en Bogotá.

Por su parte, la defensa de los implicados alega que el proceso se trata de un "falso positivo judicial" y cuestionaron todos los indicios presentados por las autoridades. Señalaron, por ejemplo, que a lo largo del proceso se han registrado inconsistencias, calumnias y vulneración de principios constitucionales.